El Ayuntamiento considera que la licencia del Canódromo es válida y la obra tiene que seguir

Así lo entiende, al menos, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, quien asegura que «la sentencia anula la licencia que concedió el Partido Popular en una operación especulativa con la que este gobierno nunca estuvo de acuerdo».

El edil detalló que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5, que da la razón a la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec-Ecologistas en Acción, «no tendrá efectos» en el ritmo actual de las obras porque «el PP modificó en 2012 el Plan General para que el edificio del Canódromo fuera legal».

En todo caso, hay que recordar que la decisión de incluir la operación en el planeamiento fue del Partido Socialista, que en 2011, en la adaptación de la normativa urbanística a las leyes de ordenación del territorio, decidió hacer depender la solución de esta parcela al futuro pronunciamiento del Tribunal Supremo, ante el temor de que su eliminación supusiera que la ciudad tuviera que pagar una indemnización millonaria a la constructora.

Aquella determinación fue una de las claves que terminó por dinamitar el pacto de gobierno que mantenían el Partido Socialista de Jerónimo Saavedra y el grupo municipal de Compromiso, que lideraba por entonces Nardy Barrios.

El Plan General siguió entonces su tramitación con los votos a favor del PSOE y obtuvo su aprobación definitiva a fines del año 2012, cuando era alcalde de la ciudad Juan José Cardona, del PP.

Siguiendo su línea argumental, Javier Doreste aseguró que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no podía oponerse a la concesión de la licencia porque «no se ha recurrido el Plan General de 2012» y porque se trata de un acto reglado, es decir, que la administración no puede negarse si la petición se ajusta a la normativa vigente.

«El PP hizo esa operación especulativa y la dejó atada en el Plan General de 2012, que nunca se recurrió», insistió el edil.

Doreste no aclaró si el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia que anula la licencia de obras de 2006 y su prórroga de 2008. «Lo tendrán que decidir los servicios jurídicos», expuso, «por coherencia, se suele recurrir pero en este caso no tiene importancia porque la obra está legalizada».

Tampoco la empresa Realia se quiso pronunciar al respecto. La constructora contestó de modo parcial, a través de un correo electrónico, los requerimientos de información realizados desde este periódico. «A fecha de hoy, los servicios jurídicos de Realia están estudiando la sentencia a la que alude y sus implicaciones», explicaron por escrito, «en todo caso, Realia defenderá sus intereses y los de sus accionistas y clientes en todos los ámbitos que sea necesario».

Doreste no valoró la posibilidad de que el plan de 2012 pueda ser impugnado por contener la ordenación que ya fue anulada en 2000 para el Canódromo.