Imagen de las dos torres del Canódromo desde el Barranquillo de Don Zoilo. / Arcadio Suárez

Las tres salidas al laberinto del Canódromo

Vecinos y ecologistas plantean al Ayuntamiento que revise el Plan General, que llegue a un acuerdo con Realia o que se busque un dictamen externo sobre el futuro de la parcela

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Tres fueron las alternativas que la asociación de vecinos Ciudad Alta y la federación de asociaciones ecologistas Ben Magec pusieron sobre la mesa del concejal de Urbanismo, Javier Doreste, en la reunión mantenida este jueves para tratar de buscar una solución definitiva al Canódromo: la revisión de oficio del Plan General de Ordenación; que el Ayuntamiento intente llegar a un acuerdo con Realia para que abandone la construcción de las dos torres con 120 viviendas en Schamann y acepte suelo en otro punto de la ciudad a cambio; o que se someta la cuestión a un dictamen externo sobre la situación jurídica que envuelve a esta parcela, en litigio desde hace diecisiete años, y que aporte posibles soluciones a este laberinto en que se encuentra la operación urbanística.

La reunión fue solicitada a instancias de la representación letrada de los ecologistas, a los que en julio la justicia les reconoció su pretensión de que se declarara nula la licencia de obra concedida por el Consistorio capitalino a la inmobiliaria. Tanto Ben Magec como la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta), representada por su presidente, María de los Ángeles Sánchez, y su abogado, Yeray Alvarado, coinciden en que la solución a este problema ha de ser política, de ahí que mostraran su preferencia por la revisión de oficio del planeamiento actual.

Esta vía, solicitada ya en verano por los vecinos pero aún no contestada por el Ayuntamiento, trata de conseguir la aplicación de la ley de procedimiento administrativo para que declare nulas las disposiciones relativas a la ordenación y la licencia. Este movimiento precisaría de un informe previo del Consejo Consultivo de Canarias.

«Es una potestad del Ayuntamiento», aseguró Sánchez, «que se revise y que el órgano dictamine lo que proceda». Los letrados recordaron que esta posibilidad ya se ha aplicado en otras ocasiones en Canarias, como ocurrió con el Ayuntamiento de La Oliva en 2017, cuando consiguió que el Consejo Consultivo de Canarias dictaminara de modo favorable a la declaración de nulidad de pleno derecho del Decreto del alcalde de La Oliva, de fecha 12 de enero de 2001, por el que se aprobó el proyecto de urbanización del Plan Parcial 'Costa del Faro SAU-8.1', que preveía la construcción de seis hoteles en la zona del Cotillo.

Sin embargo, para el concejal de Urbanismo, la decisión de si se revisa o no el planeamiento debe partir de los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Javier Doreste expuso que será «una decisión técnica» y aclaró que ha dado la orden para que el Consistorio responda a la petición hecha por los vecinos este verano.

«Es un problema que heredamos del mandato del Partido Popular y ahora tenemos que ver cómo se soluciona», indicó el edil, quien mostró su preocupación por la posible indemnización que pueda solicitar Realia por la paralización de la obra, que podría rondar los veinticinco millones de euros. «La ciudad sale perdiendo en los dos escenarios: desde un punto de vista urbanístico, si se terminan las dos torres; y desde un punto de vista económico si tuviéramos que indemnizar», prosiguió el concejal de Urbanismo.

Pero los vecinos y la federación Ben Magec no comparten este criterio. «A lo mejor no habría que indemnizar y, en todo caso, Doreste debería hablar con Realia porque, a lo mejor, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite que lo hoy pueden ser veinticuatro millones de euros puedan ser ochenta en tres o cuatro años», expusieron.

«Si hay indemnización, lo tendrá que decidir un órgano judicial», aseguró Ángeles Sánchez, «y tendrá que contar también con la voz de los ciudadanos».

Dudas y posibilidades

Los vecinos reprochan a Doreste que se esté absteniendo de tomar decisiones políticas y no dé indicaciones a los técnicos municipales, que deberán pronunciarse en base a los criterios de ordenación que emanan de los representantes de los ciudadanos, y no alrevés.

«El concejal parece dudoso de dar un paso u otro», señaló la presidenta de Avecalta, «ha tomado nota de las tres posibilidades que le planteamos, pero nada más».

En la decisión del grupo municipal de gobierno pesan también otras posibilidades relativas a la situación de la vivienda. «Una posibilidad lógica sería utilizar las dos torres para trasladar allí a los vecinos de Schamann cuando se haga la renovación del parque residencial del barrio», planteó Javier Doreste, «también hay que plantearse si merece la pena derribar dos torres de 120 pisos en una ciudad como la nuestra, que padece una gran escasez de viviendas».