Caso Valka: «La tercera certificación es el final (...) O mientes y dices que es positiva o resuelves el contrato y no hay más»

Los audios incorporados por los testigos del caso Valka -en el que se investiga si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó presuntamente una trama corrupta- revelan presuntas presiones de la gerencia de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) para sacar adelante obras en contra de los criterios de los técnicos de la empresa, quienes eran renuentes a dar el visto bueno final bien porque los trabajos no estaban terminados, bien porque las certificaciones incluían actuaciones no realizadas, bien porque las bajas económicas presentadas por alguna adjudicataria eran injustificables.

De entre las testificales aportadas, está la de una persona que trabajaba en Geursa y que denunció «presiones» y «vejaciones». Llama la atención sobre cuatro obras en las que se negó a firmar «por no cumplir los requisitos»: la conexión peatonal de La Galera al intercambiador de Tamaraceite; la mejora de los accesos al Lasso; un proyecto de repavimentación en El Lasso; y la urbanización de Divina Pastora.

Una de esas conversaciones hace referencia a una reunión mantenida el 23 de octubre de 2017 en relación al proyecto de mejora de accesibilidad del Lasso. En la transcripción del archivo de audio realizada por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico, la gerente de Geursa, Marina Más, reprochaba a una de las personas que declaró como testigo que se negara a firmar certificados de obra a pesar de que los trabajos no estaban realizados completamente. «Tú dices: 'no, yo no le voy a pagar a la empresa lo que no ha hecho'», detalla la reproducción las palabras de la gerente, «pues depende, señora, depende... si eso supone que voy a perder al Cabildo y al Ayuntamiento, aunque tenga que firmarlo yo ya te lo digo, y esa es la situación».

La obra de mejora de accesibilidad del Lasso fue adjudicada en 2017 por 202.266,52 euros a Taranis Gold, a la que se pidió que justificara su oferta económica, que estaba en situación de baja desproporcionada. «Se le pide (a la testigo) que realice un informe de justificación de baja temeraria», expone el documento, «tras estudiarlo, hace el informe negativo porque la propuesta presentada por la entidad Taranis Gold era totalmente injustificable». Ese informe «se omite y el 14 de marzo de 2017, se sustituye por otro redactado por su jefe directo Carlos Cabrera, tras insistir éste reiteradamente que modificara el informe y que lo diera como positivo».

Además, la trabajadora de Geursa apuntaba otro día que una de las rampas ejecutadas no estaba bien terminada. «Yo lo único que puedo hacer es no certificarlo porque no se ejecutó, pero entonces, ¿mi figura? ¿De qué sirve un director de obra en una obra si las órdenes no se cumplen y si el jefe de obra hace la parte de obra que sólo le interesa? ¿Cuál es mi trabajo entonces? ¡Y resulta que cuando lo hago soy cabezúa y exigente! No, no soy exigente, pido lo que hay que hacer», lamenta la testigo.

Con la misma empresa se encuentran problemas en el proyecto de conexión peatonal entre La Galera y el intercambiador de Tamaraceite, adjudicada en 2016 por 107.200 euros. Aquí la testigo también rechazó firmar las certificaciones porque la obra no estaba terminada y porque el sistema de riego no estaba operativo. «¿Por qué hay aquí excavación que no se ha hecho?», se preguntaba la técnico, «¿por qué se ha metido más dinero? Bien, llego y eso a mí me sienta como una patada porque digo yo, qué hago yo (...) midiendo todo para pagar lo exactamente justo, ni más ni menos, y ahora en una certificación me veo esto emitido. Digo y por qué se ha firmado positiva si el riego no funciona. Habrá que corregir el riego, hacer una negativa y que el riego funcione y entonces se hará positiva».

A ello le responde Más Clemente justificando que estos fallos son producto de la necesidad de acabar los trabajos. «Eso es la consecuencia del retraso en las obras, eso es la consecuencia, nosotros sabemos que lo que llega a final de año nos lo vamos a tener que comer porque perdemos el dinero», le advierte la gerente de Geursa, «¡emite un informe! Que cuando se recibió funcionaba el riego y ahora no funciona». La testigo le respondió en ese momento que el sistema de riego no funcionaba cuando la obra fue recepcionada por lo que no podía considerarse acabada. «Ya, pero es que estamos así, estamos así, ¿vale?», le respondió.

Al final, «Carlos Cabrera firmó por la dicente, por ausencia, lo que ella no quiso firmar porque la obra no estaba acabada, le faltaban unidades de obra por terminar y por tanto no era posible recibirla», según consta en la comparecencia.

Otro de los choques se produjo en el caso de la obra de Divina Pastora, que fue adjudicada a Conypsa por 207.535,19 euros en junio de 2016. La testigo se inclinaba por la resolución del contrato, como sucede finalmente por el rechazo de una técnico del Cabildo de Gran Canaria, que también se negó a efectuar la firma por no estar la otra terminada.

En la reunión del 23 de octubre de 2017, Marina Más le dice que la tercera certificación no puede ser negativa porque supondría la resolución del contrato y, por tanto, la paralización de la obra. «La tercera no es negativa. No existe esa opción. La tercera es el fin último del contrato. No existe la opción, o te la mamas y mientes y dices que sí que era positiva, aunque la tengas guardada en un cajón y dejas a la contrata terminar, ¿vale? Y no iniciamos procedimiento de resolución de contrato, ¿vale? O te resuelves el contrato y no hay más, no hay más, no existe la opción de: no, la tercera te la firmo también negativa, te dejo trabajar, tú termina y además yo inicio el procedimiento de resolución de contrato, eso no existe».

En este caso, de nuevo Carlos Cabrera, el 11 de enero de 2017, «firma un acta de recepción positiva en nombre de Geursa y por ausencia de la directora de obra». Sin embargo, la falta de firma del Cabildo de Gran Canaria obligó a rescindir el contrato.

El último contrato bajo investigación es el de repavimentación de calzadas con mezcla bituminosa en la urbanización del Lasso, que fue adjudicada a Lopesan Asfaltos y Construcciones por 132.355,12 euros en octubre de 2016. Dos meses más tarde, la testigo emitía «una certificación única por valor de 58.632,43 euros», lo que arrojaba un ahorro de 73.722,69 euros, si bien no se había incluido trabajos de betún por valor de 23.256,63 euros, lo que elevaba el gasto hasta casi 81.000 euros, aún por debajo del precio de adjudicación.

La Guardia Civil detalla que el 22 de diciembre de 2016, en el primer día de baja de la testigo, «Carlos Cabrera añade dinero de obra no ejecutada, sustituye la certificación hecha y la firma en nombre de (la empleada de baja) por ausencia, le añade el betún que realmente faltaba, pero además el añade asfalto y pintura, lo cual es incorrecto porque no se hizo y por lo que se ha pagado 9.051,12 euros de más a Lopesan».

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