PSOE y NC hacen pinza y votarán en contra del dictamen de las mascarillas

El PSOE y Nueva Canarias se unirán para votar en contra del dictamen de la investigación en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid y sus responsabilidades políticas, que se desgrana en una comisión del Parlamento de Canarias desde mayo del año pasado.

Así lo indicaron fuentes cercanas a las formaciones tras el encuentro de los grupos celebrado este lunes, en el que los socialistas se mostraron en contra de las conclusiones de un informe que solo busca «ir en contra» de la formación y del expresidente canario, Ángel Víctor Torres. El rechazo del PSOE se produce después de que en septiembre se filtrara el borrador del informe final firmado por el presidente de la comisión y diputado de la Agrupación Herreña Independiente Raúl Acosta.

A su vez, Nueva Canarias, socio de Gobierno del PSOE durante el pacto de las flores y que podría estar valorando acuerdos electorales de cara a los comicios de 2027, se uniría en el rechazo al dictamen. Con la filtración del texto, los socialsitas pidieron la dimisión de Acosta al considerar que su publicación en los medios antes de que el texto fuera definitivo «erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

En respuesta a ello, el diputado de AHI apuntó que no va a dimitir porque su trabajo se ha limitado a «cumplir con su trabajo». Además, este documento lo trasladó a los 17 diputados que conforman la comisión para que, posteriormente, pudieran trabajar en él.

La mesa se constituyó el 20 de mayo de 2024 a propuesta de CC, PP y Vox. Desde entonces ha encadenado prórrogas debido al volumen de trabajo. Así, durante estos meses han pasado por las salas de la Cámara regional personas vinculadas, de alguna forma, a la investigación, como José Luis Ábalos; el presunto comisionista del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, o el expresidente canario.

Precisamente, el documento filtrado a la prensa en septiembre señala a Ángel Víctor Torres y los consejeros de Sanidad en el cargo durante aquellos momentos, Julio Pérez y Blas Trujillo, como los responsables políticos de lo ocurrido.

Entre marzo y diciembre de 2020 se cerraron más de cien contratos para adquirir material sanitario, y el foco está puesto en los llevados a cabo con la empresa RR7 United, en los que se abonaron cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no llegaron. El texto apunta a la exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, y a su entonces director, Conrado Domínguez, como los presuntos artífices.

• Temas
• Ángel Víctor Torres