Conrado Domínguez al Mediador: «¿Cuánto le facturo a este?»

Hasta ahora se tenía conocimiento de reuniones en el despacho de Conrado Domínguez entre el alto cargo sanitario, el Mediador y algunos de los empresarios que buscaban un presunto trato de favor. También se conocía la existencia de mensajes entre Domínguez y Navarro en los que el segundo pedía su mediación para favorecer a los empresarios Esteban Banús e Inmaculada Roca, también investigados y detenidos en su día en el marco del caso Mediador, así como con Alberto Montesdeoca, ganadero tinerfeño que recurrió a la presunta trama del caso Mediador para que le anulasen un expediente sancionador abierto por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca o que le redujesen la cuantía de la multa.

La conversación a la que ha tenido acceso este periódico no deja lugar a la duda sobre la conexión entre Conrado Domínguez y el Mediador.

En un tramo de la misma se puede escuchar este diálogo:

-Mediador(M): -500, dijimos, pero bueno, vale.

-Conrado Domínguez (C.D.): Sí, pero pusimos 400 porque se pasaban. Siete y seis, trece, cuatro, diecisiete, faltarían cuatro.

-M.: Sí.

-C.D.: Uno es, 200, es el Crear Revolution y 200 el Bwin este que me acabas de mandar.

-M.: No, no, no. Crear Revolution va a pagar 600 porque va a traerse 33 millones de euros de África por el colega, con el que está hablando contigo. No, no, no.

-C.D.: Sí. ¿Entonces?

-M.: El de Revolution se va para África y va a firmar un contrato de 33 millones de euros por tu colega, con el que está hablando contigo, así que no me andes con rollos.

-C.D.: Sí, pero yo le facturo otra cosa. Si es por facturarle...

-M.: Pues...

-C.D.: ¿Cuánto le tengo que facturarle a este? ¿600?

-M.: A mí... Yo ya le dije 600 y yo no me bajo del burro.

-C.D.: Pero entonces yo le facturo 400.

-M.: Yo qué sé, lo que te dé la gana. Es que si ahora le digo 200 se viene arriba, ¿me entiendes o no?

-C.D.: O sea, ¿se queda en 200?

-M.: Sí, que ponga 200, nada más. Sí, vale.

-C.D.: Civil Twin también 200, 400.., te voy a sacar la foto ahora.

-M.: Sácame la foto y mándamela.

-C.D.: De todas formas, si hay que facturarles más, ya tú me dices. Yo me busco la vida.

-M.: No, pero Miguel es mi hermano, ya te contaré.

-C.D.: Vale.

-M.: Además, que tú lo conoces perfectamente, guapito de cara.

-C.D.: Me es igual, tú dame el OK para mañana yo hacerlo.

-M.: El OK ya lo tienes. Yo te mandé ya los datos... Ayer ya te mandé los datos de Miguel. ¿Vale?

Como se recordará, el caso Mediador estalló en 2023, con la detención de una decena de personas tras una investigación por presunta corrupción liderada por la jueza tinerfeña María Ángeles Lorenzo-Cáceres, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Según los informes policiales, el entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet Fuentes (ambos fueron directores generales de Ganadería del Gobierno canario), el general (ya retirado) de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el intermediario Antonio Navarro Tacoronte habría ideado una red clientelar para conseguir dinero a cambio de prometer prebendas a numerosos empresarios.

En los informes policiales ya se apuntó a la jueza que en la trama podrían haber participado otros «actores» y que uno de ellos sería Conrado Domínguez, que está investigado en el caso Mascarillas, por la operación que supuso el pago de 4 millones de euros a la empresa RR7 por un millón de mascarillas sanitarias que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud.

Entre la abundante información encontrada en los teléfonos móviles aportados por el Mediador en sede judicial, los investigadores hallaron mensajes de texto, audios y fotos intercambiados con Conrado Domínguez.

En uno de ellos aparece una imagen de un desglose de cantidades y empresas. Al final de la página está el nombre del entonces director general del Servicio Canario de Salud. Esas cantidades suman 600.000 euros.

El caso Mediador sigue su curso en el juzgado de María Ángeles Lorenzo-Cáceres, con varios frentes abiertos. Uno de ellos pasa por la reciente declaración del investigado Miguel Ángel Robayna, que ha decidido colaborar con la Justicia. Para ello entregó un archivo informático sobre su trabajo para la red, que consistía, según la Policía, en confeccionar facturas falsas para dar apariencia de legalidad a los pagos que realizaban los empresarios que contactaban con los Fuentes, el general o el propio Mediador en busca de un supuesto trato de favor.

En ese contexto, el «Miguel» del que se habla en la conversación a la que ha tenido acceso este periódico sería el citado empresario. Como ya adelantó también CANARIAS7, Robayna declaró en sede judicial que se puso en contacto con Conrado Domínguez a través de Antonio Navarro.

Miguel Ángel Robayna, titular de la empresa Hispano Robysa, confirmó ante la jueza la emisión de facturas falsas para que cuatro de los empresarios implicados en la trama pudieran justificar sus pagos. Agregó que Navarro Tacoronte «prometía negocios a todos los que estábamos ahí. Durante los dos meses en los que estuve con él, Taishet Fuentes estaba presente casi siempre y nos ofreció instalar fotovoltaicas en las granjas y él afirmaba siempre».

En esa declaración, Robayna también mencionó a Conrado Domínguez: «También fui con un empresario de Madrid llamado Raúl [Raúl Gómez Rojo, dedicado al negocio de energías limpias y conocido en el grupo como el Fotovoltaica] a ver a Conrado y les enseñamos un proyecto. Nos atendió y escuchó la posibilidad de poner en los hospitales plantas fotovoltaicas», declaró.

En cuanto al caso Mascarillas, la investigación desarrollada por el juez Francisco Javier García García-Sotoca y el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, quedó 'congelada' tras asumir la instrucción la Fiscalía Europea.

Este organismo entiende que en ese pago de 4 millones de euros a RR7 por las mascarillas que nunca fueron entregadas se pudieron utilizar fondos comunitarios.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas archivó las diligencias abiertas sobre el caso Mascarillas al considerar que el Gobierno de Canarias tomó, en su momento, las medidas oportunas para la recuperación del dinero abonado a la empresa.