El Consultivo ve inconstitucional parte de la reforma del alquiler vacacional

21/03/2019

El Consejo Consultivo de Canarias considera inconstitucionales y nulos algunos de los apartados que regulan el alquiler vacacional en el proyecto de ley que modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

En concreto en su dictamen, al que ha tenido acceso Efe, se considera contrario al orden constitucional de distribución de competencias el inciso final del artículo 46-bis, referido a que las viviendas de alquiler vacacional quedan excluidas de la legislación de arrendamientos urbanos.

Asimismo considera inconstitucional el apartado del artículo que establece las condiciones que deben cumplir las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal para poder ser comercializadas turísticamente.

Este informe había sido solicitado por el Parlamento de Canarias para que, antes del debate definitivo en el pleno, se analizara la adecuación legal, estatutaria y constitucional del dictamen emitido por la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes sobre este proyecto de ley, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Viviendas vacacionales

En su tramitación, la comisión del Parlamento incorporó enmiendas que regulaban las viviendas vacacionales, un aspecto que inicialmente no era el objeto del proyecto de ley que remitió el Gobierno a la cámara regional.

El proyecto de ley remitido por el Gobierno de Canarias contenía un solo artículo en el que derogaba de la Ley de Modernización Turística los preceptos sobre el alquiler vacacional anulados por sentencias judiciales.

Al respecto, el Consultivo indica que la aceptación de determinadas enmiendas que regulan con carácter de totalidad una materia nueva como es el alquiler vacacional, introduce una "distorsión importante" en la iniciativa original, que no tenía ese objetivo.

Motivación insuficiente

El informe, de 87 páginas, señala que la justificación del dictamen aprobado por la Comisión, que alude para esta regulación a causas territoriales y medioambientales y a criterios sociales de acceso a la vivienda, "resulta coherente y adecuadamente conectada con los parámetros de aplicación, especialmente los del derecho comunitario y su transposición al ordenamiento jurídico".

No obstante, agrega que en el análisis pormenorizado de alguno de los diferentes preceptos sometidos a la consulta de este órgano "se señala la necesidad de reforzar y concretar con la suficiente precisión tal motivación".

Ley estatal

El dictamen insiste en las competencias autonómicas en la regulación del alquiler vacacional pero indica que en el caso de los arrendamientos urbanos se trata de una ley estatal por lo que su regulación es contraria "al orden constitucional de distribución de competencias" y señala que ni siquiera es admisible como simple reproducción de la norma estatal.

En cuanto al artículo 46-ter, el Consejo Consultivo recomienda acudir a la legislación urbanística y medio ambiental general, "más rica en criterios y principios rectores", y no, tal y como señala el texto, a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística para establecer los requisitos, criterios y estándares de implantación del uso turístico de las viviendas.

Además resalta que en el texto se alude que será el planeamiento insular el que establecerá las condiciones para la implantación del uso turístico en el territorio en función de la carga de las diferentes zonas turísticas, concepto que para el Consultivo es muy genérico ya que este planeamiento incluye diversidad de figuras de ordenación.

Artículos nulos en el decreto de 2105

El dictamen recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulos varios artículos del decreto de 2015 que regulaba el alquiler vacacional y en concreto la exclusión que se hacía de las viviendas en suelo turístico y la prohibición de cesión por habitaciones y de uso compartido de la vivienda.

En su informe, el Consultivo hace un repaso por la regulación de las viviendas vacacionales que han aprobado las diferentes comunidades autónomas y precisa que ninguna se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Indica que los preceptos sometidos a consulta, "muchos de ellos absolutamente nuevos en nuestro ordenamiento jurídico", han sido introducidos durante el trámite de enmienda en el proyecto de ley remitido por el Gobierno.