El TSJC vuelve a estar en entredicho por el caso Grúas

De ahí que Pérez informara ayer que ha presentado dos escritos. El primero dirigido a la jueza que instruye el caso Grúas para que, «con la misma celeridad y diligencia, se confirme vía Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) si el escrito anunciando recurso de casación contra el auto de 16 de enero ha sido tenido por preparado o no, así como en su caso, si ha pasado el plazo para tenerlo por preparado».

El segundo ha sido remitido a la Sala de lo Penal del propio TSJC con el propósito de que, «si no se hubiera hecho aún, se proceda de forma inmediata a resolver sobre la preparación o no del recurso de casación (...), con el fin de evitar -se añade- que se produzcan efectos suspensivos sobre el procedimiento y por tanto, dilatorios por la mera interposición de un recurso de casación».

El portavoz del grupo municipal Sí se Puede anunció a través de un comunicado que también presentará recurso contra la decisión de la jueza que tilda de «inexplicable, ya que el recurso de casación presentado por la defensa de Clavijo ante el TSJC, no se ha admitido a trámite», asegura.

Ascanio incide en que «la propia jueza reconoció en su escrito que ese recurso no se había admitido, pidiendo a la defensa del exalcalde que presentara un recurso».

Tanto uno como el otro denunciante subrayan que el auto contra el que recurre el presidente del Gobierno «no es recurrible» y aluden al propio TSJC. Por eso, Ascanio se muestra convencido de que la estrategia de Clavijo «no tendrá recorrido alguno, sólo busca alargar un proceso jurídico y mantener durante más tiempo el falso aforamiento de Clavijo».

En este sentido, Pérez criticó al presidente por «aferrarse como un clavijo ardiendo a un aforamiento que ya no existe». Por ello consideró que «debiera de ser reprobado por el Parlamento».

En este sentido, el exdiputado autonómico resaltó que «era imprescindible una moción de censura» derivada del Pleno cuya convocatoria el martes toda la oposición -a excepción del grupo Mixto- forzó «simplemente por una cuestión de higiene democrática».

Al no ser posible por falta de acuerdo, Pérez apuntó la necesidad de una «reprobación, que sin tener efectos jurídicos, sí tiene un enorme impacto político».

A juicio del concejal de La Laguna, otro de los motivos para tomar dicha iniciativa es que «Clavijo mintió al Parlamento» y, aseguró que lo hizo en multitud de ocasiones a lo largo de su comparecencia, tanto en lo referido al préstamo «ilegal» que concedió cuando fue alcalde de La Laguna a la empresa concesionaria del servicio municipal de grúas, como al levantamiento de los reparos que puso el interventor a dicha operación, por poner algunos ejemplos.

«Miente sin pestañear, como un desvergonzado, a la desesperada», protestó Santiago Pérez.

Acusó al presidente del Gobierno de «pretender saltarse a al torera el Estatuto de Autonomía y seguir disfrutando de un tribunal especial presidido por un magistrado -Antonio Doreste- que ha desarrollado todo su recorrido institucional al socaire de Coalición Canaria», denunció.

Santiago Pérez abundó en que «Clavijo actúa como un bandido adolescente. Comete delitos de adulto y cuando se le sorprende, se comporta como un niño chico, pretende hacer trampas y las hace utilizando el poder», aseveró.

En cuanto a la jueza Maria Celia Blanco, el denunciante del caso Grúas consideró que «es harina de otro costal», y amagó con que «va a ser recurrida ante la Audiencia Provincial».

El concejal censuró que Blanco decidiera suspender la declaración del presidente del Gobierno con la «simple presentación de un escrito».