Caso Grúas: CC se cansó de esperar

04/11/2018

Cuando Ciudadanos insistió en que el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias acabase con los aforamientos, seguramente no se le pasó por la cabeza el lío que se podía montar. El devenir del caso Grúas queda ahora marcado por esa modificación estatutaria, al tiempo que abre un conflicto entre el Gobierno, el Tribunal Superior y la Fiscalía.

A la espera de que en la semana entrante se publique en el Boletín Oficial del Estado el nuevo texto del Estatuto de Autonomía, el fin de los aforamientos ha desatado un inusitado conflicto a tres bandas: el Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía. El pasado 31 de octubre el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, hizo llegar al TSJC un escrito pidiendo el sobreseimiento del caso Grúas en la parte que le afecta, al tiempo que reiteraba el argumentario de otro escrito previo: el cambio de criterio y las dilaciones en los pronunciamientos de la Fiscalía habían derivado en una situación de indefensión, con el añadido de que se podría estar vulnerando la propia legalidad con esas demoras.

La reacción del TSJC no se hizo esperar. El tribunal que preside Antonio Doreste dio un plazo de cinco días -ampliable a diez por los procedimientos telemáticos- para que la Fiscalía emitiese su parecer sobre si hay o no elementos para investigar -lo que antes se conocía como imputar- a Fernando Clavijo.

Prudencia

Como publicó este periódico el pasado viernes, esa presión del Gobierno a la Fiscalía a través del TSJC no sentó nada bien entre los fiscales, que, por un lado, recuerdan que los plazos en sus informes son siempre variables y que, por otro, consideran que es hasta prudente esperar a la entrada en vigor del Estatuto.

Ahí estriba el meollo de la cuestión: con el nuevo Estatuto, al no haber aforamientos, en teoría el caso Grúas volvería al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, de manera que sería la jueza Celia Blanco quien debería resolver si imputa o no a Clavijo. Y esa jueza ya se encontró en la mesa con un informe del fiscal Santiago Sánchez que sí vio indicios de delito tras ampliar el juzgado las investigaciones por orden de la Audiencia Provincial, que rechazó la primera decisión de archivo. Desde el TSJC ya se apuntó que estudiarían si ese retorno de la causa al juzgado lagunero es automático o no, así como si se incorporaría el dictamen de la Fiscalía del Tribunal Superior, en caso de que finalmente lo hubiera.

Criterio ya formado

El malestar del Gobierno y de Coalición Canaria con la pachorra de la Fiscalía obedecería, según fuentes jurídicas y políticas, a la convicción de que ese ministerio público ya tenía formado criterio sobre el caso y que sin embargo se demoró. Y, además, que ese criterio era favorable a la no imputación de Fernando Clavijo. Es ahí donde entra otro elemento a tener en cuenta: la Fiscalía del TSJC no se gobierna sola en este asunto, pues la Fiscalía General del Estado ha impuesto a sus organizaciones territoriales coordinarse en los casos de imputación de aforados, una coordinación que en la práctica supone un visado de las actuaciones. Así, el informe le fue encargado a Demetrio Pintado como teniente fiscal, con el encargo de elevarlo a Vicente Garrido como fiscal jefe del TSJC, y este, a su vez, está en contacto con Madrid, con una Fiscalía General del Estado cuya titular, María José Segarra, fue nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de este año.

Tras conocerse los dos escritos de Clavijo al TSJC y la respuesta de este tribunal, conminando a la Fiscalía a pronunciarse, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el ámbito político los partidos de la oposición, en especial el PSOE y Nueva Canarias, criticaron el intento de presión a la Fiscalía, mientras que uno de los denunciantes del caso Grúas, Rubens Ascanio (edil y portavoz de Unid@s se Puede en La Laguna), presentó el pasado viernes ante el Tribunal Superior un escrito solicitando que Antonio Doreste se aparte de la causa. ¿Los motivos? Además de recordar que Doreste fue consejero del Gobierno canario en 1990 por Coalición Canaria -el mismo partido de Clavijo-, subraya que hay «enemistad manifiesta» de presidente del TSJC con el abogado de esa acusación particular, el letrado Pedro Fernández Arcila. Y es que Fernández Arcila denunció a Doreste ante el Tribunal Superior de Justicia por su relación con el magistrado Salvador Alba, todo ello a partir de la grabación que Alba hizo de un encuentro con Doreste en un aparcamiento y en el que el presidente del TSJC le sugirió que reconsiderase su actuación un procedimiento contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.

Ampliaciones de plazo

Al presentar ese escrito de recusación, el TSJC se encuentra con que sus prisas con la Fiscalía tropiezan primero con la necesidad de responder a la petición de que Doreste se aparte, de manera que si antes primaba un plazo de cinco días a la Fiscalía, ahora ese tiempo se ampliará casi inevitablemente. En la Sala de lo Penal del TSJC la instructora del caso es la magistrada Carla Bellini y completan ese órgano Margarita Varona y el propio Doreste.

Para completar el puzle, cabe recordar que si el caso Grúas sigue vivo en lo relativo a Fernando Clavijo fue porque la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que tiene al frente nada menos que al presidente de ese órgano judicial, Joaquín Astor Landete, aceptó el recurso de los denunciantes y obligó a la magistrada Celia Blanco a retomar el caso y centrar la instrucción precisamente en el ahora presidente del Gobierno. Por eso mismo, los denunciantes se frotan las manos convencidos de que si el caso vuelve al juzgado y la magistrada Blanco lo cierra -pese al pronunciamiento del fiscal Santiago Sánchez y lo que pudiera decir la Fiscalía del TSJC- la Audiencia podría forzar de nuevo una investigación sobre Clavijo.

Finalmente, y ya en clave de partidos, sigue vivo el aviso de Podemos de que promovería una moción de censura contra Clavijo si finalmente era imputado. Una moción que, si se formaliza, llegaría en plena precampaña electoral.