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En la imagen, el investigado Conrado Domínguez. EFE
Caso Mascarillas: la Fiscalía Europea amplía las pesquisas y levanta el secreto

Caso Mascarillas: la Fiscalía Europea amplía las pesquisas y levanta el secreto

Tribunales ·

Lo hace tras más de un año y tres meses de investigación y amplía las pesquisas al supuesto proveedor de cubrebocas falsos, Ishan Mahmoud Mohamed y su mercantil Yilhal Import and Export

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de marzo 2024, 14:18

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La Fiscalía Europea ha levantado el secreto que pesaba sobre la investigación sobre el caso Mascarillas tras más de un año y tres meses de investigación. Este organismo ha dado, de esta manera, por concluida la parte de la instrucción que entendía que debía de ser de carácter reservado y que se centraba en el análisis del teléfono móvil del investigado Rayco Rubén González. Este informe ya está en manos de las fiscales.

El decreto emitido por la Fiscalía Europea de Madrid, de fecha 19 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, describe que las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), han arrojado indicios de sobra como para entender la «posible implicación en los hechos de nuevas personas«, como es el caso de la esposa de Rayco Rubén González, así como de la Mercantil Yilhal Import and Export, representada por Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh. Este empresario es al que presuntamente González compró las mascarillas 3M que llegaron a la isla y que se determinó con posterioridad que eran falsas.

En este escenario, la Fiscalía entendió necesario en marzo de 2023 ampliar la autorización a los investigadores para poder analizar las conversaciones entre Rayco Rubén González, su esposa e Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, así como de Samuel Machín y la mujer de Rayco e Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh. Solicitaron asimismo que la ampliación se extendiese a los archivos de imágenes, audio, vídeo o documentos contenidos en los teléfonos analizados respecto de las personas mencionadas. Esta diligencia la aprobó el 26 de abril de 2023 el Juzgado Central de Instrucción nº4, como Juez de Garantías en el presente procedimiento.

De la misma forma, la Fiscalía Europea ha emitido peticiones de asistencia a lo largo de este procedimiento a sus delegaciones en Bélgica e Italia para esclarecer el destino del dinero que pagó el Servicio Canario de Salud a RR7, «habiéndose recibido la información solicitada».

También recabaron información por parte de las autoridades del Reino Unido acerca del supuesto intermediario Ihsan Mahmhoud, empresario de origen jordano y afincado en Londres, que fue denunciado a la Policía Nacional por el administrador de RR7 United tras haberse puesto en ciontacto para la compra de material sanitario gracias a la intermediación de Lucas Cruz, el supuesto representante de un fondo que quiso comprar en su día el CB Gran Canaria.

Tras más de un año de investigación, el 19 de marzo la UDEF ha concluido el informe sobre el resultado del análisis del terminal del investigado Rayco Rubén González y anexos al mismo, remitiendo un disco duro a las fiscales que contiene una carpeta llamada 'teléfono Rayco', con toda la información del terminal del investigado.

Al concluir esta diligencia, las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez han concluido que se puede levantar ya el secreto de las diligencias para el conocimiento de las partes.

Mascarillas falsas por cuatro millones

En este caso Mascarillas que fue desvelado por CANARIAS7, se investigan las circunstancias en las que el Servicio Canario de Salud (SCS) encargó en las semanas iniciales de la pandemia de covid-19 (2020) la importación de una partida de un millón de mascarillas FFP-3 a una sociedad sin experiencia alguna en el sector, RR7 United, que cobró por adelantado cuatro millones de euros pero no llegó a entregar nunca el material, ni en ese momento, ni en 2021, cuando le dieron una segunda oportunidad.

Por estos hechos, el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7, está imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y el director del SCS en aquellas fechas, Conrado Domínguez, en prevaricación y tráfico de influencias.

Domínguez presentó su renuncia al cargo tras conocerse las implicaciones de la declaración de Rayco Rubén González y que, a raíz de ellas, el juez del caso ampliaba la investigación a un quinto delito: malversación de fondos públicos.

También figura como investigada la que fuera directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, el intermediario Osvaldo Lastras y la esposa, la madre y un primo de González.

La Fiscalía Europea demandó en ese momento instruir el caso porque sospechaba que en ese contrato y, quizás también en otros, el Gobierno de Canarias pagó el material comprado con fondos europeos, lo que habilitaba su competencia.

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