Secciones
Servicios
Destacamos
Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Opciones para compartir
Tras el debate y votación en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias de este miércoles, la comisión de investigación sobre la gestión sanitaria en la pandemia pondrá manos a la obra para esclarecer cómo se actuó entre marzo de 2020 y 2021, así como si se pudieron evitar los contratos de compra de material ya judicializados y otros bajo sospechas de irregularidades administrativas.
En todo ese proceso hay una figura que jugó un papel clave: Conrado Domínguez.
Conrado Domínguez era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, con Sebastián Franquis al frente, cuando estalló la pandemia. Franquis lo recuperó para el Gobierno del Pacto de las Flores pese a las reticencias de un sector importante del PSOE, que tenía muy presente que Domínguez había sido director del Servicio Canario de Salud en el primer Gobierno de Fernando Clavijo, cuando José Manuel Baltar entró en Sanidad tras la salida de Jesús Morera y el resto de cargos socialistas del Ejecutivo.
El 19 de marzo de 2020 el Gobierno de Canarias puso en marcha el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria. El 23 de marzo de 2020 el Gobierno anunció: «En el día de hoy se ha nombrado coordinador técnico del Comité a Conrado Domínguez». Sus funciones concretas no se especificaron públicamente.
La llegada de Domínguez al Comité de Gestión coincide con las destituciones de Teresa Cruz y Blanca Méndez como consejera de Sanidad y directora del Servicio Canario de Salud. A las dos no les agradó el papel de Domínguez en aquel Comité y menos aún comprobar que tenía línea directa con la que era directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez. Domínguez 'recolectaba' las propuestas de contrataciones que llegaban por diferentes vías, las 'seleccionaba' y las hacía llegar a Ana María Pérez, cuyo departamento formalizaba los contratos.
En sede judicial, Pérez (imputada, al igual que Domínguez en el caso Mascarillas), ya reconoció que ella cumplía órdenes del coordinador técnico del Comité.
Sanidad, con Antonio Olivera como director del SCS y Julio Pérez en la Consejería, contrató los servicios de la empresa de compraventa de coches RR7 United, sin experiencia sanitaria alguna, para conseguir un millón de mascarillas. Pagó por adelantado 4 millones de euros y el material nunca llegó; tampoco se ha podido recuperar el dinero. Ana María Pérez dio forma al contrato pero fue Conrado Domínguez, desde el Comité de Gestión, quien entró en contacto con Rayco Rubén González, dueño de RR7. Tenían en común un amigo dedicado, entre otras actividades, a la venta de productos de nutrición para deportistas. Conrado Domínguez también participó en el intercambio de correos para facilitar una segunda oportunidad a RR7 tras un primer fiasco con el material.
Domínguez negó el contacto directo con el dueño de RR7 ante el fiscal Anticorrupción, el juez García García-Sotoca y en la Comisión de Sanidad del Parlamento. Dimitió cuando la publicación por parte de CANARIAS7 de unos mensajes telefónicos con Rayco Rubén González lo dejó en evidencia.
La empresa Soluciones de Gestión traba contacto con el Comité de Gestión aprovechando que Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, tenía acceso directo al equipo de Presidencia, con Ángel Víctor Torres al frente y con Antonio Olivera primero como viceconsejero de Presidencia y entre abril de 2020 y julio de ese año como director del SCS. Ana María Pérez formalizó de nuevo los contratos y Conrado Domínguez dirigía ya el SCS cuando se deciden modificar los mismos para endosar los pagos a fondos comunitarios. Esto ha llevado a la Fiscalía Europea a asumir esa investigación. El Partido Popular también lo ha denunciado ante la Oficina Antifraude de la Comisión. El Gobierno canario acordó esta semana renunciar al dinero comunitario, con lo que se evita una posible penalización.
El intermediario que da nombre al caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, declaró en sede judicial que Conrado Domínguez se había convertido en su «jefe» y los investigadores de aquel caso señalaron al entonces director del SCS como otros posible «actor» de la trama.
CANARIAS7 ya desveló conversaciones grabadas por el Mediador con Domínguez en las que hablan del adelanto de dinero y el segundo insiste en «las facturas» y en que una serie de empresarios «las paguen». Al volcar el contenido de los teléfonos móviles de Navarro, la Policía halló fotos de facturas de venta de material sanitario por parte de Damco y Tabaiba, dos compañías relacionadas con el presunto fraude fiscal con los ingresos derivados del suministro de material sanitario al SCS. También encontraron mensajes de Navarro a Domínguez con la foto de una tarjeta de visita de una de las empresas a las que compró material Tabaiba: una compañía de guaguas de Madrid.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.