Imagen de las dos torres en construcción desde el parque del Canódromo. / C7

El Ayuntamiento recurrirá la suspensión cautelar de la licencia de obras del Canódromo

Urbanismo deposita la decisión en los servicios jurídicos municipales, cuya praxis es «defender hasta el final» las decisiones públicas

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Javier Doreste, sacó del ámbito de la gestión política la decisión de recurrir la última suspensión cautelar de la licencia de obra del Canódromo concedida a Realia para construir dos torres de catorce plantas en Schamann. «Es una decisión que tendrán que tomar los servicios jurídicos aunque lo más probable es que se vaya a recurrir porque su práctica habitual es defender hasta el último momento las determinaciones del Ayuntamiento», expuso el edil, «se hará para no crear un precedente», puesto que «se recurren todas las decisiones» que resultan contrarias a los postulados defendidos por la administración pública local.

De presentarse el Ayuntamiento, podría darse el caso de que el Consistorio se quede como la única parte que recurra, después de que la empresa Realia no se opusiera a la petición de medidas cautelares hecha por la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de la capital grancanaria.

LA HISTORIA

  • 2003. Tras el convenio que permite la obtención del parque, se aprueba el plan especial sin información pública.

  • 2004. La asociación de vecinos Ciudad Alta inicia la batalla judicial contra la operación, que aún no ha concluido.

  • 2009. Tras una sucesión de sentencias, se para la obra. Realia había construido una de las dos torres previstas.

  • 2019. Realia retoma la construcción tras nuevas sentencias judiciales. Ahora se para por el debate sobre la licencia.

La constructora alegó que es «absolutamente necesario gozar de la absoluta certeza y seguridad jurídica que avale la continuidad y viabilidad del proyecto, sin que la suspensión en el desarrollo de las obras, en ningún caso, se deba calificar como abandono de las mismas».

Respecto a la posibilidad de que este pleito sea mantenido en solitario por el Consistorio capitalino, el edil de Urbanismo aseguró que «en estos momentos, el problema menor que tengo es el del Canódromo porque estoy convencido de que, al final, las dos torres se terminarán haciendo».

Javier Doreste entiende que la licencia de obra que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concedió a Realia tiene vigor porque emana del Plan General de Ordenación de 2012. «El planeamiento del 2012 no se recurrió», señaló. «Bastaría con que Realia volviera a pedir una licencia de obra, con base a ese plan, y tendría que dársela» porque se trata de un acto reglado.

Esta es una de las claves del litigio que sigue en marcha. La justicia anuló el planeamiento de 2000 y 2003 que daba cobertura a la operación urbanística, así como, de modo indirecto, el de 2005 porque se entendía que se había producido un vuelco de las determinaciones de los planes anulados.

Sin embargo, los vecinos entienden que también debe ser anulado el planeamiento de 2012, al heredar las determinaciones del de 2005. Y por eso, pidieron también la suspensión de la ordenación de 2012 y la contenida en la modificación de las normas urbanísticas aprobada en 2020.

Revisión de oficio

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dijo que no conocía si se había iniciado la revisión de oficio del ámbito del Canódromo en el Plan General de Ordenación, tal y como solicitaron los vecinos de Avecalta al amparo del artículo 106.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que recoge que «en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas».

«Esa decisión corresponde a los servicios jurídicos», explicó Doreste, «pero se revise o no, el resultado será el mismo porque los técnicos municipales no van a posicionarse en contra de sus propias determinaciones».