El juzgado declara nula la licencia de obra del Canódromo

La sentencia del magistrado Ángel Teba, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, da la razón a la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec-Ecologistas en Acción, que denunció las obras en cuanto Realia retomó la construcción de los edificios, en 2019.

El argumento utilizado en su recurso por parte de la federación Ben Magec es que la licencia de obra concedida por el Consistorio capitalino fue otorgada con base en el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 y en el Plan Especial de Reforma del Canódromo de 2003, cuyas determinaciones fueron anuladas por el Tribunal Supremo en 2014.

«Siendo nulas las determinaciones urbanísticas del Plan General de 2000 y el Plan Especial de 2003, en base a las cuales se otorgó la licencia al proyecto reformado el 22 de noviembre de 2006, también lo es la propia licencia», argumenta el abogado de los ecologistas, Antonio Hernández, «lo mismo que sucede con su prórroga de 5 de noviembre de 2008, en tanto que la prórroga de un acto ilegal es igualmente ilegal, por la conocida como doctrina de los actos encadenados o del fruto del árbol envenenado».

La sentencia no tendrá consecuencias directas en los trabajos que se están desarrollando en el solar del Canódromo en estos momentos ya que las obras actuales tienen el amparo de la licencia que le concedió el actual grupo de gobierno el pasado año.

Sin embargo, su alcance puede ser mayor porque el recurso de Ben Magec-Ecologistas en Acción puede representar una impugnación indirecta del Plan General de 2005. «En lo que aquí interesa, el Plan General de Ordenación Urbana de 2005 no es más que un remedo del de 2000, anulado judicialmente», asegura el juez. Y ello porque el planeamiento de 2005 reproduce la ordenación del documento de 2003, que fue anulado por el Supremo. Por tanto, dice la sentencia conocida este martes, «sigue sin justificarse el por qué de un incremento de edificabilidad en un área que la tiene agotada y sin que la remisión al Plan Especial de 2003 logre salvar tal obstáculo».

Y concluye que «el Plan General de Ordenación Urbana de 2005 adolece de los mismos defectos que condujeron a la nulidad del Plan del 2000 en lo que se refiere a la ordenación el Canódromo, razón por la cual debe prosperar la impugnación indirecta que realiza la parte recurrente y, en definitiva, la declaración de nulidad de las licencias recurridas».

La historia de esta parcela, situada en las calles Henry Dunant y Obispo Romo, arranca en el año 2002, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria firmaba un convenio con la empresa Urbacan. A cambio de que ésta cediese el suelo que hoy ocupa el parque del Canódromo, el Ayuntamiento le entregaba tres solares:uno junto al Negrín, valorado algo más de tres millones de euros; otro en Las Torres, que costaba 2,6 millones;y un tercero en Almatriche, que fue tasado en otros 2,5 millones. Tras su adquisición, Urbacan vendió la finca del Negrín a Realia por 7,5 millones de euros;y la de la esquina de Schamann, donde hoy se levantan los dos torres, también a Realia por siete millones.

La operación, denunciada en 2004 por la asociación de vecinos Ciudad Alta, originó una larga batalla judicial en la que solo queda vivo el proceso sobre las licencias de obra dadas a Realia.