Robayna se reunió con Conrado Domínguez gracias a la mediación de Navarro Tacoronte

Robayna, que reconoció ante la jueza instructora que emitía facturas falsas para que cuatro de los empresarios implicados en la trama pudieran justificar sus pagos a Navarro Tacoronte, destacó que el Mediador les «prometía negocios a todos los que estábamos ahí. Durante los dos meses en los que estuve con él, Taishet Fuentes estaba presente casi siempre y nos ofreció instalar fotovoltaicas en las granjas y él afirmaba siempre».

Además, sacó a la palestra el nombre de Conrado Domínguez, que dimitió de su cargo en la Sanidad canaria tras ser imputado en el caso Mascarillas: «También fui con un empresario de Madrid llamado Raúl (Raúl Gómez Rojo, dedicado al negocio de energías limpias y conocido en el grupo como el Fotovoltaica) a ver a Conrado (por Conrado Domínguez, exdirector del SCS) y les enseñamos un proyecto. Nos atendió y escuchó la posibilidad de poner en los hospitales plantas fotovoltaicas», declaró.

«¿Eso quién lo ofreció?», preguntó el fiscal Anticorrupción Jaime Serrano-Jover a Robayna, a lo que el empresario le respondió: «Vamos a ver, Antonio nos había dicho que fuéramos arriba, al despacho de Conrado y Conrado nos atendió a mí y a Raúl. Nos dijo que sí, que se podían poner placas en Gran Canaria y en Tenerife», añadió en su comparecencia en sede judicial.

Durante la misma, Miguel Ángel Robayna García, además de reconocer que emitía facturas falsas para que cuatro de los empresarios implicados en la trama pudieran justificar sus pagos al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, entregó una memoria USB con nuevas pruebas vitales para la investigación.

En un auto, la jueza de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife explicó que, en su declaración voluntaria del pasado miércoles 17, Miguel Ángel Robayna García «confirmó las sospechas» que ya tenían la Policía y la Guardia Civil sobre a qué correspondían las facturas que su empresa, Hispano Robisa, emitió en su momento para los empresarios Alberto Montesdeoca, José Suárez, Esteban Banús e Inmaculada Roca, todos ellos imputados en la causa.

Robayna García declaró ante la magistrada María de los Ángeles Lorenzo que tiene pruebas de que algunos de los investigados entregaron cantidades económicas con el fin de que sus negocios tuvieran un trato de favor, algo para lo que esperaban contar con la participación de otros de los miembros de esta trama, a cuyo frente la Policía sitúa al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y al general retirado Francisco Espinosa Navas.

La jueza explicó en el auto de fecha 18 de enero de 2024 que, con el fin de evitar que trascendiera el verdadero destino de estos pagos, Navarro Tacoronte, el Mediador que da nombre al caso, ideó un «plan criminal» que pretendía borrar el rastro del dinero entregado por los empresarios, tarea en la que participaba este imputado, Robayna García, que corroboró en su declaración que él emitió facturas falsas.

Robayna García no solo se autoinculpó en esa falsedad documental –con derivaciones en forma de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, además de contra la Administración y estafa, remarca la instructora–, sino que voluntariamente entregó un pendrive (una memoria) con nueva información sobre el caso.

En ese dispositivo, dijo, había «material indiciario de interés» sobre cuál fue su participación en la trama, así como «las relaciones que mantenía con otros implicados» en los hechos investigados.

Aunque Robayna García dio expresamente su consentimiento para extraer el contenido de esa memoria, la juez dicta este auto para dar mayor cobertura y garantía a la información a ese trámite, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, que aconsejó acotar la intervención solo a documentos relativos al período que se está examinando.

De esta manera, alegaba el fiscal, se evitaría «cualquier exceso en cuanto a la delimitación temporal y la necesidad de purgar aquella información que pudiera ser sensible, por guardar relación con el objeto del proceso y por lo tanto no deba ser incorporada».

La magistrada recordó en el auto que, de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía, se desprenden «indicios claros» de que podrían estar relacionados con la falsificación de estas facturas.

La jueza instructora de este procedimiento considera adecuado autorizar la apertura de esa memoria USB de 64 gigabytes de capacidad «dada la gravedad y continuidad de los delitos» investigados e intervenir los documentos y conversaciones que contenga para evitar «zonas de impunidad en las formas más graves de delincuencia».