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José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria
La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) de Las Palmas, se sumó ayer al rechazo al borrador de decreto para la regulación del alquiler vacacional en Canarias presentado esta semana: advierte que de materializarse la propuesta del Gobierno regional, se impondría «una nueva moratoria turística que frenaría en seco la rehabilitación del sector extrahotelero» y que por ende, «afectaría sobre todo a Gran Canaria».
La presidenta de la AECP, María Salud Gil, interpreta que bajo el texto del proyecto se ve claramente la intención de «bloquear la profesionalización de la actividad del alquiler vacacional, y de impedir las inversiones para modernizar la planta de apartamentos turísticos de las zonas maduras.
Salud Gil se refiere al artículo del borrador que aborda los criterios urbanísticos de implantación, y que determina que «las viviendas situadas en suelo residencial dentro de las zonas turísticas delimitadas por el planeamiento territorial no podrán ser destinadas a vivienda vacacional salvo que el planeamiento urbanístico lo permita expresamente». «Da la sensación de que el Gobierno canario está maniobrando para evitar la modernización de la oferta extrahotelera, algo que perjudica sobre todo a la provincia de Las Palmas, y en especial a Gran Canaria, la que más la necesita, por volumen y por obsolescencia».
«Si no se corrige este proyecto vamos a incurrir en el mismo error que cuando se promulgó la moratoria turística en 2001 una regulación que bloqueó durante 15 años la inversión privada en el sector, lo que restó competitividad sobre todo a Gran Canaria», concretó la presidenta de AECP.
Gran Canaria cerró 2017 con una oferta de 64.802 plazas extrahoteleras, 10.458 menos que las que se contabilizaban en 2010, por lo que en siete años han salido del mercado reglado un 16,14% de las camas de apartamentos. En toda Canarias la oferta se ha reducido en 27.376 plazas, según los datos del Gobierno autonómico.
«La pretensión del Ejecutivo canario es un dislate, porque se están mezclando problemas muy diferentes que requieren soluciones distintas: están confundiendo la vivienda vacacional en las zonas residenciales, con la vivienda en una zona turística que se residencializa, y que por ejemplo, pasa a ser ocupada por los trabajadores de los hoteles». «Este último fenómeno, el de la salida de la oferta de apartamentos turisticos hay que abordarlo desde otra perspectiva. Pero no se puede utilizar como excusa para prohibir las viviendas vacacionales en los suelos residenciales de las zonas turísticas», añadió la representante de los constructores de Las Palmas.
«En municipios como Mogán y San Bartolomé de Tirajana vive mucha gente, y no debe condenarse una actividad económica como el alquiler vacacional, al contrario, debe regularse para profesionalizarse».
También criticó Gil «el discurso del Ejecutivo canario basado en que la regulación del alquiler vacacional viene a resolver el problema de acceso a la vivienda de los ciudadanos». «La solución está en las políticas de vivienda, y no en la prohibición de una actividad. Los promotores estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno para que los precios de venta y el alquiler sean asequibles, gracias a las herramientas que ofrece el plan estatal de vivienda».
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