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La decisión de la Fiscalía Europea de dirigirse al Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, que lleva el caso Mascarillas tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tiene su origen en la denuncia presentada ante aquel organismo por el grancanario Juan Manuel Pérez sobre una treintena de contratos de la Sanidad canaria en la pandemia, entre los que está el de RR7.
La Fiscalía Europea señala que, ante una posible malversación de fondos comunitarios, la competencia es suya. Ahora queda por dilucidar si asumirá finalmente el caso Mascarillas si se confirma que no se utilizaron fondos europeos o si en los otros contratos denunciados sí se empleó dinero comunitario.
El Gobierno de Canarias sostiene que en la operación con RR7 no se usaron fondos de la Unión Europea, extremo que habría quedado acreditado en un informe de la propia Intervención.
Al mismo tiempo, el juez instructor, Francisco Javier García García-Sotoca, había abierto la puerta a revisar más contratos.
Hay un precedente: la denuncia de la operación en Madrid realizada por un hermano de Isabel Díaz Ayuso. Ese caso lo llevó la Fiscalía Anticorrupción, pero lo reclamó la Fiscalía Europea con idéntico argumento al empleado en Canarias. Se abrió entonces un pulso entre fiscales que se resolvió de manera 'salomónica' pero cuestionada por ambas partes: la Fiscalía Europea se quedó con la investigación de la presunta malversación y Anticorrupción con el resto, en relación a un presunto tráfico de influencias y también cohecho.
Según fuentes el caso consultadas por este periódico, el juez García García-Sotoca podría plantear un conflicto de competencias para resolver si continúa instruyendo o no. Si no lo hace o si, en todo caso, es la Fiscalía Europea quien asume la investigación, la Audiencia Nacional activaría una especie de juez tutelar, pues dicho organismo fiscal de ámbito comunitario se creó con una capacidad de instrucción que en España está reservada a los jueces. En la práctica, la instrucción se demorará varias semanas.
El juez García García Sotoca investigaba hasta la fecha cinco presuntos delitos: a los cuatro iniciales apuntados en la querella, esto es, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, añadió el de malversación de caudales públicos.
La lista de investigados se amplió a siete: a los tres iniciales (Conrado Domínguez, Ana María Pérez y Rayco Rubén González), el juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, añadió la esposa, la madre y un primo del empresario, y esta semana se ha sabido que también se investiga a Osvaldo Lastras, amigo personal de Conrado Domínguez.
Francisco Suárez Álamo
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