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El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, confía en que la normativa canaria para regular el alquiler vacacional que debe sustituir a la aprobada a finales de la anterior legislatura autonómica –en 2015–, «no sea tan restrictiva como la balear», porque, afirma, acabaría siendo contraproducente para el destino. El ayuntamiento de Palma se ha ampararado en la Ley de Turismo aprobada el verano pasado por el Parlament balear para plantear que se prohiba alquilar a turistas viviendas ubicadas en los edificios plurifamiliares de todo el municipio. Esta propuesta de zonificación, que se llevará al próximo pleno, «trata de priorizar el acceso a la vivienda de los residentes y trabajadores».
La Ley de Turismo balear recoge que corresponde a los consells insulars y al consistorio de la capital balear el establecimiento de qué modalidades de alquiler vacacional se permiten en cada zona. Y además, establece, como regla general, la prohibición de arrendar pisos a turistas.
Mañaricua considera que imponer esta prohibición en Canarias sería un «grave error porque la actividad se seguiría desarrollando dentro de la economía sumergida»: «No podemos obviar que existe una demanda turística para esta tipología de alojamiento, por lo que hay que regularla para que paguen sus impuestos, y operen dentro del convenio de hostelería».
Pero Mañaricua entiende que la regulación debe contemplar la posibilidad de fijar ciertos límites en determinadas zonas de los municipios turísticos donde existan problemas de acceso a la vivienda para la población residente. «En ningún caso hablamos de prohibir el alquiler vacacional, sino de que la oferta vacacional no supere un determinado porcentaje respecto al uso residencial, en la línea de lo que baraja el Gobierno de Canarias», añade el hotelero.
La Consejería de Turismo del Gobierno canario ultima el borrador del nuevo decreto regulador, y el responsable de este departamento, Isaac Castellano, ha insistido en que «serán los cabildos y ayuntamientos quienes podrán definir estándares de implantación del alquiler vacacional».
El vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), y asesor jurídico de la misma, Javier Valentín, rechazó ayer de plano la propuesta del ayuntamiento de Palma de prohibir esta actividad en los edificios plurifamiliares: «Quiere excluir a sus vecinos y a los pequeños propietarios de los beneficios del turismo para que sigan en manos de los de siempre».
Escasez de vivienda. El representante de Ascav insistió en que la escasez de vivienda «no se puede atribuir al alquiler vacacional». «La falta de promoción de vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias desde hace años, o los centenares de pisos vacíos en edificios terminados o a medio construir en manos de bancos y fondos de inversión juegan un papel fundamental en la falta de vivienda en determinadas zonas.
El 9% del mercado. En 2017, un 79,4% de los turistas se alojó en hoteles y apartamentos en Canarias, un 9,2% en viviendas de alquiler vacacional, un 7,7% en casas de familiares o amigos, u otros alojamientos, y un 2,3% en inmuebles en propiedad. De los 15.975.511 turistas que eligieron Canarias, casi 1,5 millones escogieron las viviendas turísticas, lo que supuso un aumento del 13,76% respecto a 2016,
Al alza. En Canarias se ha pasado de las 29.931 viviendas vacacionales publicadas en 2016 en los principales portales de Internet, a 31.675 en 2017, lo que ha supuesto un aumento del 5,83%. Menor ha sido el aumento en la oferta de camas de esta modalidad turística, que ha pasado de las 129.685 publicadas en 2016 a las 131.032 del año anterior, un 1% más, según el último estudio del Gobierno canario.
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