«El automatismo de recurrir todo en el Canódromo nos va a costar mucho»

-El barrio de Schamann tiene la edificabilidad agotada, y la mayor densidad de población de Canarias, por lo que la recalificación del suelo por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 pasando de equipamiento público a uso residencial para 120 nuevas viviendas, es arbitrario e ilegal, como declaró en firme el Tribunal Supremo desde 2014. Y dicha arbitrariedad continúa siendo tal, al haberse trasmitido a los planeamientos sucesivos de 2005, 2012 y 2020 sin otra motivación que la de traer causa del primigenio PGOU de 2000. En consecuencia, la licencia de obras otorgada al soco de dicho planeamiento ilegal, es igualmente contraria a Derecho.

-¿Qué opinión le merece que el Ayuntamiento vaya a recurrir el auto de suspensión cautelar?

-Es una lástima que la Corporación sea la última en darse cuenta del disparate que se está consumando en Schamann, y que ninguno de sus gobernantes en estos casi veinte años de polémica, haya tenido la capacidad de ver el asunto con perspectiva. El automatismo irreflexivo del Ayuntamiento de recurrir todo lo que pierde en los tribunales, va a costarnos mucho a los vecinos de la ciudad.

-Los servicios jurídicos municipales alegaron en el procedimiento que debía primar el interés general y la ejecutividad de los actos administrativos. ¿Qué le parece?

-Creo que han perdido de vista que el interés general pasa por una ordenación urbanística sostenible y sensata. Cuando la ejecución de los actos administrativos lleva a un resultado irracional y aberrante, lo correcto es hacer un ejercicio de autocrítica, y declarar su nulidad de manera formal, evitando así que se consumen disparates sobre nuestro frágil territorio, muchas veces de manera irreversible.

-El concejal de Urbanismo ha dicho que la construcción de las torres es un procedimiento imparable porque está amparado por el Plan de 2012 ya que no ha sido recurrido...

-Resulta evidente que el procedimiento de construcción de las torres no es algo imparable. El PGOU de 2012 ha sido impugnado ante la Justicia por los vecinos de Schamann, en un procedimiento que actualmente se sigue ante el Juzgado de lo contencioso administrativo 6, donde acaba de dictarse el auto de suspensión cautelar de las obras.

-Pero en 2018, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por la asociación de vecinos Ciudad Alta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que validó la incorporación del Canódromo al Plan General de Ordenación de 2012...

-El Tribunal Supremo no entró a enjuiciar el PGOU de 2012 en su sentencia de 2018 por una cuestión procesal. Dicho planeamiento ha quedado imprejuzgado hasta ahora, en que como apuntaba, está siendo enjuiciado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6.

-¿Cómo cree que se defiende mejor el interés general: dejando construir las dos torres o propiciar el posible pago de una indemnización por los daños causados a Realia?

-La mejor manera de defender el interés general es ordenado urbanísticamente el territorio municipal de una manera sostenible y respetuosa con los estándares y ratios adecuados, para que los vecinos de la ciudad tengan la calidad de vida que se merecen. Y ello procurando incurrir en el menor gasto económico posible, que será inversamente proporcional a la capacidad de gestión de las personas que gobiernan el Ayuntamiento.

- ¿Cree que el Ayuntamiento actual -cuyo concejal de Urbanismo no oculta su rechazo a esta operación- tiene algún mecanismo para paralizar la construcción de las torres o al tratarse de un procedimiento reglado, con base en el planeamiento vigente, no tiene ninguna capacidad de acción?

-En mi opinión, el Ayuntamiento puede plantearse revisar de oficio las determinaciones urbanísticas del Canódromo, al ser las mismas que las declaradas nulas e ilegales por el Tribunal Supremo en 2014, haciendo lo propio con la licencia de obras otorgada a su amparo. De hecho, los vecinos se lo han solicitado por escrito desde hace meses, sin recibir respuesta.

-Esta batalla judicial se inició hace diecisiete años. ¿Esperaban llegar aquí? ¿Cómo se sienten tras dos décadas de pugna?

-Lo ideal habría sido que todo este asunto se hubiera resuelto en mucho menos tiempo, y que las torres no se hubiesen ejecutado mientras durase la discusión. Pero los vecinos nunca encontraron un interlocutor razonable en el Ayuntamiento, que desde un primer momento optó por seguir adelante con este despropósito a cualquier precio, ofreciendo todas las facilidades al promotor para que consumara su operación inmobiliaria. Después de todo el camino andado, los vecinos no se plantean otra alternativa que no sea llegar hasta el final de todo este asunto.

-El pulso está centrado en estos momentos en la discusión sobre la validez de la licencia de obra. ¿Cree que será suficiente para que se pueda parar la promoción?

-Entiendo que la clave está en el planeamiento urbanístico. Una vez que la Justicia confirme que los planes municipales de 2012 y 2020 son tan nulos e ilegales como el de PGOU 2000, la discusión habrá terminado, pues cualquier licencia concedida en base a dichos instrumentos, incurrirá en la misma ilegalidad.