Los testigos detallaron ante el juez las presuntas irregularidades en Geursa: «Un traje a la medida»

Seis testigos ratificaron de forma presencial ante el juez Rafael Passaro las presuntas irregularidades en la sociedad municipal Geursa que centran el llamado caso Valka, en el que se investiga el funcionamiento de una supuesta trama de corrupción en dependencias municipales que habría afectado a contratos de las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines. En julio de este año el titular del Juzgado de Instrucción número les tomó declaración acompañado de una representante del Ministerio Fiscal. Este periódico ha accedido a esas testificales.

En esa ronda de declaraciones, los testigos confirmaron lo ya declarado ante la Guardia Civil, aportando más detalles sobre presuntas presiones de directivos de Geursa para modificar expedientes de contratas, incluido cambios en una licitación para favorecer a la constructora L.P. y desplazar a A.; los supuestos despidos de quienes se negaban a acceder a esas presiones; que José Manuel Setién -fue coordinador de Urbanismo hasta 2023- estuvo siempre en la práctica al mando en Geursa, incluso por encima de la gerente de la sociedad, Marina Más, y las sospechas de que un ordenador que esta ordenó instalar en su despacho era utilizado por Setién para acceder a todos los expedientes urbanísticos una vez jubilado.

En relación con uno de los expedientes investigados y que fueron requisados por la Guardia Civil en sus registros en la sede de Geursa, uno de los testigos afirmó abiertamente que fue «un traje a la medida» de la constructora P.M.

Asimismo, el juez y la fiscal se encontraron con testigos que afirmaron abiertamente, según ha podido comprobar este periódico, que había empresas constructoras con las que se pactaban modificados de obra -con el consiguiente aumento del coste- desde antes de que iniciaran los trabajos contratados tras la preceptiva licitación.

Ante la Guardia Civil, los testigos aportaron grabaciones de audio que habían realizado ellos mismos en reuniones de trabajo con sus jefes en Geursa. En las declaraciones en el juzgado, la representante de la Fiscalía les preguntó por qué habían hecho esas grabaciones. Las respuestas tuvieron un denominador común: las sospechas de que se estaban cometiendo irregularidades y como mecanismo de defensa ante las presiones que estaban recibiendo.

Uno de los testigos afirmó que uno de los investigados también participó en esa práctica de grabar las reuniones cuando entendían que podían ser comprometedoras: se trata de Carlos Cabrera. Luego, según explicó, el estatus de Cabrera en Geursa cambió y se convirtió de facto en una de las personas de confianza de José Manuel Setién y Marina Más.

Respecto al segundo ordenador que la gerente de Geursa pidió que se colocara en su despacho y que la Guardia Civil y la Fiscalía sospechan, a partir de las declaraciones de los testigos, que era utilizado por Setién para seguir accediendo a expedientes municipales, en la ronda de declaraciones ante el juez dos de los comparecientes coincidieron al señalar un dato que entendían revelador: en varias ocasiones la gerente de Urbanismo les decía que estaba fallando el acceso en remoto a ese ordenador y cuando se personaban en su despacho para resolver la incidencia, la respuesta era que el fallo se había producido la víspera y que en ese momento no tenía el portátil habilitado para esos accesos a distancia.

El caso Valka arrancó inicialmente con cinco investigados: Marina Más, Carlos Cabrera, José Manuel Setién, Miguel Ángel Padrón (exdirectivo de Parques y Jardines) y el empresario Felipe Guerra. Con posterioridad ese listado fue ampliado por el juez al añadir a Luis Pérez, también trabajador de Geursa. Todos han sido citados ya a declarar en el mes de octubre.

La investigación judicial arrancó tras una denuncia vecinal por supuestas irregularidades en una operación urbanística en Tamaraceite y con posterioridad se ha centrado inicialmente en cinco contratos: la accesibilidad del Confital y Las Canteras, que fue adjudicado en diciembre de 2022 por un importe de 1,35 millones; la conexión peatonal entre el barrio de La Galera y el intercambiador de Tamaraceite, que se financió con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria y que fue adjudicado por un importe de 107.200 euros; la repavimentación de calzadas en El Lasso, un encargo por importe de 132.000 euros; también en El Lasso, la mejora de los accesos rodado y peatonal de este barrio, que se encargó en el año 2017 por un importe de 202.267 euros; y el proyecto de asfaltado de la parte de la Calzada Lateral del Norte en el entorno de Divina Pastora, que se adjudicó en 2016 por un importe de 207.535 euros.

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