Más de un año para pagar dos obras de emergencia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsará en el pleno de este viernes dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, por valor de 2,16 millones de euros, con los que poder pagar 80 facturas correspondientes a obras y servicios que se vienen tramitando entre 2019 y 2024.

En la relación de facturas incluidas en los dos expedientes se incluyen los recibos de obras de dos actuaciones declaradas de emergencia: una es la referida a la demolición de dos edificios del plan de reposición de Tamaraceite, que se inició el 24 de enero de 2023 y fue acabada el 4 de septiembre de ese mismo año, por un importe de 261.365 euros; y la otra es la de reconstrucción de un muro de contención en la calle Cantabria, que se inició el 31 de octubre de 2022 y que todavía no ha sido acabada. Esta segunda obra fue presupuestada en 1,56 millones de euros, si bien ahora se paga 894.105 euros por las facturas giradas por la adjudicataria entre marzo y diciembre de 2023.

La actuación en Tamaraceite se decidió tras la visita de los técnicos de la sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) a los edificios de la calle Fray Luis de León, 2 y 4. En el informe que se evacua tras la inspección, se concluye que los exteriores de los edificios «reflejan importantes problemas de salubridad con vertidos fecales directos al dominio público y humedades en sus fachadas, además se observan fisuraciones generalizadas de los petos de cubierta, pudiendo existir un peligro de caída de alguno de sus elementos».

En cuanto al interior de los bloques, se detectó «tabiques de carga muy dañados y forjados que se encuentran en unas condiciones muy deficientes, que presentan roturas y fisuraciones muy significativas, indicativas de una pérdida parcial de su función resistente». En otro momento del informe se habla de la posibilidad de que los tabiques de carga podrían sufrir un colapso estructural.

El ingeniero de Geursa concluye entonces que tanto para los usuarios de los edificios como para los peatones se hace necesaria la declaración de obra de emergencia. Solo diez días más tarde se inician las obras de demolición. Se encargó a la mercantil Guerra Patrimonial FGG -cuyo empresario está investigado en el caso Valka-, que acabó los trabajos en septiembre de 2023.

En paralelo, el Ayuntamiento impulsó una modificación de crédito, por valor de 2,04 millones de euros, para habilitar la partida con la que financiar ésta y otras obras.

Sin embargo, en marzo de 2024 se produce el primer revés. Intervención devuelve la factura porque carecía de certificación de obra y porque el acta de recepción no contenía la firma de la propia Intervención.

Ante eso, Urbanismo emite un informe en el que da fe de que los bloques han sido demolidos, pero Intervención insiste en que se aporte un acta de comprobación material de la inversión, entre otros documentos.

Estos son aportados, pero Intervención sigue considerando que la información facilitada es insuficiente, de ahí que acabe poniendo un reparo al gasto, ya en julio del presente año.

Como ese reparo no se puede levantar, Urbanismo propone la impulsión de un reconocimiento extrajudicial de crédito pro valor de los 261.366,98 euros que costó la demolición. La decisión viene avalada por los servicios jurídicos con el argumento de que se evita así un enriquecimiento injusto de la administración y se evita que la empresa tenga que recurrir a la justicia para cobrar los trabajos realizados.

Algo similar ocurre con los trabajos realizados en la calle Cantabria, en el barrio de San José. Tras el paso de la tormenta tropical Hermine en 2022, se desmoronó parte del muro que sustentaba el vial peatonal. Los daños no solo ponían en peligro a acera sino también las viviendas colindantes.

El 3 de octubre, Geursa propone la realización de una actuación de emergencia entre los números 32 y 48 de la calle Cantabria y se encarga la obra a la empresa Técnicas Operativas Canarias , por un importe de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Sin embargo, el retraso de la obra hizo que Intervención reclamara una justificación de los trabajos realizados. «La obra tendría que haber finalizado el 30 de abril de 2023, sin embargo existen certificaciones indicando que la obra se ha seguido ejecutando, como mínimo, hasta el mes de noviembre de 2023, desconociéndose, de la documentación aportada al expediente, si finalmente la obra ha finalizado o no, y desconociendo cuándo se comenzó, ya que la primera certificación data del mes de febrero de 2023». E insiste en su petición en abril de 2024, después de haber recibido una serie de documentos de Urbanismo.

La Unidad Técnica de Control de Urbanizaciones le responde entonces que «no existía en el momento de inicio de la ejecución de las prestaciones un plan de obra con previsión del tiempo y coste».

Sin embargo, a Intervención no le valen estas explicaciones porque en marzo de 2023 se señalaba que la obra estaría terminada en octubre de ese año, pero también porque se incumple la ley, que fija un plazo de un mes para iniciar la obra. En este caso, el comienzo de los trabajos es cuatro meses después de declararse la emergencia. Por eso, también pone un reparo al abono de diez facturas, que suman 894.105 euros.

De nuevo, como en el caso de Tamaraceite, Urbanismo aceptó el reparo, propuso su pago con un reconocimiento extrajudicial de créditos y los Servicios Jurídicos avalan el pago para evitar un enriquecimiento injusto.

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