Los vecinos proponen que se revise de oficio el Plan General en el Canódromo

Los vecinos no entienden que el concejal de Urbanismo del Consistorio capitalino, Javier Doreste, señale que está en contra de esta operación urbanística pero nunca haya tratado de frenarla bajo el argumento de que se trata de una actuación legalizada por el Plan General.

Desde Avecalta se apunta que el Consistorio «está mal asesorado» y se recuerda al grupo municipal de gobierno que podría aplicar el artículo 106.2 de la Ley 39/2015, que recoge que «en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas».

Se trata de una iniciativa que no pueden pedir los particulares y que, en opinión del colectivo vecinal, no generaría mayor problema en conseguir el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Canarias.

Las determinaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el uso residencial del Canódromo están anuladas porque el Tribunal Supremo tumbó la ordenación incluida en el Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 y en el Plan Especial de Ordenación del Canódromo del año 2003. Y, recientemente, el juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de la capital grancanaria ha anulado también el planeamiento de 2005, a instancias de la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec-Ecologistas en Acción, por considerarlo como una mera reproducción del plan de 2000, que abrió la puerta a la construcción de dos torres de catorce plantas de altura, con 120 viviendas en un área de edificabilidad agotada y sin la justificación pertinente.

Avecalta entiende que el mismo destino debe sufrir el Plan General de Ordenación de 2012, ya que heredó las determinaciones del de 2005. Y por eso, ha formalizado una demanda en la que se solicita al juzgado la anulación de la licencia de obras otorgada a Realia, mediante una resolución municipal firmada el 14 de mayo del año pasado. De manera subsidiaria, también se pide a la justicia la anulación de las determinaciones urbanísticas contenidas en el plan de 2012 y en la modificación de las normas urbanísticas aprobada en 2020.

«El Ayuntamiento tiene recursos para parar la operación pero no quiere hacerlo», resume el representante legal de Avecalta, «siempre fue una cuestión de voluntad política».

Y es que los vecinos no entienden que el concejal de Urbanismo asegure que fuese «una operación de especulación del Partido Popular» y que haya repetido en diversas ocasiones que la construcción de estas dos torres en Ciudad Alta era «un disparate» por los problemas de movilidad y la congestión en los equipamientos que puede generar en esta parte de la ciudad.

Para ellos, tampoco tiene validez que se mantenga la operación urbanística porque la anulación de la actuación puede suponer una indemnización millonaria a pagar por parte del Ayuntamiento. Alvarado recuerda que el grupo municipal de gobierno perdió la oportunidad de declarar la caducidad de la licencia de obra «para zafarse de la indemnización», puesto que la obra «se paró por causas imputables al promotor».