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La Fiscalía Europea centra su investigación sobre contratos suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) ante el estallido de la pandemia de covid-19 en la hipótesis de una malversación de fondos comunitarios, con pagos a empresas que triplicarían el precio de mercado de los bienes y servicios contratados. Así se recoge en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, que ha estado instruyendo el caso Mascarillas hasta la fecha y que ha paralizado de momentos sus actuaciones hasta que se concrete si traspasa las competencias, como plantea el órgano fiscal comunitario.
Como adelantó ayer este periódico, la Fiscalía Europea pone la lupa no solo en el polémico contrato con RR7, que recibió cuatro millones de euros del Servicio Canario de Salud por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas, sino en otros doce contratos.
Se trata de operaciones que fueron incluidas en la denuncia presentada en su día por Juan Manuel Pérez, denunciante del caso Mascarillas, y que no fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. En ellas se habría utilizado fondos comunitarios, en concreto, del programa para el Fondo de Desarrollo Regional (Feder), lo que abre la puerta a esa competencia de la Fiscalía Europea.
Francisco Suárez Álamo
Francisco Suárez Álamo
¿Se limitará la investigación a las doce empresas señaladas? Primero está por ver si finalmente la instrucción pasa a manos de la Fiscalía Europea o si retorna total o parcialmente a la capital grancanaria. En cuanto a los nuevos contratos, ya el juez Francisco Javier García García-Sotoca había advertido en el auto en el que acordó el secreto de las actuaciones durante un mes de la posibilidad de revisar más operaciones realizadas por el Servicio Canario de Salud, de manera que podrían ser esas 12 recogidas en el escrito de la Fiscalía u otras.
En cuanto a las doce señaladas, la inclusión en el listado no prejuzga por ahora lo ocurrido. Lo que hace la Fiscalía es mencionar aquellos contratos que, de acuerdo con la denuncia admitida a trámite, podrían revestir indicios de presunta malversación.
A continuación se detallan las empresas, su actividad y lo que apunta la Fiscalía Europea:
Con sede en Ronda, en Málaga, la Fiscalía Europea señala un contrato de 300.000 mascarillas FFP3 por 1.938.000 euros, con la coletilla de que ese precio podría triplicar el de mercado. La empresa fue constituida en 2018, aparece registrada como intermediaria del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, con Juan David Becerra García como administrador único.
Tiene su sede en la capital grancanaria y su accionista de referencia y administrador es el empresario Anil Partap. Se dedica a la importación y exportación de productos vinculados al sector de servicios. El contrato al que se refiere la Fiscalía Europea es uno de 50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 mascarillas FPP2, el primero por 1,2 millones de euros y el segundo por 857.150 euros. También la Fiscalía apunta que habría un sobreprecio del triple por unidad.
Tiene sede en la capital grancanaria y se dedica al comercio al por mayor. Se constituyó en el año 2000 y como administradora única aparece Clara Isabel Cabrera Pérez. Su contrato en revisión es de 200.000 batas quirúrgicas, por 1.920.000 euros.
Es la empresa de transporte aéreo que intervino para el vuelo desde Shangái a Canarias con material sanitario frente a la covid-19. Tiene su sede en Madrid y como administrador aparece Oscar David Trujillo. One Airways es la compañía que, con apoyo del Cabildo de Tenerife, empezó a operar con vuelos regulares y después chárter con la península y destinos europeos, en una operación con respaldo de empresarios turísticos de Tenerife, entre ellos Jorge Marichal, presidente de la patronal Ashotel. El contrato en revisión es por importe de 1,1 millones de euros. Se formalizó siendo director del Servicio Canario de Salud Antonio Olivera, que era y es viceconsejero de Presidencia y que asumió de manera transitoria aquel puesto tras el relevo acometido en la Consejería de Sanidad en marzo de 2020.
Constituida en 1987 como empresa de distribución de productos médicos, está presente en las dos capitales canarias. Aparece con un contrato de 50.000 test PCR por 795.000 euros.
Aparece en el escrito de la Fiscalía con un contrato de 62.150 mascarillas KN95/FPP2 por 183.342 euros. Con sede en la capital grancanaria, su administrador es Luis Cruz de Mercadal.
En su caso, el contrato es de mascarillas FPP1, por dos millones de euros y también otras contrataciones por 447.059 euros. Aparece con sede en Zaragoza.
Con sede en Parets del Vallés, en Barcelona, se constituyó en 1987 y está dedicada al comercio de productos farmacéuticos. Aparece con un contrato de 24 unidades SARS-cov 2 Kit CE-IVD por 2.880.000 euros.
Tiene domicilio en Barcelona, se constituyó en 1980 y es una de las grandes corporaciones del negocio sanitario. Aparece en el listado con un contrato de un millón de test Panbio Covid-19 por 1,1 millones de euros.
Con sede en Coslada, Madrid, aparece con un contrato de 4,9 millones de euros. Se constituyó en 1994 y tiene contratos sanitarios con numeras administraciones autonómicas.
En su caso, el contrato que pretende revisar la Fiscalía Europea es uno de dos millones de mascarillas por 600.000 euros.
Aparece en la denuncia y en el documento de la Fiscalía con contrataciones por 321.477 euros y 5,7 millones de euros. Es una empresa radicada en el Puerto de La Luz y Las Palmas, con una amplia trayectoria en el sector de las comunicaciones marítimas y contribuyó al traslado de material sanitario a las islas en los meses más críticos de la pandemia.
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