Pérez acusa a Clavijo de acosar a la Justicia

Santiago Pérez consideró que «la finalidad de la escandalosa campaña de presión que está desarrollando el Gobierno de Canarias sobre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sobre la opinión pública es evidente: están incitando al TSJC, que ya no tiene competencias jurisdiccionales sobre el Caso Grúas, a decretar el archivo». «Y esto nos colocaría directamente en el terreno de la prevaricación judicial», advierte.

Santiago Pérez señala que «el informe del teniente fiscal al que se refieren los libelos del Gobierno de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo, difundidos ayer por sus agentes propagandísticos, si de verdad existe, es completamente irrelevante desde el punto de vista jurídico porque la competencia la tiene el Fiscal Jefe. Y el Fiscal Jefe ha informado en términos sumamente respetuosos con el ordenamiento jurídico». El TSJC «ya no tiene competencias jurisdiccionales sobre el Caso Grúas, no tiene más autoridad sobre ese caso que la que pueda tener cualquier simple ciudadano», reitera.

El concejal lagunero considera que «las agencias de propaganda del Gobierno no tienen el mínimo respeto de publicar el texto, porque seguramente no lo tienen. Están montando toda una campaña de presión sobre la base de bulos. El denunciante del caso Grúas se refería con estas declaraciones a la publicación de un informe de un fiscal en la que abogaba por el archivo del expediente.

Sobre dicho informe, la Fiscalía General del Estado emitió ayer un comunicado en el que recuerda que decidió que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se abstuviera de valorar si los hechos incluidos en el caso Grúas implican o no al presidente Fernando Clavijo en algún tipo de delito en vista de que este iba a perder su aforamiento.

«La consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias para este procedimiento es, en opinión de la Fiscalía, que la Sala de lo Civil y Penal del TSJC pierde su competencia para conocer de los hechos, como igualmente esta Fiscalía no puede ni debe seguir conociendo de los mismos», defiende en un comunicado la oficina que dirige el fiscal superior Vicente Garrido.

La Fiscalía Superior de Canarias sale así al paso de la polémica generada por la publicación de una propuesta de dictamen del teniente fiscal, Demetrio Pintado, en el que se defiende que en esa causa sobre la gestión del servicio de grúas del Ayuntamiento de La Laguna no indicios que incriminen en delito alguno a Clavijo .

En su comunicado oficial, la Fiscalía Superior de Canarias no niega la existencia de ese dictamen por parte de Demetrio Pintado, pero lo enmarca en sus procedimientos normales de trabajo. «En la elaboración de los informes que tiene que realizar el Ministerio Fiscal es frecuente la intervención de varios fiscales, en la redacción de borradores o notas de trabajo, visados, etcétera, que concluyen en el informe final que es presentado ante el órgano judicial que corresponda», argumenta.

La Fiscalía de Canarias explica que el pasado 28 de octubre remitió a la Fiscalía General del Estado un borrador de informe sobre los hechos incluidos en el «caso Grúas»; es decir, casi dos semanas antes de que finalmente propusiera al TSJC devolver la causa al Juzgado de Instrucción de La Laguna que lo inicio, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Y añade: «La Fiscalía General trasladó a esta Fiscalía Superior la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito, dado que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC para conocer los hechos derivaba del aforamiento para los miembros del Gobierno de Canarias establecido por el Estatuto de Autonomía de Canarias, norma que de forma inminente iba a ser reformada».

El nuevo Estatuto de Canarias, el primero de España que elimina los aforamientos para diputados y miembros del Gobierno autonómico, fue aprobado definitivamente por el Senado el 24 de octubre y entró en vigor el 6 de noviembre, con su publicación en el BOE.

La Fiscalía Superior de Canarias se reafirma en que los hechos que puedan atribuirse o no a Clavijo ya no son competencia del TSJC, sino de los juzgados ordinarios.

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