La exdirectora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), Ana María Pérez, compareció ante la autoridad judicial que instruye el caso Mascarillas y se ratificó, en líneas generales, en lo que manifestó en su momento en las diligencias preprocesales ante el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas. La investigada volvió a insistir en su inocencia y en que actuó ejecutando las órdenes que recibió de su superior, el director del SCS, Conrado Domínguez.
Al salir de la Ciudad de la Justicia, Pérez estaba acompañada de su pareja –que le tapó la cara ante los medios de comunicación– y de su abogado, Juan Antonio López de Vergara, quien declaró que su clienta había respondido a todas las preguntas porque no tenía «nada que esconder» y que si los periodistas querían saber qué había relatado, que se lo preguntaran «al fiscal que es el que lo filtra todo», en una alusión directa contra Javier Ródenas. «Que te lo filtre el fiscal, pregúntele», insistió ante los periodistas.
«Que te lo filtre el fiscal, pregúntele», insistió el letrado de la investigada ante los periodistas
Pérez llegó a los juzgados de la capital grancanaria a las 9.25 horas y comenzó a prestar declaración pasadas las diez. En compañía de su representante legal, la investigada por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, comenzó a responder a todas las preguntas que le planteó el magistrado instructor de la causa, Francisco Javier García García-Sotoca. También contestó a las cuestiones del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas y al resto de las partes intervinientes.
En esta comparecencia no asistió el abogado de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, personada en el procedimiento en calidad de acción popular, ya que aún no se había registrado la fianza de 3.000 euros que depositaron para ejercerla.
Participó en el contrato
Hay que recordar que Ana María Pérez, según la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, participó de forma vital en el contrato fallido por valor de cuatro millones de euros que adjudicó por la vía de urgencia y pagó por adelantado el SCS a una empresa de nombre RR7 United SL, que se dedicaba a la automoción. Todo ello para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 de la marca 3M que nunca llegaron a los hospitales públicos de las islas.
La funcionaria –que dimitió como directora general por motivos de salud– declaró en su momento al fiscal Ródenas que había sido Conrado Domínguez el que le «ordenó» tramitar y pagar esos cuatro millones por anticipado y que fue el director del SCSel que gestionó el posterior cambio del objeto del acuerdo por unas mascarillas Honeywell tras recibir productos 3M falsificados: «Es algo que llevó personalmente el director del SCS», manifestó.
Pérez negó en su momento al fiscal haber participado en la negociación con RR7 United y los intermediarios
Pérez también negó en su momento haber participado en la negociación con RR7 United y los intermediarios para cambiar el contrato de mascarillas 3M por el de la marca Honeywell, como así declaró Conrado Domínguez ante Ródenas. «No, nosotros no tenemos ni idea, eso tuvo que ser algún contacto particular que tuvo que tener RR7 con el director Domínguez. Nosotros continuamos con el expediente de reintegro y esto fue un intercambio entre la empresa y Conrado, eso entiendo. Es algo que llevó personalmente el director del SCS», contestó.
Una tesis que luego se desmoronó cuando el testigo Samuel Machín –que ejerció de intermediario en esta operación entre el SCSy RR7 United SL– facilitó al fiscal numerosas conversaciones en las que trataba directamente con Pérez y esta con otros proveedores.
Las declaraciones proseguirán este jueves con la comparecencia de los investigados Conrado Domínguez y el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González.
Hubo cargamentos de mascarillas falsas
La pandemia fue «un caos para todos a la hora de adquirir material», como afirmó a este periódico una fuente sanitaria que participó de forma activa en la gestión de los equipos de protección.
En el caso Mascarillas, la empresa RR7 United adquirió por cerca de dos millones y medio de euros un millón de mascarillas de la marca 3M, modelo 1860, que resultaron ser falsas según consta en el informe que trasladó a la Aduana de Gran Canaria la representación de la marca americana en España. Por ese motivo, el investigado Rayco Rubén González tuvo que destruir el cargamento, aunque en otros contratos, el material de protección llegó a los hospitales canarios a pesar de ser falso o no cumplir los estándares de calidad.
Por este motivo, la secretaría general técnica de Sanidad emitió un informe de fecha 10 de julio de 2020 destinado a la dirección general de Recursos Económicos, advirtiéndole de que habían tenido constancia de la adquisición de mascarillas que no habían cumplido «las verificaciones de idoneidad de la documentación de EPIs sin el marcado CE reglamentario». Por ello, instaba a este departamento, del que fue directora general la investigada Ana María Pérez, a la «adquisición de EPIs que cuenten con el correspondente marcado CE», siempre fuera posible. «En caso de que se opte por EPIs sin el marcado CE reglamentario», insistía el documento, antes de cada compra se debía «verificar suficientemente la idoneidad de la documentación que acompañe al producto, al objeto de avalar un nivel adecuado de protección de la salud y seguridad para el personal» que fuera a emplearlo en pandemia.
Informe desfavorable.
Junto a este informe, la Secretaría general técnica de Sanidad aportó un estudio realizado por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que analizaba numerosos lotes de mascarillas FFP2 obtenidas mediante la «compra y suministro centralizado» y que se encontraban en el Insular y el Doctor Negrín. Este documento advirtió de la detección de numeroso material que no cumplía con los estándares de calidad exigidos y que iban a ser utilizados por el personal sanitario.
En el peritaje se detallaba que varios lotes de mascarillas KN95 Mask GB-2626, contaban con una documentación insuficiente ya que se ofrecía «un test report por un organismo chino sin posibilidad de trazabilidad con la imagen de la mascarilla obtenida», aparte de que ofrecían un certificado que no provenía de un «organismo notificado europeo». También detectaron como en varios documentos cambiaron el nombre de la empresa Zhongshan Baohang Optoelectrics por otro que aparecía en el etiquetado de las propias mascarillas. De esta forma, este servicio calificó el material adquirido como no apto para ser utilizado como FFP2 «por personal sanitario y no sanitario».
Ante esta situación, en hospitales como el Negrín se optó por usar esas teóricas FFP2 como mascarillas higiénicas para así darles uso y no tener que destruirlas después de haber sido compradas.
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