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Alrededor de 120 menores migrantes que residían en el antiguo colegio Camilo José Cela, en el barrio de El Fondillo, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, están siendo desalojados del centro, gestionado por la asociación Oportunidades de Vida.
Esta ONG recibió durante el pasado mes de abril la comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de que debía abandonar las instalaciones.
Dicha entidad está presidida por Rafael Hernández, que está bajo investigación judicial tras la denuncia presentada por la Fiscalía.
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Según explican testigos de lo ocurrido, el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y varios técnicos del Ayuntamiento se personaron para proceder al desalojo que, tal y como declaran fuentes del Gobierno Canario, se produce por «decisión judicial».
Un vecino y testigo relata a CANARIAS7 la actual situación que afecta a los residentes de la zona: «Los migrantes aquí no eran bien tratados. Y el barrio sufre las consecuencias de las malas condiciones en que estaban».
A El Fondillo se han desplazado guaguas para trasladar a los menores a «otros centros de la isla de Gran Canaria», según confirman desde el Gobierno de Canarias.
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