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El Parlamento de Canarias acordó por unanimidad crear una comisión de investigación que analice las responsabilidades políticas en la gestión de la contratación de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud para hacer frente a la pandemia.
Esta comisión, que pretende poner «luz y taquígrafos» sobre los presuntos casos de corrupción durante la emergencia sanitaria por parte del Gobierno presidido por el ahora ministro Ángel Víctor Torres, fue propuesta por los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular, a los que se adhirió la ultraderecha.
Los proponentes destacaron que el objetivo de esta iniciativa es que se conozca qué ocurrió durante la pandemia, «qué se hizo y por qué» ante el «supuesto cúmulo de irregularidades» que ha costado a las arcas canarias casi 46 millones, expuso la diputada popular, Luz Reverón.
Recordó que el PSOE impidió que se creara una comisión similar hace 15 meses, cuando saltó el caso Mascarillas, mientras que ahora la respaldan «no por coherencia, sino porque las mayorías parlamentarias son otras».
Por su parte, el representante nacionalista José Alberto Díaz Estébanez espera que esta comisión se desarrolle «sin cortapisas» y convoque «a quien crea necesario» en el objetivo de «encontrar responsabilidad política sin suplantar a los tribunales». Sí acusó al Pacto de las Flores de una «gestión ineficaz que permitió que se colara la corrupción».
Justificó la petición de esta comisión en las «muchas y graves irregularidades» observadas durante la emergencia sanitaria y las calificó como «certezas avaladas por la prensa y las investigaciones policiales, que acabaron en querellas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea», además del «censurado» informe de la Audiencia de Cuentas.
Díaz Estébanez apuntó que Torres fue advertido de estas presuntas irregularidades con la petición de una comisión de investigación, pero el PSOE se negó a su constitución y a su debate.
El tercer proponente, Vox, confía en que esta comisión exponga «la corrupción oculta que el PSOE no podrá eludir» y reclamó la presencia de Torres para que «se enfrente a los canarios con la verdad y asuma sus responsabilidades», afirmó Nicasio Galván.
Por su parte, el portavoz socialista, Sebastián Franquis, señaló que su grupo está de acuerdo con la constitución de esta comisión porque es el «más interesado en que se investigue a fondo y, si hay algún implicado, que asuma las consecuencias».
Hizo hincapié en que el expresidente, Ángel Víctor Torres, «no tiene nada que esconder» y defendió su honestidad. Por eso, «vendrá a responder a todo lo que se le pregunte». Recordó Franquis que ningún militante ni dirigente socialista está investigado o acusado por estas causas.
Nueva Canarias también apoyó esta investigación parlamentaria aunque nunca lo había hecho antes -ni siquiera cuando le pidieron que respaldara una a Fernando Clavijo-, puntualizó Luis Campos, porque siempre «se pervierte» esta herramienta de control.
Destacó la necesidad de que prevalezca la presunción de inocencia y recordó que Torres ni siquiera está investigado «y parece que ya se ha dictado sentencia».
Además, defendió que aunque en el pasado mandato no hubo comisión de investigación sí control mediante otros instrumentos de la Cámara. «No hubo opacidad», dijo, y pidió evitar el clima de crispación de Madrid.
El diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI) apoyó la comisión porque está «comprometido con la legalidad, ética y transparencia en la política» e indicó que esta comisión busca «la verdad, no votos».
Jesús Ramos (ASG), dejó claro que son los jueces quienes imparten Justicia, «no la Cámara» e instó a que la comisión «no sea un circo», sino que busque «esclarecer los hechos».
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