El Gobierno está «abierto» a negociar la vuelta a las 35 horas
El Gobierno de Canarias se muestra dispuesto a negociar la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas semanales, después de que el Ministerio de Hacienda abriera la puerta a esta posibilidad en el acuerdo global cerrado recientemente con los representantes de los empleados públicos.
El director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, aseguró que Canarias va a negociar mejoras en las condiciones de los empleados públicos y ello incluye la posibilidad -contemplada en el acuerdo estatal- de volver a las 35 horas semanales frente a las 37,5 horas que deben cumplir en la actualidad.
El pacto cerrado entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos CSIF, CC OO y UGT la semana pasada recoge esta posibilidad, aunque queda condicionada a la negociación en cada comunidad autónoma, siempre que sean cumplidoras con el techo de gasto.
Rodríguez puntualiza que Canarias está dispuesta a negociar pero «primero toca analizar hasta donde se puede hacer, porque la reducción de jornada no tiene el mismo impacto en la administración general que en Educación o Sanidad».
Agrega al respecto el director general que las comunidades «cumplidoras» pueden abrir esta vía, pero el escenario nuevo «no puede conducir hasta convertirnos en incumplidoras», una circunstancia que se podría producir si, tal como explica, la reducción de jornada en algunos sectores implica la necesidad de contratar nuevo personal para cubrir los servicios. En cualquier caso, reitera que «existe voluntad» para sentarse con los sindicatos.
En diciembre de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la ampliación de la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas, además de congelar la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos para ahorrar gastos en pleno proceso de contención del déficit presupuestario. Tras el acuerdo de la semana pasada, vuelve la posibilidad de recuperar las 35 horas siempre negociada en cada Comunidad.
Algunas autonomías, como Andalucía ya aplicaron esta reducción de jornada aunque el Ejecutivo central lo llevó al Tribunal Constitucional por incumplir la ley nacional. Antes lo habían intentado País Vasco y Castilla-La Mancha con idéntico resultado en los tribunales.
