Conrado Domínguez a su llegada este jueves a los juzgados. / Cober

Conrado Domínguez: «Siempre hemos actuado bajo la legislación vigente»

El director del Servicio Canario de Salud (SCS) respondió a los medios tras comparecer por primera vez en el Juzgado este jueves

Dánae Pérez
DÁNAE PÉREZ Las Palmas de Gran Canaria

«Lógicamente, el Gobierno (de Canarias) es el estafado aquí», manifestó el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, a su salida de los juzgados tras comparecer ante la autoridad judicial, por primera vez, por el caso Mascarillas. Lo hizo ante el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca.

Lo primero que quiso aclarar Domínguez, ante los medios, fue que, durante su comparecencia, respondió a «todas las partes». «He intentado aclarar que el Servicio Canario de Salud y yo, en particular, siempre hemos actuado bajo la legislación vigente en cada momento», agregó seguidamente.

Al mismo tiempo, señaló que, durante el juicio, se había abordado el tipo de mascarillas adquiridas en su momento y enfatizó que el interés del SCS es y seguirá siendo, recuperar los cuatro millones invertidos para las arcas públicas.

El director del SCS, que salió del juzgado solo, sin su abogado, José María Domínguez Silva, puso de relieve que se detuvo a atender los medios « por respeto», así como que no iba a realizar más declaraciones por recomendación de su abogado.

Vídeo.

Por su parte, el abogado de Ana María Domínguez, Juan Antonio López de Vergara, antes de abandonar la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, se retractó y pidió disculpas al fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, tras haberlo acusado este martes de filtrar información a la prensa.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia

«No voy a hacer declaraciones», fueron las palabras del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, a su llegada a las dependencias judiciales.

Domínguez, que fue citado este jueves, a las 9.30 horas, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, junto a Rayco Rubén González, administrador único de la empresa RR7 United SL, fue puntual y llegó a la Ciudad de la Justicia antes de las 9.00 horas, justo previamente a la apertura de sus puertas.

Vídeo. Rayco Rubén González este jueves llegando a los juzgados / C7

González, por su parte, lo hizo media hora después, acompañado de su abogado Rachid Mohamed Hammu. Más serio que el director del SCS, tampoco quiso atender a los medios.

Según la querella de la Fiscalía, Domínguez fue la persona que puso en contacto a la entonces directora general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez,también investigada, con Samuel Machín, intermediario en calidad de comisionista en favor de RR7.

Esta empresa recibió 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca llegaron a Sanidad. El dinero no ha sido recuperado.

El fiscal atribuye a Domínguez los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, mientras que a Rayco González de estafa agravada y blanqueo de capitales.

Rayco Rubén junto a su abogado. / cober servicios audiovisuales

Rayco se acogió a su derecho a no declarar

Rayco Rubén González y su abogado, Rachid Mohamed Hammu, salieron de las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria poco después de Conrado. Rayco Rubén González no atendió a los medios, pero sí lo hizo su abogado. Este informó de que el administrador único de RR7 se había acogido a su derecho a no declarar; sí declaró, como recordó, ante la Fiscalía. Mohamed matizó que esta postura se trata de una estrategia de la defensa. De acuerdo con esta, esperarán a que se tome declaración al resto de personas citadas.

En cuanto a la inversión efectuada para la compra de mascarillas, señaló: «El dinero no lo tiene Rayco, las mascarillas fueron compradas», solo que, después, «hubo algún tipo de problemas». A este respecto, consideró que quien no cumplió con el encargo de la mascarillas no fue Rayco Rubén González, sino personas que no están imputadas en la causa, pero que, sin embargo, espera que se imputen.

Al ser preguntado por los nombres de estos individuos, zanjó: «Vienen en la querella, prefiero no profundizar mucho en el procedimiento, porque si (Rayco) no ha declarado ante su señoría, tampoco es muy coherente que lo haga yo». Por último, enfatizó que «no hay dudas» de que el procedimiento administrativo para la compra del citado material sanitario se desarrolló al amparo de la legalidad.