La redacción del TSJC, clave para que el caso Grúas llegue a Madrid

15/11/2018

Las partes están muy pendientes del razonamiento de la resolución sobre el caso Grúas, con Carla Bellini como jueza instructora. Una acción judicial recaería en manos del Tribunal Supremo

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Carla Bellini, integrante de la Sala de lo Penal que tiene previsto resolver esta semana si el caso Grúas retorna al juzgado de La Laguna, no lo tiene fácil. Las partes, y sobre todo la representación legal de Fernando Clavijo, están muy pendientes no solo de la resolución en sí, que se da por hecho que secundará la tesis de la Fiscalía Superior, sino de la literatura de la misma. Y es que de esa redacción puede depender una posible actuación de los abogados de Fernando Clavijo contra la propia Sala al entender, como ya apuntó en uno de sus escritos, que podría incurrir en retardo malicioso en la Administración de Justicia, uno de los ingredientes del delito de prevaricación judicial.

Carla Bellini, Margarita Varona y Antonio Doreste –presidente éste último del Tribunal Superior de Justicia de Canarias– tienen entre sus manos uno de los casos más relevantes de los últimos años. No solo por el hecho de haberse encontrado con un escrito del fiscal del caso en primera instancia que apuntaba indicios de prevaricación y malversación de caudales en la actuación de Fernando Clavijo cuando fue alcalde de La Laguna, sino por el hecho de que la causa llegó al Tribunal Superior cuando éste era aforado y la resolución se produce ya con el Estatuto de Autonomía en vigor, una ley orgánica que es pionera en el Estado por acabar precisamente con los aforamientos.

Ese factor es, precisamente, uno de los que está barajando la defensa de Fernando Clavijo: que hubiera intencionalidad en la Fiscalía Superior o en la propia Sala a la hora de demorar la tramitación del caso para esperar a la entrada en vigor, con lo que ninguna de las dos se pronunciaría sobre la posible declaración de Clavijo como investigado al entender que ya no era de su competencia.

En sus escritos ante la propia Sala de lo Penal, el presidente apunta directamente a la Fiscalía Superior como posible responsable de «dilaciones indebidas» y retardo «malicioso», señalando incluso la depuración de responsabilidades judiciales. Es por ello que la redacción de la resolución de la Sala de lo Penal puede ser determinante para armar de razones para una actuación que se debería presentar en todo caso ante el Tribunal Supremo. En las últimas semanas, el presidente ha reiterado en varias ocasiones que su derecho a la defensa pasa por contar con una Administración de Justicia que cumpla con los plazos.

De Demetrio Pintado a un informe solo de competencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se dirigió a la Fiscalía Superior recabándole para que emitiera en el plazo de cinco días un informe de competencia y contenido sobre el caso Grúas y la posible declaración de Fernando Clavijo como investigado. Ese plazo se convertía automáticamente en diez días más al tratarse de una comunicación telemática. El TSJC pedía lo que se conoce como un informe de competencia y contenido, esto es, primero reseñar si el Ministerio Público se consideraba competente en el caso y, en segundo término, pronunciarse sobre el contenido, a partir del escrito elevado por el fiscal en La Laguna y reenviado por la jueza instructora.

La redacción de ese informe había sido encargada en el verano al teniente fiscal, Demetrio Pintado, que en septiembre se encontraba de vacaciones. Las semanas fueron pasando y llegó la aprobación del Estatuto de Autonomía, con el fin de los aforamientos. Cuando la Sala se dirige a la Fiscalía urgiéndole a contestar, ya se sabía que el Estatuto estaba a punto de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en el Senado.

Desde el entorno de Fernando Clavijo se cuestionan si hubo un primer informe de Demetrio Pintado que luego cambió al llegar al fiscal superior, Vicente Garrido y ser revisado por la Fiscalía General del Estado.