Los magistrados del Supremo que formaron parte del tribunal del 'procés'. / efe

«Temor» en el Supremo a que Estrasburgo tumbe la sentencia del 'procés'

Las declaraciones del Gobierno, la reforma de la sedición, el dictamen del Consejo de Europa, los votos particulares del Constitucional o los indultos dan alas a las demandas de los condenados

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Treinta meses. Dos años y medio. Este es el tiempo medio que tarda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en resolver las demandas por vulneración de derechos fundamentales en los altos tribunales del país de origen. Tres condenados por el 'procés' secesionista en Cataluña, los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y el activista social Jordi Cuixart, han sido los primeros en acudir a la corte transnacional en busca de una condena contra el Estado español. Tras la sentencia del Tribunal Supremo y la desestimación de sus recursos en el Tribunal Constitucional, el procedimiento que marca la agenda política nacional desde otoño de 2017 entra en su fase final con la activación judicial de la vía europea.

La pregunta más recurrente en estos momentos se refiere a las posibilidades que tienen los demandantes en el tribunal con sede en Estrasburgo. Aunque se espera que el resto de los líderes independentistas indultados registren su escrito una vez el Constitucional inadmita sus recursos, los casos de Rull, Turull y Cuixart serán los primeros en resolverse, pero no antes de verano de 2023, según estiman fuentes del TEDH.

Tras dictarse la sentencia del 'procés' en octubre de 2019, magistrados del Supremo que formaron parte del tribunal juzgador aseguraban que su resolución trataba de blindar precisamente la futura respuesta de Estrasburgo. Para ello, el ponente Manuel Marchena, a la sazón presidente de la Sala Segunda, se esmeró a lo largo del medio millar de páginas en dar respuesta a las supuestas vulneraciones de derechos de los acusados. Así, los derechos a la libertad de expresión, transparencia del proceso, juicio justo, reunión o la competencia del juez predeterminado por la ley fueron algunos de los alegatos de las defensas que la sentencia dio respuesta.

Por este motivo, en la Sala se respiraba tranquilidad ante todo lo que estaba por venir. Consideraban que su trabajo no dejaba aristas. Pero esta calma duró menos de un año. En septiembre pasado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el Congreso que se comenzaba a tramitar la petición de los indultos a los 12 condenados, nueve de ellos en prisión. Se activaba así el reloj de la política dada la capacidad discrecional del Ejecutivo para intervenir en la situación de los encarcelados, segun la Ley del Indulto.

Desde entonces han pasado nueve meses y lo que ni muchos menos esperaban en el tribunal juzgador ha sido la cadena de acontecimientos que han sucedido durante este periodo. Unos episodios que tratan de menoscabar, aseguran fuentes de la Sala, la credibilidad de la sentencia. Estos asuntos, incluso, van más allá de la aprobación el pasado martes de los decretos que respaldaron la concesión de la medida de gracia por utilidad pública. Un perdón parcial que supuso la extinción de la pena de prisión de los condenados a cambio de no delinquir entre tres y seis años. En cambio, la inhabilitación para cargo público permaneció intacta.

Pena desproporcionada

El primer acontecimiento sucedió en abril pasado en el Tribunal Constitucional. La unanimidad que habían venido mostrando los magistrados desde 2017 en las resoluciones sobre el 'procés' saltó por los aires. Fue en la resolución del primer recurso de un condenado a prisión en la sentencia del 'procés'. En este caso el de Turull.

Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer emitieron sendos votos particulares que ponían en duda gran parte de los hechos probados por el Supremo. Consideraron la pena desproporcionada y mostraron sus reticencias respecto a la redacción y aplicación del delito de sedición. «Un análisis alternativo, que consideramos de mayor corrección constitucional y más respetuoso con el actual estándar nacional y europeo de los derechos humanos, hubiera desembocado en una sentencia estimatoria», concluyeron.

A su juicio, sus compañeros debieron haber estimado el recurso por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en relación con los derechos a la libertad personal, ideológica y de reunión. El motivo: haberse impuesto una pena desproporcionada. Estas apreciaciones jurídicas han sido usadas ahora por los primeros demandantes ante la corte de Estrasburgo. Y su valor es doble por tratarse del fondo de la sentencia del 'procés'.

En lo que respecta a la sedición, esta entronca, además, con la reforma penal que ha anunciado el Gobierno de este delito «para adecuarlo a los estándares europeos». Una forma de decir que el actual artículo -conlleva penas de entre ocho y 15 años de prisión- es demasiado duro.

«Ni revancha ni venganza»

El siguiente acontecimiento tuvo lugar el pasado 25 de mayo. El presidente Pedro Sánchez abrió la puerta a la concesión de los indultos con una palabras que generaron «malestar» en el Supremo, según fuentes del alto tribunal. «Lo más importante para mí es que, pese a que hay partidos y personas que defienden otras tesis, en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza y sí la concordia», expuso. Sánchez no matizó luego si estas «personas» eran los magistrados que juzgaron el 'procés'. Una gesto que causó perplejidad en la Sala.

Finalmente, el colofón llegó este lunes. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -principal organización del continente dedicada a la defensa de los derechos humanos y formada por 47 países- aprobó por mayoría un informe que reclamaba la reforma de los delitos de sedición y rebelión, la excarcelación de los presos del 'proces' (llegaría un día después con los indultos), la paralización de las peticiones de extradición -caso de Carles Puigdemont- y que decaigan los juicios pendientes.

Un dictamen que se ratificó en el contexto de la persecución a líderes políticos, entre comparaciones a la situación en Turquía y que generó una airada respuesta del Consejo General del Poder Judicial español, que «deploró» la injerencia de ste órgano y defendió que el del 'procés' fue un juicio justo con todas las garantías. En cualquier caso, este informe ha supuesto un elemento más que da alas a las demandas de los condenados en la corte de Estrasburgo y que avivan el temor en el Supremo a que la sentencia sea desfavorable.