El TSJC niega la indemnización por daños de la Biblioteca estatal

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, en el que reclamaban una indemnización porque la construcción de la Biblioteca del Estado les privó de las vistas al mar. Se calculó que la depreciación fue de 3,46 millones de euros.

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA | JAVIER DARRIBA

El TSJC confirma la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1, que en 2016 ya rechazó la pretensión de los vecinos a ser indemnizados por la lesión patrimonial sufrida como consecuencia de la construcción de la Biblioteca del Estado. La comunidad de propietarios del edificio San Telmo había basado su petición en el informe de una perito que fijaba la cuantía de la depreciación por pérdida de las vistas al mar, como consecuencia de la construcción de la biblioteca, en un valor máximo de 1.200 euros por metro cuadrado. A partir de ahí, se obtiene un valor final de daños que se fija en 3,46 millones de euros.

Ahora, el TSJC confirma que la presentación de la petición de responsabilidad patrimonial llega fuera de plazo porque es ejercitable por término de un año y cuando se formuló, el 4 de enero de 2011, ya estaba prescrita. «Los daños existen desde la construcción de la biblioteca, según informe pericial en 1998», exponen los magistrados, «pero la posibilidad de reclamar se inicia cuando se declara la ilegalidad de la licencia en 2006».

La sentencia añade que «el derecho a las vistas no pudo ser patrimonializado por la apelante -la comunidad de propietarios- de tal manera que pueda presentar una reclamación por daños en cualquier momento. Su reclamación está unida a la modificación ilegal del uso de la parcela colindante, y en consecuencia, al otorgamiento de la licencia, que es lo que hubiese provocado la responsabilidad de la administración si se hubiese interpuesto respetando los plazos establecidos».

Hay que recordar que en los últimos años se han sucedido hasta cuatro sentencias del Tribunal Supremo que ordenaban el derribo de la biblioteca porque la licencia de obra, otorgada por el Ayuntamiento en 1997, se dio sin el respaldo del preceptivo plan especial; y además porque se produjo un aumento de la edificación sobre las previsiones contenidas en el planeamiento. Al final, la solución que se buscó para evitar el derribo consistió en determinar la expropiación de los derechos de ejecución de la resolución judicial, lo que supondrá una indemnización a los vecinos que finalmente asumirá el Estado.