Tres emergencias y un negocio en expansión: la red de acogida de menores en Canarias
La llegada masiva de niños, niñas y adolescentes obligó a rebajar las reglas para abrir centros | El Gobierno prevé sacar en 2026 el concierto para unificar precios
La llegada masiva de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a través de la ruta canaria ha desbordado los sistemas de acogida del archipiélago. En apenas dos años, entre 2023 y 2025, el Gobierno de Canarias ha declarado tres veces la emergencia migratoria, lo que ha permitido flexibilizar los requisitos legales para abrir centros y atender a los menores. Ya en marzo de 2021, el Ejecutivo autonómico publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) un decreto que modificaba la normativa de atención a la infancia, con el argumento de «adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia». La medida permitía duplicar e incluso triplicar la capacidad de estos espacios -originalmente previstos para un máximo de 20 menores- y facilitaba la concesión directa de contratos a entidades privadas. Bajo el paraguas de la emergencia, se ha consolidado un sistema opaco que ha convertido la acogida en un negocio en auge, con escasos controles y beneficios considerables para algunas organizaciones.
Y es que, según la información proporcionada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias tras una solicitud de acceso a la información pública, organizaciones del tercer sector dedicadas a la acogida de menores ampliaron su nicho de acción para atender a menores migrantes solos, ofertando sus servicios tanto en espacios públicos como privados a precios negociados al momento. De ahí que una ONG cobrara al año 9.790 euros por menor, otra 7.569 y otra hasta los 23.150.
Remontándonos a diciembre de 2020, las islas tutelaban a 1.784 menores repartidos en 33 centros. La asociación Quórum Social 77, hoy investigada por supuestos malos tratos a los chicos del centro de La Fortaleza I, en Tafira, clausurado tras una denuncia de la propia Consejería de Bienestar Social, recibió ese año 8,42 millones de euros. La entidad se hacía cargo de 860 menores en 18 centros. Tres años después, coincidiendo con la declaración de la primera emergencia en materia de menores migrantes, la entidad gestionaba 27 centros y tutelaba a 2.160 niños, niñas y adolescentes. Recibió casi 30 millones de euros, que llegaron a 80 en 2024, año en que se declaró la segunda emergencia. En ese momento atendía a 2.579 menores, prácticamente la mitad de los menores tutelados por Canarias.
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La Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, exresponsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, fue acusada de explotación laboral por haber empleado supuestamente a menores migrantes en sus fincas de forma ilegal en julio del pasado año. La entidad empezó a acoger a menores migrantes en 2021 en un centro, Tagoror. En 2024, en el mismo espacio, acogía a 144 chicos y pasó de facturar 1,20 millones a casi tres. Hoy está fuera de la red de acogida.
También está judicializada la gestión de Fundación Respuesta Social Siglo XXI por -presuntamente- malversar en su propio beneficio dinero público que debía haber destinado a la integración de menores. La entidad pasó de recibir 400.000 euros al año por atender en un centro a 188 menores a 8,5 en 2024, fecha en la que ya tenía cuatro centros y acogía a 250 menores.
Diferentes criterios
La cualificación del personal contratado. Si la comida se prepara en cocinas propias o si llega de cáterin. O si la acogida se da en centros de titularidad pública o en inmuebles alquilados de la institución son algunas de las cuestiones que cambian el precio que las ONG reciben por la atención a la infancia y adolescencia migrante.
Y nuevos actores se han sumado a la acogida. Si en 2020 el Gobierno de Canarias trabajaba con seis entidades, en 2025 lo hace con trece, aunque no todas gestionan el mismo número de centros. Quórum 77 sigue siendo la que más menores acoge y con más centros, 26, seguida de Coliseo, 21. Asproinfa, que comenzó a prestar servicios al Ejecutivo canario en 2023, comenzó con dos centros y ya cuenta con 13, aunque estos son de reducidas dimensiones, con apenas una veintena de menores. Y Samu, que comenzó el año de la covid-19 con 2 y este año cuenta con 11.
Contrato y fiscalización
Para poner orden a esta situación de emergencia, desde la Dirección General de Infancia se están preparando los pliegos para sacar el concierto social. Según la responsable del área, Sandra Rodríguez, la estimación es que esté todo listo para que pueda licitarse el próximo año. Con ello se pondrá una cantidad establecida por menor y día de acogida, 90 euros, pero también se incorporarán las condiciones en las que los menores deben ser atendidos, así como la obligación de que las entidades justifiquen las cantidades que reciben y los servicios que prestan.
Hasta ahora, precisamente por la declaración de emergencia, en centros adaptados para 40 menores se ha acogido a 80 o más. De hecho, hasta el Tribunal Supremo ha reconocido la situación de «hacinamiento» en la que se encuentran. Rodríguez incluso explicó que hay centros en los que las zonas comunes han desaparecido para poder colocar más camas.
¿Quién paga?
Otra de las cuestiones controvertidas es quién debe hacerse cargo económicamente de los gastos que supone la atención a estos menores. Según la legislación actual, mientras que el Ministerio del Interior se debe encargar de la situación de los migrantes adultos que llegan sin documentación al país, son las comunidades autónomas las que se encargan de los menores solos.
Y así ha estado ocurriendo tanto en Canarias como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, e incluso en Baleares, hacia donde ha crecido el flujo migratorio por la ruta del Mediterráneo.
Sin embargo, Canarias ha apelado a la situación de emergencia por la masiva llegada de menores de los que se debe hacer cargo. De ahí que el Estado haya aportado financiación «acompañando», como dicen fuentes ministeriales, a la comunidad. Con todo, Canarias reclama una mayor financiación. Hasta ahora, dice Rodríguez, solo se han recibido 50 millones, y otros 8 para los traslados. En la próxima sectorial Infancia ha anunciado destinar a las islas otros 5 millones de euros. A todas luces, insuficiente para hacer frente a esta contingencia.
Canarias sigue buscando un equilibrio entre la humanidad y la eficiencia en un sistema de acogida que, bajo el paraguas de la emergencia, ha mostrado sus grietas y la necesidad de ser reformado.
