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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria afronta su primera sesión plenaria tras la vuelta de las vacaciones. Entre los asuntos de interés que se tratarán en la sesión de este viernes se encuentran diferentes expedientes económicos para permitir el pago de algo más de 4 millones de euros por obras y servicios, así como la retirada de las distinciones con que la ciudad había distinguido al dictador Francisco Franco.
El Pleno también conocerá la renuncia al acta de concejal del hasta ahora responsable municipal de Cultura, Adrián Santana. Su marcha dará entrada en el Salón Dorado a Betsaida Rodríguez.
15:49
El Pleno despidió al concejal de Cultura, Adrián Santana, y abre la puerta a su sustitución, en la próxima sesión de octubre, por parte de Betsaida González.
El último punto del orden del día de la junta de este viernes fue conocer la renuncia del edil, que se produjo este mismo mes por la imposibilidad de «llevar a cabo la política cultural que defiendo para Las Palmas de Gran Canaria y que creo que este municipio necesita». Sus palabras mostraban su discrepancia con la fagocitación del área municipal de Cultura por parte de la fiesta de carnaval.
Su ausencia en el pleno de este viernes hizo que dos mociones de la oposición se decidieran por el voto de calidad de la alcaldesa, Carolina Darias. Cuando se produce un empate (14 a 14, en este caso), se repite la votación y el empate se rompe con el sentido del voto de la persona que ostenta la Alcaldía.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, agradeció a Santana, que también era el concejal del distrito Ciudad Alta, el trabajo realizado en este mandato, su compromiso con la ciudad y el afecto de la Corporación.
También la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, valoró su valentía. Y le pidió a la alcaldesa que explicara los motivos por los que se marchó Santana. Aseguró que la dimisión «no ha sido pacífica» e insistió en que el gobierno está en crisis.
Por el momento, no ha trascendido cómo se reorganizará el gobierno municipal con la entrada de González. Las áreas de Adrián Santana las han asumido, de forma provisional, los concejales Saturnina Santana (Cultura) y Josué Íñiguez (Ciudad Alta).
12:51
Importante
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, compareció este viernes, a petición del PP sobre el caso Valka, una investigación judicial sobre la supuesta existencia de una trama corrupta en las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines. La primera edila recriminó al PP que no acudiera ningún representante en la reunión que se celebró con el resto de portavoces del resto de la oposición. «Poco le importa el caso Valka, solo le interesa el ruido y el fango, ha traído a esta ciudad el fango de Madrid», dijo, «solo pretende sembrar confusión e inquietud, sin importarle las personas».
El PP denunció que sí había estado en un encuentro con el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, pero Darias le contestó que en la reunión convocada formalmente «la portavoz del PP, Jimena Delgado, no estuvo porque no leyó el correo». CC y Vox confirmaron que sí estuvieron presentes en esa reunión: los nacionalistas con el portavoz, David Suárez; y los segundos con el edil Rafael de Juan, ante la imposibilidad de acudir su portavoz, Alberto Rodríguez.
En aquella reunión, el gobierno municipal informó a los asistentes de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se iba a personar en la causa y que iba a revisar los contratos celebrados con las mercantiles del empresario Felipe Guerra (investigado en el caso Valka) y Esvertical, en la que fueron socios el propio empresario y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón.
Al respecto, la alcaldesa detalló que el informe de Contratación concluye que no ha habido adjudicaciones a esta empresa. Hecho esto, se ha pedido un análisis de la compatibilidad de este empleado municipal con el cargo que ostentaba en la empresa privada, algo que está desarrollando Recursos Humanos.
En cambio, sí se han detectado contratos con Guerra Patrimonial, pero siempre en procedimientos abiertos.
Darias esbozó un informe de la Asesoría Jurídica que cerró la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario sobre la investigación en el seno de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa). También aclaró que, puesto que la autoridad judicial no ha adoptado ninguna media, ni siquiera cautelar, y que la investigación es secreta, el Ayuntamiento seguirá defendiendo la presunción de inocencia de todos los investigados. «No tenemos ningún indicio para hacerlo», respondió a la propuesta de quitar de su puesto a los investigados en la cúpula de la sociedad municipal, que defiende el Partido Popular.
«Me llama la atención que pretenda que profundicemos cuando la investigación está bajo secreto sumario», le dijo a Delgado-Taramona, «estamos actuado con la máxima transparencia desde el primer día, no hay más, a pesar de sus pesares, esto trata de dos décadas atrás y vamos a ser prudentes».
Por su parte, la portavoz del PP, Jimena Delgado, criticó que la alcaldesa no se haya manifestado sobre el caso Valka hasta ahora. «Tienen una crisis de gobierno de caballo enorme», expuso en relación a las salidas de los últimos altos cargos y las divergencias respecto a las críticas feministas por la coincidencia del carnaval con el 8M. «Llega con el gobierno roto, dos tramas de corrupción y la ciudad hecha un asco», le dijo.
Criticó que tardara un mes en convocar la junta de Geursa, que calificó como tomadura de pelo, y que se mantenga en su puesto a la gerente, cuando en una investigación similar se quitó al gerente de Sociedad de Promoción. También pidió información sobre los despidos y las indemnizaciones en el seno de Geursa.
12:17
El Pleno ha elevado, con la abstención de Vox, un Manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
El contenido del manifiesto es el que sigue:
EI 23 de septiembre de 2024 se celebró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) manifestamos nuestro compromiso en la lucha contra estas formas de violencia y violación de los derechos humanos. Esta fecha, instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en enero de 1999, se celebra en recuerdo de la promulgación de la Ley 9.143 el 23 de septiembre de 1913 en Argentina, la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.
La explotación sexual y el tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños, son crímenes atroces que destruyen vidas, familias y comunidades. Estas prácticas inhumanas representan una violación flagrante de los derechos humanos y requieren una respuesta contundente y coordinada a nivel local, nacional e internacional, y un rechazo absoluto por toda la sociedad.
Nuestro compromiso debe ser firme y decidido, promoviendo políticas y acciones concretas que contribuyan a la prevención, protección y asistencia a las victimas, así como a la persecución y castigo de los perpetradores de estos delitos.
Reiteramos nuestro compromiso en los siguientes puntos:
Prevención y Sensibilización: Impulsar campañas de concienciación y educación para prevenir la explotación sexual y el tráfico de personas, informando a la ciudadanía sobre los riesgos y las formas de detección de estos delitos.
Protección a las Victimas: Reforzar la colaboración con las entidades del tercer sector para garantizar la protección y mejorar la asistencia integral a las víctimas de explotación sexual y trata, proporcionándoles servicios de apoyo psicológico, legal y social para su recuperación y reintegración.
Fortalecimiento de las Leyes y Políticas: Colaborar con el Gobierno y las autoridades competentes para fortalecer las leyes y políticas que combatan eficazmente la explotación sexual y el tráfico de personas, asegurando que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
En este Dia Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reafirma su compromiso de seguir luchando por un mundo libre de explotación y tráfico de personas. Recordemos que cada acción cuenta y que, juntos y juntas, podemos construir una sociedad mas justa y solidaria.
12:08
Importante
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ratificado la resolución de la alcaldesa, Carolina Darias, por la que se reprograma el plan insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria, dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para las anualidades 2023-2027. El cambio que se aprueba es una redistribución de fondos que sirve para reforzar el programa de construcción y rehabilitación de viviendas sociales. El importe total (83,5 millones de euros) permanece invariable.
Lo que implica este cambio es inyectar 8,72 millones de euros más en la línea estratégica de vivienda, en la que este grupo de gobierno se ha planteado como objetivo la construcción de un millar de pisos para luchar contra el alza de los precios del mercado inmobiliario. En estos momentos, los proyectos puestos en marcha por el Consistorio capitalino son 241 viviendas en régimen de alquiler en Tamaraceite y otros 27 pisos en la calle León y Castillo. A ello se suma la licitación de las obras de cimentación de otras 68 unidades, que también estarán en Tamaraceite.
Los 8,72 millones de euros con que se refuerza ahora la política de vivienda municipal dejan la inversión total en 15,85 millones de euros hasta 2027. Por años, se distribuirá en dos anualidades: 8,92 millones de euros del ejercicio 2023 y 6,93 millones en el de 2024. Aquí se incluyen los gastos correspondientes a las obras de construcción de 148 viviendas protegidas, locales y garajes en Las Rehoyas; y otras 76 que están en el área de renovación y regeneración urbana de Tamaraceite.
Casi la mitad del dinero que se destina a la política de vivienda procede del plan de implantación de la MetroGuagua en Las Palmas de Gran Canaria. Dentro del Fdcan, estaba previsto que se invirtiera en estos años 15,7 millones de euros en el nuevo sistema de transporte de alta capacidad, pero ahora se queda con 11,08 millones de euros.
Estos 4,62 millones de euros que 'pierde' la MetroGuagua se justifican por el hecho de que se ha tenido que paralizar la obra de construcción del túnel bajo el parque de Santa Catalina. Hay que recordar que la necesidad de cambiar el sistema constructivo -para evitar las vibraciones en los edificios del entorno- encareció el proyecto hasta el punto de que hubo que resolver el contrato en vigor. Dentro de los fondos que se mantienen en la MetroGuagua se incluyen los importes correspondientes a los proyectos de los tramos Juan XXIII-Paseo Madrid-Emilio Ley y Vega de San José.
De la mano de la paralización de la obra viene el recorte de fondos al proyecto del desarrollo del parque urbano Santa Catalina-Sanapú. Tenía previsto, en la programación anterior, 7,74 millones de euros, pero ahora se queda con 7,23 millones. Ese medio millón que se quita es el que tenía la anualidad de 2023. «Teniendo en cuenta la paralización del proyecto 'Implantación Carriles MetroGuagua. Paso Inferior de Santa Catalina. Tramo 7' resulta imposible realizar las actuaciones previstas en el entorno de Santa Catalina», recoge la propuesta que firma el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque.
También pierde la línea de construcción de dotaciones culturales, deportivas y otras de proximidad que fomenten la cohesión social (-3,93 millones), que se queda así con 22,44 millones de euros. Dentro de este presupuesto se incluyen proyectos como la construcción del centro de formación para prácticas de tiro e intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, el centro de tecnificación deportiva de San Lorenzo, el pabellón de Jinámar o el campo de fútbol de La Suerte.
El gobierno local aprovecha la reprogramación del Fdcan para reforzar el proyecto de rehabilitación del conjunto arquitectónico del Pueblo Canario, que pasa de los 3,73 millones previstos inicialmente a los 3,85 millones.
Se mantiene invariable la programación del desarrollo del frente marítimo oriental (6,46 millones), el plan director de accesibilidad vertical (2 millones), la red de miradores (3,5 millones), la renaturalización de entornos urbanos (7,92 millones) y la recuperación de ecosistemas naturales, como las charcas de San Lorenzo, con casi un millón de euros.
La toma de conocimiento de la reprogramación del Fdcan fue defendida por el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, explicó que los cambios se limitan a la anualidad de 2023 para justificar el 100% de los fondos. «Esto es un sistema de financiación dinámico», aclaró.
En su opinión, los cambios no anulan las inversiones, sino que se trasladan en función de las dinámicas de las obras y de los expedientes administrativos. «Los fondos no se pierden», aclaró, «tenemos que resolver un problema en el tramo inferior de Santa Catalina y estamos intentándolo, cuando tengamos devuelta la concesión del espacio, lo haremos».
En cuanto a Sanapú, recordó que el Ayuntamiento está pendiente de suscribir un convenio con el Puerto. El proyecto preveía una inversión de 10 millones de euros en base a un ámbito que llegaba al parque de Santa Catalina para cumplir con las esperanzas de recuperar ese espacio para la ciudad. Sin embargo, el cambio de la propuesta del Puerto ha hecho que se redefina toda la actuación y las obligaciones de cada parte en esta parte de la ciudad.
«Que quede claro que ninguna de las obras tiene el nacimiento del problema en la gestión del Ayuntamiento, todo lo contrario, aquí resolvemos todas las afecciones en tiempo y con celeridad», señaló el responsable municipal de Urbanismo.
Por su parte, el concejal del PP Gustavo Sánchez recordó que es la segunda reformulación del Fdcan. «El reparto que se hizo del Fdcan fue injusto con la ciudad», insistió, «representamos el 44% de la población, pero el Cabildo de Gran Canaria convenió con la ciudad la entrega del 21% de los fondos». En su opinión, se debió haber luchado por un mayor reparto en relación con el peso poblacional de Las Palmas de Gran Canaria.
«Estos cambios los hacen para incluir certificaciones de obra de 2023», alegó, «llama la atención el paso inferior de MetroGuagua, con el contrato resuelto, lo que va a requerir un importe superior a los 25 millones de euros». También está en juego, prosiguió, la indemnización a la anterior adjudicataria.
Respecto a Sanapú, que queda en cero euros, advirtió que está retrasando la licitación del traslado de naves humanitarias, «además de las discrepancias entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria».
En cuanto al destino de los fondos en materia de vivienda, recordó que no están acabadas. «Hay mucho que mejorar», dijo.
Para el edil de Coalición Canaria, David Suárez, resulta importante conocer el futuro de la obra de MetroGuagua en el parque de Santa Catalina y el traslado de las naves de ayuda humanitaria en Sanapú, que está paralizado pese al convenio suscrito con Cruz Roja. «Seguiremos viendo el parque levantado y afectará posiblemente al carnaval de 2026», aventuró el concejal.
11:24
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar el tercer reconocimiento extrajudicial de crédito. Gracias a él, se reconoce un total de veinticuatro facturas para su pago, que implicará un desembolso de 744.366,63 euros.
La mayor parte de esta bolsa económica servirá para liquidar la deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Contactel Teleservicios, al que pagará casi 409.000 euros por el servicio de apoyo a la atención telefónica de 2023 y una encuesta de satisfacción de 2022.
También se aclara el procedimiento de pago de unos 230.000 euros a Servisar Servicios Sociales por el servicio de ayuda a domicilio prestado en noviembre de 2023.
El resto de la cuantía habilitada servirá para pagar los servicios de almuerzos y cena en diferentes centros sociales, encargados a Lojman Resorts, por unos 91.000 euros; y el software de gestión de recursos humanos para la administración pública, con casi 11.000 euros, para Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada.
11:13
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar su segundo reconocimiento extrajudicial de crédito: 1,19 millones de euros. Con esta cantidad se hará frente al pago de dos obras de emergencia que se acometieron entre 2022 y 2023, si bien una de ellas no ha finalizado, según confirmó el Consistorio capitalino.
Las dos obras, en concreto, son la demolición de dos bloques de viviendas en Tamaraceite, afectadas por el plan de renovación urbana; y la construcción de un muro de contención en la calle Cantabria, en San José.
La concejala del PP Olga Palacios recordó que el problema de la calle Cantabria se inició en 2021. «Los vecinos están refiriendo que la obra está sin terminar y el suelo está cediendo», informó, «para este gobierno, la obra no parece de emergencia, pero para los vecinos es vital».
Llamó la atención de la adjudicación de la demolición de Tamaraceite a la empresa Guerra Patrimonial FGG, cuyo dueño está siendo investigado en el caso Valka.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, destacó que la responsabilidad del Ayuntamiento es pagar las facturas y tener la deuda al día. «Ahora tenemos que acabar con las deudas», indicó. Desvinculó la obra del caso Valka y defendió que la contratación se adjudica desde la legalidad.
10:59
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria culmina en el pleno de hoy el procedimiento que inició en febrero de este año para reconocer y pagar veintidós facturas por un importe de 972.132 euros.
Con este dinero, se ingresará casi 162.000 euros a Eulen por el funcionamiento de la Escuela Municipal de Educación Musical, entre febrero y mayo de 2023; otros 412.000 euros a FCC Medio Ambiente por el servicio de mantenimiento integral de playas y litorales, prestado entre abril y mayo del presente años; casi 167.000 euros a la unión temporal de empresas que forman Pérez Moreno y LEM Infraestructuras y Servicios, por el mantenimiento de colegios púbicos y otros centros educativos, realizado en junio de 2024; y, el resto, unos 231.000 euros, a Lojman Resorts por los almuerzos y cenas ofrecidas en los distintos centros de acogida de la ciudad entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, insistió en que la deuda pendiente se va a pagar. «Todos los plenos hasta final de año vendrán con reconocimiento de crédito para intentar pagar esos 57 millones de euros de deuda», aclaró. El edil detalló que estos contratos ya tienen una declaración de nulidad y aseguró que hay un procedimiento más ágil porque ya no se tiene que llevar los pagos al Consejo Consultivo. También indicó que hay muchos contratos en licitación, como el de Ciudad de Mar, que está muy avanzado. «Creo que vamos con más de cien contratos en licitación y estamos pagando más rápido a los proveedores».
Por su parte, la concejala del PP María Mas criticó que estos retrasos se deben a la situación de nulidad de algunos contratos, que llevan cuatro años vencidos. «El área de Ciudad de Mar está abandonada», expuso. El PP votó a favor ·porque el que trabaja debe cobrar, pero no pueden seguir sin sacar el contrato«. La edila reclamó más detalle sobre las licitaciones de los contratos, así como los intereses que han generado el retraso en el pago de las facturas.»
El portavoz de CC, David Suárez, expuso que estos pagos se deben a los problemas que existen con los contratos. «Esperemos que las empresas no sigan sufriendo porque tardemos en pagar».
10:46
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado adelante una modificación de crédito por valor de 827.822,97 euros para pagar la obra de canalización del barranco de La Ballena, realizada en 2019 por Almacenes Guanarteme pese a que era un cometido de competencia municipal.
La obra fue realizada por la empresa ante las dificultades económicas que alegó entonces el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La mercantil tenía prisa por que se hiciera esta obra ya que era clave para que pudiera proseguir con la construcción de un edificio en la calle Castillejos, con Vergara y Almansa, con una altura de once plantas. En esta tesitura, Almacenes Guanarteme acordó con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizar la obra y luego pasarle la factura.
Sin embargo, el entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró que almacenes Guanarteme asumía la obra a su costa, lo que hizo que la empresa reclamara el abono de los casi 830.000 euros en los tribunales.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, aseguró que «evitar la judicialización es una premisa de este gobierno».
Desde las filas del PP, Gustavo Sánchez puso sobre la mesa las contradicciones del proceso, sobre todo por el hecho de que el Ayuntamiento siempre dijo que el coste de la obra lo iba a asumir la empresa«.»
El portavoz de CC, David Suárez, lamentó que las empresas tengan que judicializar el pago de las facturas.
10:32
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes la retirada de las dos distinciones que había concedido a Francisco Franco durante la dictadura: el nombramiento de hijo adoptivo, concedido en 1936, y la medalla de oro de la ciudad, entregada en 1969.
La decisión responde a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (hoy de Memoria Democrática), que obliga a retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
En nombre del gobierno, y tras la renuncia reciente del concejal de Cultura, Adrián Santana, defendió la propuesta la edila titular del área, Saturnina Santana. «Esta retirada cumple la legalidad y al mismo tiempo hacemos justicia porque no podemos tener entre sus hijos adoptivos a quien persiguió a otros ciudadanos», argumentó.
La edila exigió al PP su apoyo para cumplir con la legalidad. «Sin memoria, no hay concordia», expuso. En su segunda intervención, recordó su papel de senadora en la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. «Entre el público estaban las asociaciones de memoria histórica y el PSOE les aplaudió porque estábamos cumpliendo con nuestro deber al decir que Franco no merece estas distinciones», relató, «me sorprendería que los abuelos de los concejales de Vox estén tirados en las cunetas».
El edil popular Ignacio García le respondió que había que ser duro y beligerante también con los dictadores vivos, entre los que citó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. «Cuando ustedes se ven acorralados por la corrupción, cuando están nerviosos, sacan el comodín de Franco», señaló. Comparó al PSOE con Franco al «asaltar las instituciones» con los nombramientos del Gobierno de España. «Tienen tics autoritarios que deberían eliminar, se les está poniendo cara de Franquito», abundó.
Vox, por su parte, rechazó la medida. El edil Rafael de Juan Miñón criticó que se usara «el comodín de Franco» para desviar la atención de los casos Valka y Sociedad de Promoción. Considera que la propuesta reabre heridas «y busca la división creando una historia oficial sobre la que no se puede disentir».
«Nunca pediremos a los españoles que condenen a sus abuelos por el bando en el que lucharon en la Guerra Civil», añadió. Cree que la ley trata de «deslegitimar a ciertos partidos como Vox y consagra a la izquierda como defensora de la democracia». En su opinión, responde a un revanchismo que frena la convivencia. «Franco es parte de la historia», justificó el edil para rechazar la retirada de los honores.
El portavoz de CC, David Suárez, apoyó la propuesta. «Nos preocupa que se haga ahora porque desde 2019 esto se quedó parado gobernando también el Partido Socialista», expuso. El concejal nacionalista lamentó el tono del debate
El debate fue cerrado por la alcaldesa, Carolina Darias, con las palabras del inspector de la Policía Alberto Hernández, que fue asesinado en 1936. «Las leyes están para cumplirse», advirtió, «de Vox no esperamos nada nuevo, pero la equidistancia del PP al dictador me ha sorprendido». La regidora socialista consideró una falta de respeto que se les llamara «Franquito» y reconoció que la decisión se tenía que haber traído antes al Pleno.
«Ahora la ciudad es más decente, se reconcilia con los represaliados y sus familias, con la verdad, la justicia y la reparación», expuso, «vamos a seguir defendiendo la memoria democrática y a las víctimas de la dictadura franquista».
Reconoció la labor de los colectivos de la memoria histórica en el despertar de conciencias. «Nos corresponde a todos buscar a quien aún no ha sido encontrado y quitar los vestigios de aquella época para que la memoria no se quede sin memoria y conseguir la reparación». Citó a Saramago: «se empieza con el olvido y se acaba con la indiferencia».
Al final, el PP votó a favor junto a PSOE, NC, USP y CC, y solo Vox se posicionó en contra.
La propuesta de retirada de los honores a Franco culmina una iniciativa que se adoptó en el año 2019. En aquel momento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elaboró un informe sobre la presencia de vestigios franquistas en la ciudad. La recomendación de aquel estudio pasaba por retirar las dos distinciones que ahora se anulan, así como cambiar los nombres de las calles José Calvo Sotelo, Mario César, Jesús Ferrer Jimeno, Juan Saraza Ortiz y la de la plaza García Escámez, así como el del edificio José Antonio (conocido como la casa del coño) y el del salón García Escámez del hotel Santa Catalina, además de las placas de Falange en diferentes edificios.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se declaró incompetente en el caso de Arsenal (por ser un elemento protegido) y en la casa del Coño (por tratarse de un edificio particular). Sin embargo, en el resto sí ha ido actuando .
En cualquier caso, el número de reminiscencias franquistas detectadas en la ciudad por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria difiere mucho de las halladas por parte del Gobierno de Canarias. Hay que recordar que, en 2023, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias actualizó un borrador del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en la ciudad y detectó 72 elementos.
10:03
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el pago del IBI social de 2016 ocho años después. La noticia fue dada a conocer este viernes por parte de la concejala del PP María Amador. Los casi 1.500 solicitantes a los que se le concedió la prestación los 383.303 euros a los que tenían derecho, lo que supone un promedio de 261 euros por contribuyente.
El IBI social es una línea de subvenciones que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó en 2016 para que las familias menos favorecidas pudieran tener una ayuda a la hora de afrontar los gastos de la vivienda habitual.
La iniciativa fue dotada con 1,7 millones de euros, pero no se agotó todo el dinero. Se preveía que de la medida se beneficiarían unos 25.000 contribuyentes, que recibirían una ayuda que iba a oscilar entre los 50 euros y la exención total del recibo del catastro. Sin embargo, el descuento solo llegó a 5.145 vecinos y vecinas (las solicitudes fueron 6.733).
La de 2017 fue la última convocatoria del IBI social. Lo solicitaron 2.738 ciudadanos, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no resolvió ninguna.
Desde entonces, el IBI social se ha ido manteniendo en el plan de subvenciones, pero desde 2018 nunca más se realizó la convocatoria. Eso ha hecho que ese dinero para fines sociales se haya usado para otros fines, como el concierto de Ricky Martin y otros actos culturales en 2016.
Estos datos se conocieron este viernes durante el transcurso del pleno, en el que se aprobó, de manera inicial, la ordenanza específica que rige la concesión de subvenciones destinadas a entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, expuso que la ordenanza mejora en la construcción del sistema social y las condiciones de vida de los vecinos, así como que introduce la mejora continua.
Para la edila del PP María Amador, la nueva ordenanza enriquece la respuesta municipal. «Está bien sacar la ordenanza pero no podemos esperar tanto tiempo a abonar estas subvenciones», indicó, «por fin se va a pagar el IBI social de 2016, por 383.303,16 euros, nunca es tarde si la dicha es buena·»
Desde Vox, Alberto Rodríguez recordó que la praxis del Ayuntamiento en la concesión de subvenciones obvia la concurrencia competitiva. «Solo dos fichas de las 59 del plan estratégico se hizo así, es decir, la mayoría ha sido por concesión directa», expuso, «el 98% de los 40 millones de euros del plan de subvenciones recurre a la vía extraordinaria».
El portavoz de CC, David Suárez, consideró que es un avance «positivo», más allá de que se podría ampliar las beneficiarias de estas subvenciones.
09:31
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria , Francisco Hernández Spínola, adelantó este viernes que la ciudad pagará a la compañía mixta de Aguas, Emalsa, unos 20 millones de euros por la tasa de depuración de años anteriores. A preguntas de Coalición Canaria, Spínola refirió que la tasa de depuración de 2016 se enviará en breve al Consejo Consultivo; y respecto a la del periodo 2022-2024, se abonará también el periodo comprendido entre 2022 y 2023. «Son más de veinte millones de euros de deudas pasadas», adelantó.
«Las cosas con Emalsa están mucho más claras y más que lo van a estar», aseguró, en relación a la reconducción de las relaciones entre las dos partes y los avances en el plan de infraestructuras hidráulicas.
La tasa de depuración se paga para compensar el déficit de explotación que se le genera a Emalsa porque desde 2009 no se actualiza el precio del servicio por el tratamiento de las aguas residuales que genera la ciudad.
En mayo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoció el derecho de la empresa a cobrar la actualización de tarifas en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, lo que ascendía a 13,3 millones de euros.
La tasa vigente en la actualidad es de 0,28 euros por metro cuadrado de agua tratada, cuando debería ser de 0,41 euros.
Este debate se produjo en el punto del orden del día de aprobación de una modificación de crédito por valor de 309.772,31 euros en favor de Emalsa, por el servicio de mantenimiento del saneamiento de la ciudad, prestado entre agosto y noviembre de 2017.
El abono es fruto de una sentencia judicial que pone fin a la reclamación de la mercantil, al obligar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a abonar las facturas.
Emalsa reclamó el pago de 1,67 millones de euros por estos servicios. Lo hizo el 4 de enero de 2019, pero la revisión efectuada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que finalizó siete meses más tarde, rebajó esta cifra hasta los 1,36 millones de euros. Según el análisis municipal, la facturación de la mercantil no era correcta.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 determinó, en marzo de 2024, el convenio de 1998 firmado entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Emalsa fijaba una cuantía mensual fija al año, «desligada de las vicisitudes del servicio». Por eso, la sentencia reconoció que se debía pagar a Emalsa los 1,67 millones reclamados.
La diferencia entre las dos cantidades es lo que se abona ahora, una vez que la sentencia adquirió firmeza en el mes de julio.
Por su parte, el edil del PP Ignacio Guerra, recordó que son facturas de 2017 de las que quedó un resto pendiente. «Volvemos con otra sentencia y con intereses», expuso, «ya hemos pagado este año más de un millón de euros en intereses de demora porque este gobierno paga tarda y mal». El concejal popular criticó que este dinero procede del plan de desratización de la ciudad «porque no se está prestando este servicio»:
El portavoz de CC, David Suárez, expuso que «dado de que se jactan de que se están poniendo al día, todavía quedan muchos pagos pendientes en Emalsa por sentencia».
09:17
La Cuenta General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de pasar por el pleno. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, dio las cifras básicas del ejercicio de 2023, entre las que destaca que, a 23 de septiembre de 2024, solo quedaba por pagar 50.000 euros de los 68,8 millones de euros que estaban pendiente de saldar.
El edil indicó que la cuenta general (que engloba los presupuestos del Ayuntamiento y el de todas las entidades y sociedades municipales) cerró con un superávit de 38 millones de euros, frente al déficit de 7,3 millones de euros de 2022.
Es la primera vez en diez años que la Cuenta General se cierra en plazo. «Esto nos da certeza y seguridad», dijo el edil.
Los números contaron con la aprobación del PP, pero no estuvo exenta de crítica. El concejal Diego López-Galán aseguró que estos datos no reflejan la «crisis de gobierno» que, en su opinión, padece el tripartito actual. Para él, el cumplimiento de los plazos a la hora de entregar la cuenta «no es motivo de alegría».
Al final, la alcaldesa Carolina Darias cerró el debate recriminando al PP que hablara poco de la Cuenta General. «Este gobierno sigue trabajando, zozobra, ninguna, y eso es lo que les duele, pero les queda para rato», sentenció.
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