El PP de Canarias vira su discurso de la inmigración hacia Vox en línea con el giro dado a nivel nacional
Los populares se abstuvieron en la votación de una PNL para conocer el coste de la gestión de la inmigración, propuesta por la ultraderecha
El Partido Popular canario, siguiendo la línea de los planteamientos reiterados por la formación a nivel nacional, endureció este miércoles en la Cámara regional su discurso sobre la inmigración. De esta forma, en la votación de un proyecto no de ley para que «los españoles puedan conocer el coste de la inmigración ilegal», propuesta por Vox, los populares se abstuvieron, mientras que el resto de los grupos, salvo la ultraderecha, votaron en contra.
El diputado popular en la Cámara regional Jacob Qadri, durante su intervención, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que, apuntó, la gestión de la migración «es un problema del Estado y no de Canarias», mientras que el Ejecutivo estatal, a su juicio, ha decidido que sean las islas «las que tengan que destinar millones de euros a cubrir los gastos de esta avalancha migratoria».
De esta forma, Qadri reiteró que el Estado «no es capaz de aportar una sola solución», ya que no quiere «aumentar la vigilancia en las fronteras, no quiere hacerse cargo de los miles de menores que han solicitado asilo y tampoco asumir los costesde la atención de los niños y niñas» acogidos por el archipiélago. A su vez, pidió que se mantenga una «lucha real y efectiva contra las mafias que trafican con personas».
Además, Qadri defendió algunas de las medidas recogidas en el plan para abordar el fenómeno migratorio presentado por el PP de manera oficial el martes pasado en Barcelona, en el que se recogen algunos aspectos como el endurecimiento de los requisitos para acceder a la nacionalidad española. Así también lo defendió el diputado canario en el Parlamento este miércoles: «Se le tiene que dar solo a quien se la merece». En las medidas también se incluye que solo puedan percibir el ingreso mínimo vital aquellas personas migrantes que estén en búsqueda activa de empleo. «Es imprescindible una inmigración ordenada, legal y humana basada en la centralización de competencias, mayor control de nuestra frontera o la pérdida de residencia automática para quien cometa delitos graves», remarcó Qadri.
Por su parte, la diputada socialista Nira Fierro lamentó que el diputado popular no sepa estar ni cuando «tiene que estar», y cargó contra el posicionamiento de la ultraderecha.
Fierro criticó que con esta PNL el diputado de Vox Nicasio Galván, en su defensa de la medida, se haya referido a las personas que se juegan la vida en el mar por «ser pobres» y no a «aquellos que entran por Barajas para comprar barrios completos en Madrid». Por ello, apuntó, Vox lo que desprende «es racismo» y subrayó que no existe «ninguna persona ilegal», puesto que la inmigración es «innata al ser humano». Dijo que en esta PNL, «como siempre», ha olvidado «los derechos humanos», argumentos que compartieron formaciones como CC, AHI o Nueva Canarias.
En paralelo, Salvamento Marítimo rescató el martes por la tarde a 52 personas migrantes (43 varones, 7 mujeres y dos menores de edad, que habían partido desde de Dajla, en el Sahara Occidental el lunes, según recoge la agencia Efe.
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CANARIAS7. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, apuntó que es «inaceptable» que se acuse al Gobierno de Canarias de ralentizar los traslados de los menores de protección internacional cuando la realidad es que es el Gobierno de España quién no está haciendo su trabajo. «Frente al relato del Estado, los datos de salidas de menores son demoledores. En siete meses solo han salido de Canarias 182 y quedan cerca de un millar de menores de protección internacional por trasladar», explicó.
Delgado, en respuesta a las declaraciones de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en las que acusa al Gobierno de Canarias de no tramitar los expedientes para el traslado, apuntó que el procedimiento exige que el Estado solicite «los perfiles adecuados a las plazas de las que van disponiendo». De esta forma, reiteró que «no es cierto que no se hayan trasladado los expedientes. En el dispositivo Canarias 50, que es el Estado y que debería de ser de tránsito, hay 87 menores que llevan dos meses esperando a ser trasladados. Esa es la realidad. Esos menores tenían que haber estado 15 días en este centro y llevan ya dos meses. Tienen toda la documentación para ser trasladados y el Estado no lo ha hecho».
La consejera informó de que además de los 87 chicos que hay en el Canarias 50, ya se han realizado en El Hierro 14 entrevistas: «Hay más de 100 menores que el Estado ya puede trasladar y no lo ha hecho. Para ellos es más fácil criticar».
