Los 14 teléfonos móviles y los 24 discos duros que laten bajo el caso Valka

El Ministerio Fiscal solicitó al juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria que se concediera autorización judicial a los funcionarios de la Guardia Civil para el acceso, visionado, copiado y volcado de los datos y comunicaciones de los dispositivos de cuatro de los investigados del caso Valka. En concreto, el escrito del fiscal hace referencia al excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; a la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), Marina Más Clemente; al coordinador de la oficina técnica de Geursa, Carlos Cabrera; al exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y al empresario Felipe Guerra.

Los registros efectuados en las viviendas y en los despachos de estas personas, en el marco de las pesquisas de Valka para esclarecer si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta, permitieron que la Guardia Civil interviniera catorce teléfonos móviles, cuatro tabletas, diez ordenadores, 67 lápices de memoria, ocho tarjetas de memoria, veinticuatro discos duros y un reproductor mp4.

«En el presente caso, es necesario realizar un clonado o volcado, al exigirlo la naturaleza del delito, pues la dinámica comisiva permite inferir que realización de copias lógicas determinaría que muchos datos pudieran quedar sin analizar por haber adoptado el investigado medidas para su ocultación», señala el dictamen del fiscal, «por otro lado, aunque el clonado o volcado podría materialmente realizarse en el propio domicilio o lugar en el que el dispositivo de almacenamiento haya sido hallado, lo que aportaría agilidad a la investigación, lo cierto es que el proceso de copia puede resultar bastante lento y prolongarse más allá de la duración del registro domiciliario, lo que hace aconsejable que la operación se posponga para un momento posterior».

El precepto general establece que no se deben incautar los soportes físicos que contengan datos o archivos que puedan causar un daño a su propietario. Sin embargo, la norma establece dos excepciones: que el soporte sea el objeto del delito o que esté debidamente justificado hacerlo.

«En los hechos investigados en las presentes diligencias previas, los soportes sometidos a la medida habrían sido utilizados como instrumentos para la ejecución de los delitos objeto de investigación y, además, su incautación es precisa para la realización del clonado o volcado de los datos y hallazgo de las comunicaciones cruzadas entre los investigados», detalla el dictamen.

No obstante, para garantizar que no se produce una intromisión en la intimidad de los investigados ajena al procedimiento objeto de las cuatro líneas de investigación descritas en la querella, se solicita que la búsqueda se ciña a los elementos que tengan relación con los delitos que son objeto de investigación, esto es, prevaricación urbanística, falsedad en documento público, prevaricación administrativa, descubrimiento y revelación de secretos, revelación de secretos y/o uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Del estudio de los datos recabados se espera poner en evidencia conductas que «ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social, como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la relevante función pública encomendada a los querellados».

En este sentido, se considera que el análisis de los datos contenidos en los dispositivos de los investigados podrá permitir recabar elementos de cargo sobre las permutas urbanísticas en Tamaraceite Sur que previsiblemente beneficiaron a un empresario y cuya denuncia por parte de la asociación Rehoyas Avanza, sirvieron de punto de partida de la investigación que está amparada bajo el nombre de Valka; y, por otro lado, «esclarecer si estos beneficios están relacionados con el deseo de favorecer intereses privados por las relaciones comerciales con los beneficiarios de las modificaciones urbanísticas adoptadas», así como «el grado de connivencia entre el jefe del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Setién Tamés, la gerente y consejera de Geursa, Marina Más Clemente, y el empresario Felipe Guerra González».

El acceso al entorno virtual de los investigados también se plantea como medida para determinar si los altos cargos de Geursa presionaban a los directores de obra para imponer unidades de obra y modificados irreales, en lo que el fiscal califica como un «artificio idóneo para justificar un incremento de precio en la ejecución de las obras encomendadas por Geursa a empresas adjudicatarias amigas a las que de manera reservada se les prometía un mayor precio en el cobro del importe a lo realmente ejecutado con el límite máximo, eso sí, del importe total concedido en la subvención pública de la obra».

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