Negrín se escuda ahora en lo penal para no adjudicar

Ahora, tras haber anunciado el pasado día 26 de abril que la oferta de Videoreport Canarias era la ganadora del concurso, Negrín da un giro y admite la necesidad de contar con otro informe jurídico que «analice y aclare las dudas jurídicas que han surgido en los últimos días sobre sus competencias a raíz de la postura del magistrado del Juzgado número 1 del Contencioso Administrativo». En esos términos se manifestó en una de nota de prensa enviada ayer por su gabinete, horas después de una reunión con el Consejo Rector que acabó siendo «informal» porque no había secretaria y tampoco el Gobierno de Canarias respondió a su petición de que un funcionario cualificado hiciera de secretario accidental.

Según fuentes citadas ayer por el periódico digital Canariasahora.com, Santiago Negrín admitió ante los otros dos consejeros -Alberto Padrón y María Lorenzo-: «No sé qué hacer, lo tengo que reflexionar».

Oferta más ventajosa.El objeto de la reunión era cumplir con lo recogido en la cláusula 13.5 de los pliegos del concurso, que establece que el presidente de RTVC debe convocar de manera inmediata al Consejo Rector una vez se conozca la propuesta más ventajosa presentada para que, una vez se constituya en Junta General de Televisión Pública de Canarias SA, este realice un pronunciamiento sobre esa oferta. Como se recordará, el 25 de abril la propia Televisión Canaria anunció en un comunicado de prensa que la propuesta de Videoreport Canarias -empresa participada por la editora de CANARIAS7- fue la que obtuvo la mejor puntuación.

En la nota de prensa de ayer , Negrín dice que en esa reunión informal con los consejeros recordó «que el día 11 de abril y tras las constantes reclamaciones de Videoreport Canarias, hizo constar en acta en el acto público de apertura de sobres que la continuación del procedimiento de negociado se efectuaba ad cautelam señalando expresamente que ‘se pone en conocimiento de los licitadores que no se adoptará ninguna decisión sobre la adjudicación del contrato hasta que se confirme judicialmente que este órgano es competente para su tramitación’».

El 13 de abril, en su comparecencia parlamentaria, Negrín subrayó una y otra vez que el procedimiento era legal y que el pronunciamiento del magistrado se refería al concurso inicial, y no al negociado sin publicidad, agregando que la legislación le permitía ir a esta vía. De hecho, también infravaloró la advertencia de la secretaria del Consejo Rector, Cristina Duce, de que incurría en «fraude de ley».