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Tras el abordaje de la prostitución desde el punto de vista urbanístico, la modificación de las normas pormenorizadas del Plan General de Ordenación, que será sometida a votación el próximo viernes en el pleno, también afectará al negocio de las viviendas vacacionales.
La nueva regulación apunta al modelo de negocio que más conflictos puede generar esta nueva categoría económica, que es cuando convive con el uso residencial en el mismo edificio. Para este caso, el planeamiento remite a las ordenanzas municipales de edificación, en la categoría de alojamiento turístico. «Por tanto, dichos establecimientos deberán estar situados por debajo de la planta de viviendas, con independencia de éstas, y el acceso y salida de dichos locales se hará sin utilizar para ello escaleras, ascensores o portales de acceso a las viviendas», tal y como recogen las normas urbanísticas.
Además, se exige una plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta metros cuadrados de superficie edificada. Y el Ayuntamiento se reserva el derecho a exigir la disposición de una zona de carga y descarga en la parcela del edificio, es decir, fuera del espacio público, «cuando las previsiones de afluencia de vehículos generados por este uso pudieran dar origen a concentraciones de éstos». De hecho, la ordenanza municipal de edificación contempla la posibilidad de denegar la autorización de la actividad en caso de que se generen problemas de acceso por este motivo.
La aplicación estricta de la norma podría poner en jaque el panorama de la vivienda vacacional en la capital grancanaria ya que en la mayoría de los casos no se podrá cumplir con los requisitos de tener acceso independiente, ni el de estar por debajo de las viviendas residenciales cuando coinciden los dos usos en el mismo edificio.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, lamentó en todo caso, la falta de capacidad inspectora que tiene el Consistorio capitalino. «Cuando tengamos capacidad de inspección podremos regularizar la situación», expuso. El edil reconoció que el Consistorio desconoce a ciencia cierta el número de viviendas vacacionales que hay en la ciudad porque el registro se hace en el Cabildo de Gran Canaria «y el Gobierno de Canarias no habilitó los mecanismos necesarios para la transmisión de la información».
El Ayuntamiento desconoce «qué viviendas vacacionales cumplen con los requisitos» que va a exigir el Plan General de Ordenación a partir de ahora. «Estamos inspeccionando las páginas web y estudiamos la posibilidad de dirigirnos a ellas para comprobar cuáles están autorizadas, cuáles tienen licencias...», añadió el concejal de Urbanismo, quien en todo caso entiende que «regularizadas debe haber muy pocas».
«Si el edificio entero es de viviendas vacacionales no habrá problemas», añadió. Y dijo que este tipo de situaciones suele concentrarse en las calles traseras de la playa de Las Canteras.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ángel Sabroso, aseguró que «la aplicación de estas normas se carga casi el cien por cien de la actividad de vivienda vacacional que se desarrolla actualmente en Las Palmas de Gran Canaria». El edil considera que se ha cometido un «error» al redactar las nuevas normas urbanísticas del Plan General «sin tener en cuenta la realidad de este sector económico».
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