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El Gobierno de España continúa abierto y firme en negociar, «sin líneas rojas» 'a priori', tanto con el Gobierno de Canarias como con el Partido Popular, un acuerdo para llevar a cabo la modificación de la ley de extranjería, que hará obligatoria la distribución, entre las comunidades autónomas, de los menores migrantes que llegan sin familia a las costas de territorios con sus recursos de acogida saturados como es el caso de Canarias.
Aunque todavía no se ha celebrado la reunión a tres bandas que se había anunciado en las últimas semanas entre los Gobiernos central y regional y el PP (formación de cuyo voto depende que la modificación en la norma salga adelante), lo cierto es que, según fuentes ministeriales, los contactos durante estos últimos días no han dejado de producirse, con el objetivo de caminar hacia una reunión que sea «definitoria».
La intención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es que el texto de ese acuerdo esté cerrado antes de su reunión con el presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por el expresidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres, confían en que se podrá llegar a buen puerto «en cuestión de semanas», y no descartan que se celebren reuniones, tanto internas como de trabajo con el PP y el Gobierno regional, antes del encuentro del presidente autonómico con Sánchez.
Dentro de las cuestiones que aún quedan por resolver está definir el cupo de niños y niñas que tendrán que acoger las comunidades autónomas, siguiendo unos criterios objetivos y equitativos. En una reunión celebrada el pasado 12 de agosto, se acordó que el Ejecutivo estatal iba a trasladar ese modelo al Gobierno de Canarias, pero desde el archipiélago apuntan que todavía no ha llegado.
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Efe
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El Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego tiene el documento «prácticamente ultimado», según fuentes ministeriales», y apunta que no se ha facilitado esta simulación porque «no está terminada del todo». Así, cuando esté cerrada, se presentará en la reunión «que pueda haber a tres bandas».
Durante este desencuentro en la travesía hasta el acuerdo para el cambio en la ley, desde la cartera de Política Territorial apuntan que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, «no ha dejado sola a Canarias» en este drama humanitario.
En declaraciones del ministro Torres, recogidas por Televisión Canaria, remarcó que desde que el archipiélago declarara la situación de emergencia, hace ya un año, el Gobierno ha destinado más de 300 millones de euros en la atención de las personas migrantes adultas.
Sin embargo, el apoyo económico por parte del Gobierno para dar respuesta a los miles de niños y niñas no acompañados que tutela el Gobierno de Canarias no ha llegado. En las negociaciones se ha de definir la ficha financiera que corresponderá a cada territorio para hacer frente a los gastos derivados de la gestión y, así, poder garantizar una acogida digna para los niños y niñas.
El acuerdo sigue enquistado, mientras que el ritmo de llegadas a las costas canarias no se ralentiza. En la actualidad, según los últimos datos aportados por la Consejería de Bienestar Social, hay 5.200 menores migrantes a los que el archipiélago da respuesta en solitario. El tiempo corre, y los recursos de acogida de los que dispone el Gobierno de Canarias, 81, se encuentran desbordados.
El coordinador regional del Partido Popular en Canarias, Jacob Qadri, manifestó que su partido ya había dado el «sí» a acoger niños y niñas migrantes desde antes de la votación en el Congreso de los Diputados para la toma en consideración de la ley de extranjería. No obstante, Qadri remarca que lo que no iba a ser la formación era dar «un cheque en blanco» al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que se pusieron una serie de condiciones.
Con todo, los populares «siguen esperando» a que el Ejecutivo estatal llame a la formación para negociar el acuerdo para la reforma de la ley de extranjería.
El Partido Popular tomará como base el documento firmado por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el Gobierno de Canarias, pactado el pasado agosto, y que recoge aquellas cuestiones que la formación ha defendido «desde el minuto uno», como garantizar la ficha financiera y determinar el cupo de menores.
Un texto que, según Qadri, es «bastante ambicioso» y va más allá de la reforma para garantizar que las comunidades acojan a los menores que llegan a las islas, sino que busca «controlar» los flujos migratorios.
Bajo su punto de vista, el coordinador regional cree que las negociaciones sobre esta cuestión «tienen que ser oficiales y lo más abiertas posibles».
Hay que recordar que el pasado 23 de julio el cambio en el artículo 35 de la norma fue llevado al Congreso de los Diputados, donde se votó para tomarlo en consideración, pero no se lograron los votos suficientes para que prosperara. De hecho, el PP votó en contra de la misma.
Por eso es determinante el voto a favor del Partido Popular que, además, gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas, y también en Ceuta y Melilla (territorios también tensionados).
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