Imagen de las dos torres del Canódromo. / Arcadio Suárez

El juzgado decreta la suspensión cautelar de la licencia de obras de las torres del Canódromo

La jueza atiende la petición de la asociación de vecinos Ciudad Alta, que argumenta que la ordenación procede de planes anulados

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de la capital grancanaria ha emitido un auto por el que se suspende, de manera cautelar, la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento a la empresa Realia en 2020. En virtud de este permiso, la empresa retomaba su intención de finalizar la construcción de dos bloques de catorce plantas de altura que se han erigido en Schamann y que darán cobijo a 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 cuartos trasteros.

El auto suspensivo, contra el que cabe recurso, toma como base la sentencia -ya recurrida- del juzgado de lo Contencioso 5, emitida en julio de este mismo año, que dio la razón a la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec y que anuló el premiso de obra concedido a Realia en 2006 y que, posteriormente, fue prorrogado en 2008. Los ecologistas denunciaron en cuanto Realia retomó la construcción de los edificios, en 2019.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consideraba que la licencia de obra en vigor, concedida en 2020, gozaba de toda validez porque no surgía del planeamiento anulado de 2000, 2003 y 2005, anulados por sentencias judiciales, sino del vigente, el de 2012.

El auto de medidas cautelares ataca ahora esta interpretación. «Resultando indiscutido que las determinaciones urbanísticas del Canódromo, dispuestas por el Plan General de 2012, son las mismas y traen causa de las establecidas en el Plan General de 2005 y el Plan Especial de 2003, y sirvieron de base para la concesión de la nueva licencia urbanística concedida en la parcela del Canódromo, aquí impugnada, existe un principio de prueba de apariencia de buen derecho que evidencia suspender la ejecución de los efectos de la misma», detalla la magistrada Sagrario Tovar de La Fe.

Los vecinos entendían que las determinaciones urbanísticas del Canódromo contenidas en el Plan General de 2012 son las mismas que la dispuestas por el Plan General de 2005 y el Plan Especial de 2003, por lo que «al declarar su nulidad el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 (...) concurre la apariencia de buen derecho de que la licencia que aquí se impugna -dictada al amparo de tal planeamiento- es igualmente contraria a derecho».

También alertaron del riesgo que, para las arcas públicas, pueda suponer el mantenimiento de las obras si al final del proceso se determina que la ciudad debe indemnizar a Realia por no poder vender las viviendas. «Las obras de las torres del canódromo (...) en su día deberán ser demolidas, por lo que su crecimiento y consolidación dificultaría muchísimo la ejecución de una eventual sentencia estimatoria de la demanda, además de aumentar el daño que la Administración debería indemnizar al promotor afectado», expone el abogado de Avecalta, Yeray Alvarado, en el recurso que ahora atiende el juzgado.

«Se está en el caso de acceder ala suspensión cautelar interesada por existir una apariencia de buen derecho a favor de la recurrente en su reclamación contra la licencia urbanística impugnada, y que el interés público también aconseja ante unas determinaciones urbanísticas que ya han sido objeto de un pronunciamiento judicial conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo», firma ahora la jueza.

La historia de esta parcela, situada en las calles Henry Dunant y Obispo Romo, arranca en el año 2002, cuando el Ayuntamiento firma un convenio con la empresa Urbacan. Esta cedía el suelo que hoy ocupa el parque del Canódromo, y la ciudad le entregaba tres solares: uno junto al Negrín, valorado algo más de tres millones de euros; otro en Las Torres, de 2,6 millones; y un tercero en Almatriche, tasado en 2,5 millones. Tras su adquisición, Urbacan vendió la finca del Negrín a Realia por 7,5 millones de euros; y la de la esquina de Schamann, también a Realia por siete millones.

La operación, denunciada en 2004 por la asociación de vecinos Ciudad Alta, originó una larga batalla judicial en la que queda vivo el proceso sobre las licencias de obra.

Perspectiva de las torres desde el parque. / C7

Realia no se opuso pero el Ayuntamiento sí lo hizo

El auto judicial que determina la suspensión cautelar de la licencia de obras concedida a Realia para construir las dos torres del Canódromo refleja que si bien la constructora no se opuso a la petición vecinal, sí lo hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Consistorio defendió que en este caso debía «primar el interés general así como la ejecutividad de los actos administrativos que se presumen válidos, y además el interés de los promotores de las viviendas, seriamente perjudicados a raíz de la enorme litigiosidad en que se ha visto envuelto ese ámbito». Además, ataca la línea de argumentación de la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) por entender que se basa en una sentencia -la que gana Ben Magec en julio de este año y que declara la nulidad de las licencias de 2006 y 2008- no firme. Además, considera que no han sido acreditados «los perjuicios de difícil o imposible reparación» que le supondría la no suspensión de la licencia.

En cambio, la entidad Realia Business optó por no oponerse a la medida de suspensión planteada por Avecalta «al ponerse en entredicho, una vez más, la legalidad del instrumento que justifica la inversión comprometida». Para la empresa resulta «absolutamente necesario gozar de la absoluta certeza y seguridad jurídica que avale la continuidad y viabilidad del proyecto, sin que la suspensión en el desarrollo de las obras, en ningún caso, se deba calificar como abandono de las mismas».

A partir del auto de suspensión cautelar del permiso de obra se conoce también que Realia va a presentar un recurso contra la sentencia que anuló la licencia a petición de Ben Magec.