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«Nunca habíamos pedido, estamos muy mal»

«Nunca habíamos pedido, estamos muy mal»

Una familia argentina sin papeles clama por una ayuda. La Federación Países tiene registradas unas 290 en la misma situación en la capital. Banco de Alimentos media con el ayuntamiento para desbloquear una entrega de comida.

Jueves, 1 de enero 1970

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Es argentino y no tiene papeles. Está en Gran Canaria con su esposa y sus tres niños. Vino a trabajar, a mejorar el futuro de sus hijos. Y se estaba buscando la vida. Pero se le cruzó en su camino el Covid-19. De la noche a la mañana no tienen ni para comer. «En estos momentos la estamos pasando mal, pero muy mal, porque no tenemos dinero para nada». Pide ayuda y no halla respuesta. A su juicio y al de la federación Países, un conjunto de asociaciones que está ayudando a más de 200 de estas familias, juega en su contra la situación irregular en la que están. No figuran, y eso les hace invisibles. Juan hace un ruego. «Que piensen un poquito en la gente inmigrante y que les brinden una mano». Su testimonio es real, pero su nombre es ficticio para proteger su intimidad y la de su familia.

Su petición va dirigida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reside en la capital. «Hace unas semanas se nos agotaron los recursos; si no fuera porque hay dos vecinos que me han compartido un poco de alimentos lo estaríamos pasando terriblemente mal». Asegura que ha seguido los pasos que les han ido diciendo para tramitar que al menos les faciliten algo de comer, pero que hasta ahora no ha tenido respuesta. Recalca varias veces que ni él ni su familia ni nadie ha querido lo que está pasando. Nadie se lo buscó. No es culpa de nadie, pero todos necesitan ayuda para subsistir, los que tienen papeles y los que no. «Sería bueno que para la gente inmigrante nos pudieran dar una pequeña ayuda, somos humanos».

Juan y su mujer, Elena (también ficticio), no están acostumbrados a pedir. «Nunca hemos pedido nada, nunca, nos aguantábamos, nosotros mismos nos buscábamos los recursos para poder pagar el alquiler, para dar de comer a nuestros niños, para mandarlos al colegio, pero es que hoy no podemos pagar el alquiler, y no sé cómo va a terminar esto con la doña de la casa», se lamenta.

«Esta crisis nos toca muy profundamente. No podemos trabajar de forma regular. Hemos estado haciendo pequeñas cosas en algunos lugares donde algunas personas toman riesgos para darnos trabajo, que no son continuos, son temporales, días, horas y algunos, semanas», explica Juan. Así y todo, al menos les daba para salir adelante. Pero llegó la pandemia y se quedaron con una mano delante y otra detrás. Para ellos no hay ERTE ni ayudas al alquiler. «No trabajamos y no recibimos ningún tipo de dinero».

Su familia le pone testimonio y realidad de carne y hueso al drama que arroja una cifra, la de las decenas de hogares de migrantes en situación irregular en la capital que estos días claman por una ayuda. Cáritas se movilizó en plena Semana Santa y logró 100 bonos de 50 euros, pero una parte, la mitad, atendió otros casos, posiblemente igual de necesitados, en Vecindario (Santa Lucía). Y estos días otra gestión libró comida para los africanos de este colectivo. Pero Países asegura que queda gente sin atender. Según sus números, que suben conforme pasan los días, hablan ya de 290 familias, unas 776 personas, con 48 menores de 0 a 3 años, informó su portavoz Pablo Agriela.

Ayer se abrieron dos puertas más. Una, a través del Banco de Alimentos. Su presidente en Las Palmas, Pedro Llorca, intenta desbloquear con el Ayuntamiento de la capital una entrega de comida. Y otra, según Agriela, con un grupo de empresas que quiere colaborar. «Al menos es algo, pero todo sigue en el aire», confiesa este portavoz, a quien no se le escapa una clave: «Si se hace realidad lo de las empresas, habrá actuado más rápido la solidaridad que la propia institución».

El Ayuntamiento aclara

Desde el consistorio capitalino informaron ayer de que desde la asociación peticionaria «no se ha facilitado la información detallada y requerida» por la institución «para atender de manera individual a cada familia». Así y todo, subraya que esos hogares serán atendidos. Agriela, sin embargo, ha asegurado estos días que cuentan con una lista exhaustiva de los peticionarios de ayuda.

En todo caso, otra de estas afectadas se quejaba ayer de que ha estado llamando al 010 y que, tras muchos intentos, le contestaron y le remitieron a otra línea de teléfono a la que llamó durante todo el día y no le respondieron. «Tengo todas las pruebas de las llamadas que he hecho para que vean que no miento. No llamo por un capricho, sino por una necesidad. Tengo niños».

Necesitamos una acreditación oficial

Banco de Alimentos colabora con la federación Países. Sin ir más lejos, el pasado 27 de marzo hizo entrega de 1.895 kilos de alimentos a Casa Bolivia, uno de los colectivos que integran esta organización. Fue la cantidad fijada para atender a las 110 familias que figuraban como inscritas. El problema es que las nuevas, las que han incrementado la demanda de ayuda, no están avaladas por ninguna institución. Pedro Llorca, presidente de Banco de Alimentos de Las Palmas, aclara que la disposición de la ONG a la ayuda es absoluta, pero insiste en que necesitan «que vengan con una acreditación documental, con un visto bueno de la administración».

El Diputado del Común hace seguimiento

Nada más tener conocimiento de la publicación en este periódico, y por boca de la federación Países, de la situación de «extrema necesidad» de decenas de familias de migrantes en situación irregular, el Diputado del Común, Rafael Yanes, contactó con el Ayuntamiento capitalino y con el Gobierno de Canarias para conocer qué líneas de ayudas se le estaba ofreciendo a este colectivo.

El primero les dijo que se les da cobertura a través de las distintas unidades de atención en los cinco distritos en los que se divide el municipio y del 010. Y el segundo aseguró que se les atiende en coordinación con Cáritas, Banco de Alimentos y Cruz Roja.

Sin embargo, por lo que denuncia Países, la ayuda no está llegando. El ayuntamiento dice que no se le ha entregado la información que ha requerido, pero Agriela aclara que primero se la dieron al concejal de Urbanismo, Javier Doreste, y que desde el lunes la tiene Servicios Sociales. «Se la dimos cuando nos la pidió».Y el diputado advierte. «De todos los afectados por las consecuencias económicas y sociales que trae esta pandemia, sin duda, el grupo de personas sin documentación, de personas inmigrantes, es el más vulnerable, por eso después de las respuestas recibidas vamos a hacer desde la Diputación del Común un seguimiento exhaustivo por ver la atención que se les da», afirmó.

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