El juzgado decreta la suspensión cautelar de la licencia de obras de las torres del Canódromo

El auto suspensivo, contra el que cabe recurso, toma como base la sentencia -ya recurrida- del juzgado de lo Contencioso 5, emitida en julio de este mismo año, que dio la razón a la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec y que anuló el premiso de obra concedido a Realia en 2006 y que, posteriormente, fue prorrogado en 2008. Los ecologistas denunciaron en cuanto Realia retomó la construcción de los edificios, en 2019.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consideraba que la licencia de obra en vigor, concedida en 2020, gozaba de toda validez porque no surgía del planeamiento anulado de 2000, 2003 y 2005, anulados por sentencias judiciales, sino del vigente, el de 2012.

El auto de medidas cautelares ataca ahora esta interpretación. «Resultando indiscutido que las determinaciones urbanísticas del Canódromo, dispuestas por el Plan General de 2012, son las mismas y traen causa de las establecidas en el Plan General de 2005 y el Plan Especial de 2003, y sirvieron de base para la concesión de la nueva licencia urbanística concedida en la parcela del Canódromo, aquí impugnada, existe un principio de prueba de apariencia de buen derecho que evidencia suspender la ejecución de los efectos de la misma», detalla la magistrada Sagrario Tovar de La Fe.

Los vecinos entendían que las determinaciones urbanísticas del Canódromo contenidas en el Plan General de 2012 son las mismas que la dispuestas por el Plan General de 2005 y el Plan Especial de 2003, por lo que «al declarar su nulidad el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 (...) concurre la apariencia de buen derecho de que la licencia que aquí se impugna -dictada al amparo de tal planeamiento- es igualmente contraria a derecho».

También alertaron del riesgo que, para las arcas públicas, pueda suponer el mantenimiento de las obras si al final del proceso se determina que la ciudad debe indemnizar a Realia por no poder vender las viviendas. «Las obras de las torres del canódromo (...) en su día deberán ser demolidas, por lo que su crecimiento y consolidación dificultaría muchísimo la ejecución de una eventual sentencia estimatoria de la demanda, además de aumentar el daño que la Administración debería indemnizar al promotor afectado», expone el abogado de Avecalta, Yeray Alvarado, en el recurso que ahora atiende el juzgado.

«Se está en el caso de acceder ala suspensión cautelar interesada por existir una apariencia de buen derecho a favor de la recurrente en su reclamación contra la licencia urbanística impugnada, y que el interés público también aconseja ante unas determinaciones urbanísticas que ya han sido objeto de un pronunciamiento judicial conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo», firma ahora la jueza.

La historia de esta parcela, situada en las calles Henry Dunant y Obispo Romo, arranca en el año 2002, cuando el Ayuntamiento firma un convenio con la empresa Urbacan. Esta cedía el suelo que hoy ocupa el parque del Canódromo, y la ciudad le entregaba tres solares: uno junto al Negrín, valorado algo más de tres millones de euros; otro en Las Torres, de 2,6 millones; y un tercero en Almatriche, tasado en 2,5 millones. Tras su adquisición, Urbacan vendió la finca del Negrín a Realia por 7,5 millones de euros; y la de la esquina de Schamann, también a Realia por siete millones.

La operación, denunciada en 2004 por la asociación de vecinos Ciudad Alta, originó una larga batalla judicial en la que queda vivo el proceso sobre las licencias de obra.