Los denunciantes del caso Grúas ven «abuso de poder» de Clavijo

02/11/2018

Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias consideran que el presidente del Gobierno exprime su aforamiento para que el TSJC sobresea la causa antes de la publicación del nuevo Estatuto de Autonomía. Anuncian la recusación de Antonio Doreste

R. R. / santa Cruz de Tenerife

Fernando Clavijo está usando «una maniobra desesperada para intentar evitar el traslado del caso Grúas nuevamente al juzgado de La Laguna, en el que la jueza ya emitió un dictamen favorable a su imputación». El portavoz de Unid@s se Puede, Rubens Ascanio, resumía así lo que, a su entender, pretende el presidente del Gobierno con los escritos que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denunciando dilación en el procedimiento judicial e instando al sobreseimiento del caso. Más afilado, si cabe, es el análisis que hace el otro denunciante del caso, el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, que califica de «ejemplo de libro» el «abuso de poder» que hace Fernando Clavijo del aforamiento, «que no es un derecho suyo», le recuerda, «sino una prerrogativa del Parlamento».

Y dice Santiago Pérez que abusa de su poder como presidente porque «está usando su aforamiento para intentar zafarse de una investigación judicial por unas fechorías que nada tienen que ver con sus situación como presidente del Gobierno, sino que vienen de su etapa de alcalde de La Laguna», cuando, evidentemente, no gozaba de ese privilegio que hace que cualquier causa judicial que le ataña salta de los juzgados ordinarios al TSJC.

Pero es más, Santiago Pérez considera que el escrito de petición de personación de Fernando Clavijo en la causa es una denuncia «delirante y paranoica» contra la Fiscalía a la que acusa de haber quebrantado los principios de actuación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para «demorar las resoluciones procedimentales» y así para ganar tiempo hasta que entre en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía y el presidente pierda su condición de aforado para que, así, la investigación vuelva a la jurisdicción ordinaria, es decir, al Juzgado número dos de La Laguna.

«Hace un par de meses no tenía miedo a perder su aforamiento», pero ahora actúa a la «desesperada», dicen Pérez y Ascanio, que sostienen que lo que busca es «mantener su aforamiento con una operación en la que pretende evitar un proceso normalizado y que todas las actuaciones solicitadas se realicen».

«Este es uno de los episodios más escabrosos que se recuerdan de cobardía y manipulación infinita», aseguró ayer Santiago Pérez no sin recordar que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, «apenas tardó un cuarto de hora» en dar curso al escrito en el que Clavijo pedía el sobreseimiento del caso. «Daba la impresión de que estaba esperándolo», sostiene Pérez.

De igual opinión es Rubens Ascanio que, además, anunció que la representación legal de su grupo político en el caso grúas «presentará en las próximas horas una recusación contra Antonio Doreste, por su participación en el intento de mantener los privilegios de aforamiento de Fernando Clavijo». Los denunciantes del caso Grúas sospechan que «alguien le está garantizando a Clavijo la impunidad», algo que solo lograra si el TSJC «actúa a la desesperada» y archiva la causa.

De lo contrario, aunque sea el TSJC quien impute a Fernando Clavijo, en su calidad de aforado, desde el momento en que se publique el Estatuto de Autonomía en el BOE y se eliminen los aforamientos en Canarias, el TSJC perderá poder jurisdiccional y toda la causa volverá al juzgado de La Laguna, donde «a la juez no le quedará otra que imputarlo» porque tanto ella como el fiscal vieron indicio para su imputación por la comisión de los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y así lo indicaron en sus escritos, cuando elevaron la causa al TSJC el 28 de agosto pasado.

Si el caso vuelve a La Laguna, Clavijo se puede enfrentar además a un tercer delito, el de tráfico de influencias, tal y como apuntó la Audiencia Provincial en octubre del año pasado, cuando obligó a la misma magistrada a reabrir el caso.

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