Una nueva convulsión que augura el bloqueo del Poder Judicial

Los partidos mayoritarios se escudaron en un "ejercicio de responsabilidad" para renovar en plazo (4 de diciembre) el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero su acuerdo fue criticado tanto por la oposición como, sobre todo, por los propios jueces.

Todo ello, enmarcado en un trasfondo de cuestionamiento de la independencia judicial, de injerencia política y culminado por la filtración de un mensaje de wasap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección de Marchena como presidente del Supremo, "controlando la Sala Segunda desde detrás".

Esa Sala Segunda, la de lo Penal, no solo se encarga de las investigaciones a los cargos políticos aforados, sino que afronta en los próximos meses el principal reto del Supremo: el juicio por el proceso soberanista catalán.

De hecho, la renuncia del magistrado le permite seguir al frente de la Sala Segunda y presidir el tribunal que juzgará a los 18 acusados por el "procés".

Lo ocurrido y el wasap de Cosidó no hacen sino alimentar las acusaciones de falta de independencia de los jueces del tribunal. Hoy mismo, la defensa de Oriol Junqueras y de Raül Romeva ha recusado a Manuel Marchena por su participación en ese acuerdo político.

El paso atrás del hombre señalado por el PP y el PSOE para dirigir el CGPJ abre además un escenario de enfrentamiento que aboca al Poder Judicial a un bloqueo que ya vivió entre 2006 y 2008.

El PP ha tardado minutos en anunciar que deja en suspenso el pacto y el PSOE y el Ejecutivo poco más en señalar a los populares como responsables del bloqueo. Por si fuera poco, ahora el PP tampoco considera interlocutora válida a la ministra Dolores Delgado, la misma que ha cerrado el acuerdo recientemente con el exministro Rafael Catalá.

Mientras los populares exigen el cese de Delgado, los socialistas reclaman el de Cosidó.

Pero también sirve lo ocurrido para reabrir el debate sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ, una exigencia de todas las asociaciones de jueces, indignadas por lo ocurrido y que hoy han aplaudido y valorado la decisión de Marchena.

La despolitización del órgano de gobierno de los jueces encabezó las reivindicaciones de los jueces y fiscales que fueron a la huelga ayer.

Y, lógicamente, la ruptura conlleva la continuidad al frente del Poder Judicial de Carlos Lesmes, muy cuestionado tras la gestión del caso de las hipotecas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Su relevo tras lo ocurrido era una de las principales urgencias del PP y el PSOE para mejorar la imagen de la Justicia y del Tribunal Supremo antes del inicio del juicio del "procés".