Fachada de la vieja comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas. / ARCADIO SUÁREZ

El tapiado de la vieja comisaría de Miguel Rosas, tras su desalojo

El alcalde responde al PP que la actuación del Ayuntamiento depende de que la autoridad judicial ordene el lanzamiento

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, rechazó este miércoles que el Ayuntamiento pueda actuar en la vieja comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas, tal y como solicitó el Partido Popular. Pese a las quejas vecinales por los ruidos, las peleas, agresiones y el consumo de droga que se produce en el interior del inmueble, el regidor socialista aseguró que «dependemos de la autoridad judicial» porque «hay personas que han defendido que es una morada y, por tanto, es un derecho constitucional que debe ser protegido». El primer edil detalló que «no podemos entrar en una entidad privada. Ha habido un lanzamiento para ser desahuciados pero se han paralizado porque (el procedimiento) es garantista respecto de los derechos de las personas que están ahí». Eso sí, Hidalgo aclaró que siempre que se detectan situaciones puntuales que puedan ser delictivas, se actúa por parte del Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con la Policía Local.

El alcalde aseguró que «en cuanto se produzca el lanzamiento, actuaremos precintando las instalaciones». Y mientras tanto, se mantendrá un refuerzo especial de seguridad en el entorno de la calle Doctor Miguel Rosas «para que las molestias a los vecinos sean las mínimas posibles».

También indicó que hay que ser cuidadosos en estos casos porque hay que «evitar picarescas que hagan que la autoridad judicial vaya aplazando los lanzamientos». E insistió en que «no podemos entrar por la fuerza a no ser que haya un delito flagrante».

Respecto a la petición del viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, quien defendió el precinto inmediato del inmueble, basándose en los informes de bomberos y policías en los que se alertaba del riesgo para moradores, vecinos y trabajadores de emergencia, el alcalde lo rechazó. «Eso es falso y la oposición lo sabe. Somos conocedores de trifulcas, menudeo y situaciones de consumo de droga, pero unos señores han acudido con un abogado y han dicho que son moradores del inmueble y por tanto el derecho constitucional a la vivienda tiene que ser protegido, el juez nos impediría entrar», expuso. Hidalgo dijo que las críticas del PP respondían a una situación de «oportunismo político».

Como ejemplo de que no se puede actuar al margen del dictamen judicial, Hidalgo recordó el desalojo de un edificio municipal en Triana. «Tuvimos que entrar con la autorización del juez porque había menores, esto no se puede hacer a las bravas sino garantizando los derechos de los ciudadanos y este es un derecho que está por encima incluso del derecho al descanso, que es a la vivienda.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria se mostró optimista respecto a la posibilidad de que el lanzamiento judicial se pueda realizar en los próximos días.