El juzgado anula también la licencia de obras concedida a Realia en el Canódromo en 2020

La decisión judicial, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, da la razón a la asociación de vecinos Ciudad Alta en su lucha por anular el permiso de obras ya que entiende que las determinaciones urbanísticas de la parcela del Canódromo, por las que se concede la autorización municipal para continuar la obra, son nulas.

El Ayuntamiento, a través del área de Edificación y Actividades, emitió en 2020 una resolución por la que se concedía licencia urbanística a Realia para impulsar el proyecto que supone la construcción de dos torres de catorce plantas de altura, con 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 cuartos trasteros. Desde el Consistorio capitalino se defendía que no podía negarse a conceder la licencia de obras porque procedía del planeamiento urbanístico en vigor desde 2012 y no de la regulación anulada por el Tribunal Supremo, esto es, el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 y el Plan Especial de Reforma Interior del Canódromo del año 2003.

Sin embargo, puesto que el plan de 2012 reproducía las determinaciones de los instrumentos anteriores, la magistrada Sagrario Tovar de La Fe concluye que también debe anularse la licencia de obra de 2020, por cuanto está amparada por una ordenación anulada por el Supremo. «Debe darse la razón a la asociación recurrente, atendido que el Plan General de Ordenación Urbana de 2012 viene a recoger las mismas determinaciones urbanísticas de la parcela del Canódromo en el Plan Especial de 2003, anteriormente recogidas en el Plan General de 2005, de modo que adolece de los mismos defectos que condujeron a la nulidad del Plan General de 2000, y procede estimar la pretensión principal del presente recurso (...) declarando la nulidad de la licencia de obras litigiosa», sentencia la magistrada en el fallo firmado hace una semana.

La nueva decisión judicial hereda también los argumentos y fundamentos de la sentencia que en julio del año pasado dio la razón a la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec-Ecologistas en Acción, que había denunciado las obras en cuanto Realia retomó la construcción de los edificios, en 2019.

En aquella ocasión, el procedimiento judicial también concluyó en la anulación de la licencia de obras concedida por el Consistorio a Realia en 2006, prorrogada luego en 2008. Se entendía que la autorización concedida por el Consistorio capitalino fue otorgada con base en el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 y en el Plan Especial de Reforma del Canódromo de 2003, los que fueron anulados por el Tribunal Supremo en 2014.

Sin embargo, desde el Consistorio se volvió a conceder la licencia, ya en 2020, por entender que el permiso ya no dependía de los planes anulados, sino de el de 2012, que sí estaba en vigor porque no había sido recurrido.

Ahora esta justificación es la que decae porque la magistrada entiende que la ordenación urbanística de 2012 es la misma que la incluida en los planes de 2000 y 2003, anulados por el Tribunal Supremo.

Ése era el principal motivo de la impugnación de la asociación de vecinos Ciudad Alta, cuya impugnación denunciaba que «la licencia impugnada fue otorgada en base a unos parámetros urbanísticos básicos que traen causa directa de las determinaciones que, para el ámbito del Canódromo, se fijaba desde el Plan General del 2000, luego desarrolladas por el Plan Especial de reforma Interior de 2003, y tales determinaciones han sido declaradas nulas de pleno derecho por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014».