El gas canalizado se frena en seco a la espera del Tribunal Supremo

11/06/2018

El Gobierno de Canarias no dará la autorización administrativa a la empresa Redexis hasta saber si el alto tribunal admite o no a trámite su recurso de casación.

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El proyecto de entrada del gas canalizado en Canarias se ha parado por completo. El Gobierno de Canarias no moverá ficha y concederá la autorización administrativa a Redexis hasta saber si el Tribunal Supremo admite o no a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que tumbaba parcialmente el decreto 345/2015, que reguló los criterios de adjudicación del concurso, según han indicado a CANARIAS7 fuentes próximas al proceso.

En principio el parón se extenderá varios meses a la espera de la admisión a trámite del recurso pero, según fuentes próximas, podría demorarse hasta dos años o más si finalmente el Ejecutivo decidiera esperar al fallo definitivo del Supremo. Algo que el Gobierno de Canarias está barajando ante las consecuencias económicas que podrían derivarse si el proyecto sigue adelante y con posterioridad es anulado por la justicia.

Redexis, que es la empresa que va a desplegar la mayor parte de la red de canalización (al haberse adjudicado ocho de los nueve municipios que salieron a concurso), preveía, según las declaraciones realizadas en marzo por su director de diversificación de negocio, Miguel Mayrata, tener la autorización administrativa del Gobierno de Canarias antes del verano. Con ese visto bueno la empresa iba a comenzar a solicitar las correspondientes licencias de obra en los ayuntamientos. Su objetivo era empezar a abrir zanjas -al menos en los ayuntamientos con más predisposición- este 2018.

Los planes, sin embargo, se tuercen. Redexis, según estas fuentes, están a la espera de la decisión que tome el Ejecutivo.

Los servicios jurídicos del Gobierno presentaron a mediados de mayo el recurso de casación, que ahora está pendiente de su admisión o no a trámite. En caso de no aceptarse, el Supremo a efectos prácticos estaría dando la razón al TSJC y por tanto el concurso que otorgó a Redexis la canalización en ocho municipios decaería y el Gobierno se vería obligado a empezar de cero y convocar un nuevo concurso con distintos requisitos.

Si se admitiera a trámite, según fuentes cercanas, el Gobierno de Canarias «tendría posibilidades» de lograr el respaldo del Supremo y desarmar los argumentos del TSJC. Sin embargo, no está garantizado que el fallo judicial sea a favor del Gobierno y las consencuencias económicas que podrían derivarse de este proceso son las que llevan al Ejecutivo a plantearse «parar por completo el proyecto» hasta que el Supremo resuelva.

El recurso del Gobierno se sustenta en que el juez de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo una aplicación errónea de la normativa que regula el sistema retributido de las empresas gasistas. Se apoyó en una tnorma de 1992 que fue modificada en 2014.