Los condenados por el 'procés' abandonan la prisión de Lledoners el pasado martes. / EP

Los indultos abren el camino hacia un diálogo entre Sánchez y Aragonès

La Moncloa y la Generalitat aún carecen de agenda pero ya tienen líneas rojas, ni autonomía ni independencia

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁN Madrid

«¿Y ahora qué?» La pregunta de Gabriel Rufián resonó en las paredes del Congreso y se quedó en al aire. Nadie sabe, ni el Gobierno ni la Generalitat, a dónde conduce el camino abierto por los indultos a los condenados del 'procés'. En la Moncloa sostienen que «hay trecho para el entendimiento». En el Palau de la plaza de Sant Jaume también vislumbran puntos de coincidencia. Pero ninguno se atreve a decir en qué pueden estrecharse la mano, y mucho menos cuándo.

Socialistas e independentistas comparten que el siguiente hito en esta «nueva etapa» de incipiente distensión política será la mesa de diálogo, aunque por el camino hay otras «piedras», terminología acuñada por José Luis Ábalos, como la causa en el Tribunal de Cuentas y la reforma del delito de sedición en el Código Penal. La cita no tiene fecha ni agenda, aunque la reunión del martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès debería arrojar luz sobre ambos asuntos.

De entrada, las posturas están en las antípodas. «No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, lo que va a haber es política y diálogo», dice el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en respuesta a las palabras de Aragonès: «Es hora de la amnistía y del derecho autodeterminación, es hora de un referéndum». Desacuerdo hasta de la terminología. Para la Moncloa es una mesa de diálogo, para la Generalitat, de negociación.

El Gobierno plantea como documento base la denominada «agenda del reencuentro», un compendio de 44 medidas con reivindicaciones históricas de la Generalitat que Sánchez entregó a Quim Torra en febrero de 2020. Pero a estas alturas, negociar sobre financiación autonómica, inversiones o infraestructuras se antoja un menú insuficiente, aunque no despreciable, para las pretensiones soberanistas.

Desde Barcelona, no se plantea un texto matriz de la negociación. Sus demandas públicas son binarias, amnistía y referéndum de autodeterminación, las que hagan a puerta cerrada se desconocen. Carles Puigdemont entregó en febrero de 2017 a Mariano Rajoy un documento con 46 propuestas, también Artur Mas dejó en la Moncloa 23 demandas en 2016. No hay noticias de que esos pliegos se vaya a recuperar.

Solo acordar el punto de partida puede llevar semanas de tira y afloja. Sánchez piensa en septiembre. Una dilación que la Moncloa justifica con el argumento de que contribuirá a crear un clima de confianza recíproca que, pese a los indultos y buenas palabras, no existe. Aragonès desearía ponerse manos a la obra cuanto antes pero en Esquerra, aunque el discurso oficial sea de urgencia, también piensan que una fase previa de maduración de las voluntades puede ser positiva. «Hay tiempo», afirman los republicanos que asumen el calendario de septiembre y recuerdan que en su pacto con Junts fijaron un plazo de dos años para evaluar si la mesa da frutos.

La indefinición de los objetivos, por otra parte, puede ser buena porque, afirman fuentes socialistas, no genera expectativas y facilita el diálogo al carecer de un corsé. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep M. Vallès también ve elementos positivos en esta carencia de metas dado que «el afán de señalar con precisión y de antemano un punto de arribada impediría la exploración de posibilidades hasta ahora imprevistas». Una visión que a grandes rasgos comprenden en Esquerra. Aragonès necesita tiempo para ajustar sus frágiles relaciones con los de Puigdemont, que se avance o se retroceda, siempre van a ser críticos con el diálogo.

Un dato que no es calderilla porque evidencia la asimetría de respaldos con que Sánchez y el presidente catalán llegan a la mesa. El primero tiene apoyos políticos, el de Unidas Podemos y el bloque de la investidura, y rechazo social (las encuestas apuntan que existe un rechazo a los indultos por encima del 70%). El segundo, al revés. Solo espera, en el mejor de los casos, el escepticismo de Junts, con la paradoja de que su más firme valedor en este capítulo es el PSC. Sabe, en cambio, que la sociedad catalana está detrás de forma mayoritaria de los indultos y el diálogo.

Reforma constitucional

La mesa carece de agenda pero tiene líneas rojas. Ni la independencia unilateral ni el mantenimiento del estatus actual forman parte de la solución. Los socialistas manejan la idea de recuperar los 14 artículos del Estatut de 2006 que el Constitucional anuló en 2010 y que, según casi todos los expertos, está en el origen del proceso soberanista. Una reforma constitucional con acento federalista, basada en la Declaración de Granada que aprobó el PSOE en 2013 y que otorgaría a Cataluña un estatus diferenciado, también forma parte de los papeles de trabajo. En ambos casos serían reformas que requerirían un referéndum para su ratificación.

En el mundo soberanista ni contemplan la solución autonomista por mucho autogobierno que conlleve, pero la tentación del 'peix al cove' es fuerte. De hecho, Aragonès ya ha pedido el traspaso del puerto y aeropuerto de Barcelona. La Generalitat, de todas maneras, no ha mostrado sus cartas y sigue enrocada en la cantinela de la amnistía y la independencia.

Aunque es un escenario aún remoto, las negociaciones se saben cómo empiezan pero no cómo acaban, la idea del referéndum empieza a despuntar, si bien para Sánchez es todavía terreno minado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó el pasado miércoles en la cadena Ser que cualquier acuerdo que se alcance tiene que «hacerse dentro del ordenamiento jurídico y de la legalidad. Dentro de la legalidad cabe todo». Aunque de inmediato se corrigió: «Dentro de la legalidad solo cabe lo que cabe».