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Teresa Díaz-Ana Rodrigo (Efe) / Madrid
Martes, 11 de septiembre 2018, 22:03
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Es la segunda dimisión en el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la de su compañero de gabinete Màxim Huerta, que abandonó el Ministerio de Cultura apenas una semana después de su nombramiento al conocerse que defraudó a Hacienda.
Ya en su toma de posesión, Montón vaticinó un cambio en España, propiciado por un Gobierno que "no quiere dejar a nadie atrás" y se puso como meta recuperar los derechos "arrebatados" por el anterior Gobierno.
Ha sido una de las más activas en el Consejo de Ministros, donde ha trasladado una batería de propuestas sociales y sanitarias, la más importante, recuperar la sanidad universal y ha participado en dos ocasiones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
La primera ocasión, a finales de julio, fue para explicar la norma que recupera la sanidad universal y la segunda y última tuvo lugar el pasado viernes para anunciar una futura ley contra la pobreza infantil.
Montón, vinculada tradicionalmente a la familia 'lermista' del socialismo valenciano, era para algunos un posible relevo del presidente Ximo Puig.
Aunque evitó posicionarse públicamente en el proceso de primarias que Sánchez ganó, fue de las fieles que un año antes se había negado a firmar la carta que pedía la dimisión de Sánchez como secretario general y que permaneció a su lado en el Comité Federal que acabó con su renuncia en septiembre de 2016.
Miembro de la ejecutiva de Sánchez en su primer mandato -como vocal de 2012 a 2014 y como secretaria de Igualdad de 2014 a 2016- y diputada por Valencia en el Congreso desde 2014 a 2015, su nombre figuró desde el principio en las quinielas de los ministrables que circularon en el PSOE tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy.
La hasta ahora ministra llegó al Ejecutivo desde la Comunidad Valenciana, donde como Consejera de Sanidad abanderó la reversión al sistema público de la gestión privada de los hospitales del llamado "modelo Alzira" auspiciado desde el PP.
Un reto, el de la sanidad universal, que quiso trasladar a nivel nacional y que materializó en un real decreto que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, al que el Congreso dio luz verde la pasada semana.
En el último Consejo de Ministros, a iniciativa suya, el Ejecutivo inició los trámites para sacar adelante la Ley de protección frente a la violencia contra la infancia con el objetivo de garantizar el derecho fundamental de los menores a crecer de manera plena y sin violencia y "proteger a los niños y niñas que la sufren en nuestro país".
Una norma, que, según anunció la propia Montón, contará con una amplia participación de ONG, entidades sociales y de los propios menores y que está previsto remitir al Parlamento durante el segundo trimestre de 2019.
En estos tres meses al frente del Ministerio, Montón ha logrado también reunir a las CCAA para abordar el tema de los menores extranjeros no acompañados, con las que se comprometió a elaborar un real decreto, dotado de 40 millones, a distribuir entre las regiones que voluntariamente decidan acoger de forma solidaria a esos menores.
También logró limar y desatascar las diferencias entre comunidades autónomas introduciendo el criterio de pobreza en el reparto de la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF de la casilla de actividades de interés social, que se distribuye entre las organizaciones sociales para los proyectos de acción social.
Quedan en su haber la eliminación de los copagos farmacéuticos a los pensionistas "en situación de mayor vulnerabilidad", los que tienen las pensiones más bajas, y la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales de la ley de dependencia, como había anunciado en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Feminista convencida, Montón había adelantado también su intención de recuperar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida financiados para mujeres solas y lesbianas, que se eliminó en 2013 con Ana Mato como ministra.
Uno de sus últimos encuentros, antes de verse envuelta en la polémica del máster, ha sido con asociaciones civiles y profesionales de salud mental y prevención de conductas suicidas para avanzar en un Plan para la Prevención del Suicidio, otro de sus objetivos.
"Este es un Gobierno que no dejará a nadie atrás", una frase que ha repetido como un mantra y que resume su breve paso por el Ejecutivo. EFE
td-arv-soc/jdm
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