La comisión mascarillas amplía a diciembre el plazo de un dictamen que no tendrá ni consenso ni efecto
La investigación parlamentaria sobre la compra de material sanitario durante la covid se fijó un plazo de seis meses, pero va a durar más de un año y medio
L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
La comisión parlamentaria creada para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19 va a durar más de año y medio. En la reunión de este viernes, los grupos acordaron ampliarla hasta diciembre, dado que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el dictamen antes del 20 de octubre, fecha inicialmente prevista para su finalización.
La conocida comisión mascarillas se constituyó el pasado 20 de mayo de 2024 en el Parlamento de Canarias a propuesta del Grupo Nacionalista Canario (Coalición Canaria), el Partido Popular (PP) y Vox. Y, en principio, el plan de trabajo inicial preveía que en un plazo de seis meses se tuviera un dictamen. Esto no fue posible y se amplió otros cuatro meses, hasta un máximo de 10. Sin embargo, tampoco se ha podido cumplir con este cronograma.
EL DETALLE
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4 millones En 2020 se llevaron a cabo más de un centenar de contratos por importes millonarios para luchar contra la covid. Pero son los contratos con la empresa RR7 United, por valor de 4 millones de euros, los que dieron pie a la apertura del llamado caso mascarillas.
Un año y cuatro meses después, se ha decidido volver a ampliar dicho plazo, que concluía este 20 de octubre, hasta diciembre.
Con todo, llegar a un texto de consenso será muy difícil, según reconocen distintas voces de la comisión.
La mesa, presidida por Raúl Acosta, del Grupo Mixto (Asamblea Herreña Independiente), y en la que también están el diputado socialista Gustavo Santana (PSOE) como vicepresidente y la diputada popular Luz Reverón como secretaria, ha tenido sus más y sus menos, especialmente en el último mes.
Una filtración del borrador del dictamen que había preparado Raúl Acosta levantó las críticas de los socialistas, hasta el punto de que pidieron su dimisión. A juicio de estos, la comisión mascarillas tiene «fines partidistas más que investigativos» y, en ese documento, en el que se pedían responsabilidades políticas al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, además de a los consejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo, con independencia del responsable del Servicio Canario de Salud, era un informe político alejado de la imparcialidad.
La reunión de este viernes era la primera celebrada tras conocerse el contenido del borrador, pues la anterior, prevista para el pasado 26 de septiembre, tuvo que suspenderse porque diputados que viajaban desde Las Palmas de Gran Canaria no pudieron llegar a tiempo debido a incidencias con los vuelos. En ese momento no se estableció una nueva fecha para la reunión, que tuvo lugar ayer a puerta cerrada.
Lo que está claro, según fuentes de la comisión, es que esta va a concluir en esta legislatura, porque de no ser así, decaería, es decir, tendría que finalizar su actividad sin cumplir los objetivos al quedar disuelta.
Entre otras vicisitudes, la comisión mascarillas ha tenido que acudir a la Fiscalía al no haberse presentado a declarar el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. Tras constatar que no había hecho acto de presencia el pasado mes de marzo como estaba previsto, la comisión entendió que podía haber cometido un delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal.
Además, se tuvieron que posponer las comparecencias del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y del propio Ábalos. En el primero caso porque Torres se tuvo que someter a tratamiento por un cáncer, y en el segundo, también por motivos médicos.
Con esta nueva prórroga para elaborar el dictamen final, los grupos de la Cámara, con dos diputados cada uno, tendrán hasta diciembre para redactar el informe definitivo, que después tendrán que elevar a la Cámara regional. Solo cuando esta lo apruebe se considerará válido como posición institucional.
Más de 70 comparecientes para explicar qué pasó en realidad
Más de 70 personas han desfilado ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19. Entre ellos, la subdirectora de gestión de Fondos Europeos, Pilar Almeida; la exconsejera de la Audiencia de Cuentas Elena Hernández o el funcionario autonómico Manuel Alcaide Díaz Llanos.
También personas relacionadas con el llamado comité científico de la pandemia, como el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna Antonio Sierra y el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Ángel García. O el comité asesor, entre ellos el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra.
Además, pasaron por la comisión políticos Sebastián Franquis; el exvicepresidente y exconsejero de Hacienda, Román Rodríguez; la exconsejera de Servicios Sociales, Noemí Santana; la exconsejera de Educación, Manuela Armas; la exconsejera de Turismo, Yaiza Castilla; la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval o los consejeros Julio Cruz y Blas Trujiilo. Aunque los más mediáticos fueron el ministro Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias en 2020, y el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.
Cabe recordar que la comisión mascarillas es una comisión parlamentaria que solo puede dirimir responsabilidades políticas.
