Espadas en alto ante el nuevo decreto del alquiler vacacional

20/05/2018

La inminente presentación del decreto regulador de las viviendas vacacionales en Canarias ha puesto en guardia a quienes exigen un alto nivel de restricciones a la actividad, liderados por Ashotel, y quienes como Ascav defienden el derecho de los propietarios a prestar este servicio en un mercado de libre competencia

La inminente presentación del borrador del nuevo decreto regulador del alquiler vacacional en Canarias ha puesto en guardia a quienes defienden posturas irreconciliables, y básicamente divide a sectores que ven en esta modalidad de alojamiento una amenaza para el modelo turístico tradicional, y los que, por contra, reivindican el derecho de los propietarios de viviendas a prestar este servicio, puerta con puerta, con la oferta hotelera.

La patronal de los hoteleros de Santa Cruz de Tenerife Ashotel, confía en que la norma canaria –cuyo contenido será presentado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a principios de esta semana– imponga un alto nivel de restricciones, de forma que, por ejemplo, se prohíban, en general, las viviendas vacacionales en suelo autorizado para el uso turístico. También quieren que se exija la autorización expresa de las comunidades de propietarios para desarrollar la actividad y evitar así conflictos entre los vecinos y los turistas.

El propio consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha dado a entender en las últimas semanas que la normativa que sustituirá el Decreto 113/2015 fijará, como punto de partida, la exclusión general del alquiler vacacional de las zonas turísticas, aunque permitirá a cada Cabildo y a los ayuntamientos establecer a través de sus instrumentos de ordenación sus propias excepciones para permitir la actividad en espacios residenciales, turísticos o mixtos, en función de sus modelos turísticos y sus capacidades.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ve con buenos ojos estas limitaciones, aunque prefieren esperar a que «leer la letra pequeña del decreto para valorar si realmente se cumplen las expectativas».

Pero la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), advirtió ayer que establecer una restricción de este calibre y dejar en manos de cada una de las corporaciones insulares y municipales los límites de la actividad sería «una prohibición encubierta» ante la que responderán «con contundencia». «Si consideramos que el decreto vulnera los derechos legítimos de los propietarios no nos temblará el pulso para volver a los tribunales», aseguró ayer Borrego en declaraciones a este periódico.

«Espero que no se cometa de nuevo el error de prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas y mixtas, una restricción que atenta contra la libertad de empresa, tal y como ha quedado demostrado en las cuatro contundentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que acumula el decreto regulador del alquiler vacacional de 2015.

Borrego recordó que «hasta la patronal hotelera Feht Las Palmas apoya esta postura que preside José María Mañaricua. Este último se conformaría conque la nueva regulación garantice que las viviendas vacacionales están sometidas a las mismas reglas del juego que el resto de la oferta, de forma que cumplan con el pago de impuestos o que su actividad se desarrolle al amparo del convenio de hostelería.

La representante de Ascav espera además que el borrador del decreto recoja una clara diferenciación entre los propietarios particulares y las empresas que quieran invertir en esta modalidad turística, una reivindicación que elevó a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes el pasado año, durante el periodo de consulta pública previo a la elaboración del borrador de decreto. «No se pueden exigir las mismas normas a una familia que quiere obtener unos ingresos con una propiedad que a inversores, fondos buitres o empresas que quieren dedicarse masivamente a la explotación turística a través del alquiler vacacional», matizó Borrego.