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Clavijo «marea la perdiz» con el alquiler vacacional

Clavijo «marea la perdiz» con el alquiler vacacional

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) acusa al Gobierno canario de «marear la perdiz» para dilatar la modificar la regulación de esta actividad anulada parcialmente por la Justicia. Critica además que se trate de culpar a esta modalidad turística de la escasez de viviendas.

José Miguel Pérez y José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 1 de enero 1970

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La reacción de Ascav no se ha hecho esperar tras el anuncio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de la apertura, del trámite de consulta pública previa de la modificación del Decreto 113/2015 por el que se regulan las viviendas vacacionales en las islas. Para empezar, la asociación que preside Doris Borrego entiende que llega tarde. Hace dos años y medio que entró en vigor este reglamento autonómico, y desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido tres sentencias que anulan varios artículos, y entre ellos, la prohibición de desarrollar esta actividad en las zonas turísticas.

«Y después de todo este tiempo, el Ejecutivo regional, tras recurrir estos fallos, inicia un trámite de consulta sin aclarar por dónde va a ir la modificación del Decreto, lo que evidencia que existe poca voluntad real de solucionar el conflicto mientras se sigue favoreciendo al sector hotelero tradicional», asegura el vicepresidente de Ascav y abogado de la asociación, Javier Valentín.

Ascav cuestiona además el fondo del texto de tres páginas con el que se presenta el trámite de consulta pública, que se mantendrá abierto a las sugerencias ciudadanas que se podrán realizar hasta el próximo 6 de octubre en la dirección http://www.canariasparticipa.com.

El documento justifica la elaboración de una nueva norma para «proteger la sostenibilidad del modelo turístico y territorial, la fragilidad del entorno y garantizar la disponibilidad de viviendas para residentes (...) a precios razonables».

Ascav considera que con este mensaje, el Gobierno quiere vender a la opinión pública «falacias», como que la vivienda vacacional «daña el modelo turístico canario» y que «es la responsable única y directa de la falta de viviendas para residentes, cuando es el ejecutivo regional el que no cuenta desde 2009 con un plan de viviendas». Y recuerda que «la vivienda vacacional sólo aloja el 8,32% de turistas que nos visitaron en el 2016, frente al 80% de los turistas se alojan en hoteles. «El turismo es un recurso de todos y todas del que todos los canarios, y no sólo unos pocos, tenemos derecho a beneficiarnos», afirma Ascav.

También llama la atención de Ascav que en el texto que anuncia la apertura de consulta pública se esté «condicionando la respuesta de la ciudadanía». Se refiere Valentín a la advertencia que contiene: «La ordenación del alquiler vacacional (...) no puede realizarse sin tener en cuenta criterios de planificación territorial y urbanística, por lo que la intervención de los Cabildos y municipios se hace inexcusable». Ascav teme que tras este argumento puede estar la intención de limitar el número de viviendas vacacionales: «Sería absurdo, porque se trata de regular la actividad que ya existe, de viviendas ya construidas».

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