El presidente de COAG explotaba en sus fincas a menores migrantes de un centro que dirige su hija

A los menores les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo en cultivos, sobre todo, de papas, aunque al parecer les descontaba posteriormente dinero si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban.

Hernández también preside la Asociación Oportunidades de Vida y, según la denuncia, presuntamente articuló un entramado en el que utilizaba el hogar para menores migrantes no acompañados Tagoror, que era uno de los proyectos sociales de esta ONG y que gestionaba su hija Elisa Hernández, para captar a grupos de jóvenes que llevaban a trabajar en sus fincas de forma presuntamente irregular.

Para ejecutar el plan y a partir de la información que posee el Ministerio Público tras la interposición de la denuncia, Hernández se apoyaba en el marido de su hija, Cristian Ruano, para trasladar a los adolescentes a fincas situadas en Tafira –donde se produjo la inspección– y La Aldea, con la connivencia supuesta de una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto llamada Cathy Godoy. Ruano era el encargado de la explotación agrícola de las tierras de Rafael Hernández.

Hay que destacar que el empresario también ejerce como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo y fue expulsado del Consejo Evangélico Canario el pasado lunes al tener conocimiento de estos hechos. Su iglesia está ubicada en la misma calle que el centro de menores y donde está construyendo el denunciado una segunda residencia.

Los hechos denunciados ante la Fiscalía narran que esta presunta trama se aprovechó de su «situación de poder para lucrarse en beneficio propio a expensas de los menores» que residían en Tagoror, «siendo llevados a trabajar repetidamente y de manera irregular a las tierras» propiedad del presidente de COAG-Canarias.

Un anónimo que conoció estas presuntas artimañas las denunció ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, que abrió un expediente para investigar los hechos. De esta forma, tras recabar la información suficiente, realizaron una inspección el 20 de junio del 2023 en una de las fincas de Rafael Hernández situada en Tafira, a la que acudieron acompañados de agentes de la Brigada Provincial de Las Palmas de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Allí se encontraron a 10 menores que estaban trabajando en las tierras. Los identificaron y comprobaron que pertenecían al centro Tagoror y estaban bajo la tutela del Gobierno de Canarias amparados por la Asociación Oportunidades de Vida.

En ese instante, los policías ordenaron a las personas encargadas de la finca que acudiera la responsable del centro, pero en vez de la directora Elisa Hernández, fue la trabajadora social también denunciada. La versión que ofreció a los investigadores fue que los menores formaban parte de un programa coordinado entre Oportunidades de Vida, la COAG y el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), que formaba a migrantes en agricultura. Añadió que la responsable no se encontraba en ese momento en la finca porque estaba indispuesta.

Por estos hechos, tanto la Inspección de Trabajo como la Policía Nacional abrieron los correspondientes expedientes.

Semanas después, según la denuncia, Rafael Hernández citó a dos trabajadores de la ONG con la excusa de ofrecerles a uno de ellos un trabajo en el proyecto Integrándose en el Agro-Canario.

De paso, quiso convencerle –ya que era docente– para que mintiera ante la Inspección de Trabajo diciendo que era el responsable de los menores localizados en la finca y que era cierto lo que manifestó la trabajadora social a la policía de que pertenecían a un curso y no estaban trabajando de forma ilegal.

La denuncia sostiene que «como se había involucrado a COAG-Canarias» en la investigación, idearon desde esta asociación «un expediente falso que fue indicado por Rafael y ejecutado», presuntamente, por el secretario técnico de COAG, Manuel Redondo –también denunciado– y la trabajadora social. De esta forma, hicieron pasar a los diez migrantes «como integrantes del programa, manipulando fechas, firmas, exámenes, etcétera».

Rafael Hernández, insiste la denuncia, «presionó y amenazó» a los dos trabajadores con los que se reunió «diciendo que si no decía eso», se quedarían sin trabajo y que «si el expediente se venía abajo, caería COAG y la asociación», añadiendo que «cómo iba a cargar con eso en el futuro, que sería su culpa, etcétera».

Ambos se negaron y no mintieron ante la Inspección, al contrario, contaron todo lo que conocían sobre este asunto.

Uno de estos técnicos, al regreso de sus vacaciones, fue despedido por Hernández quien, al comunicárselo, reconoció que le había llamado «para mentir ante la autoridad para que no le pillaran a él», expone la denuncia, que además aportó como prueba una grabación de dicha reunión.

El propio presidente de COAG manifestó al trabajador, según su versión, que había utilizado sus contactos para llamar al jefe de Extranjería de la Policía Nacional para pedirle el favor de que le ayudara. Dijo que éste le respondió que iban a poner en el expediente que no era delito, sino una falta administrativa y que iban a hablar con la inspectora de Trabajo para que quedara en nada.

El despedido también habló con Redondo de los inmigrantes ilegales que Hernández se había «llevado de manera irregular a trabajar a la finca» y «del expediente falso que fabricaron». El denunciado le respondió «que cuando Rafael le presentó esta situación, él no quería acceder a hacerlo», pero le «dijo que había sido solamente una vez, y que valorado el perjuicio que se le iba a hacer tanto a COAG como a la asociación, entonces cedió», sostiene en la denuncia. También consta una grabación de esta charla que fue aportada a la Fiscalía.

La denuncia afirma haber acreditado que la utilización de menores para trabajar en las fincas de Hernández se llevaba haciendo desde hacía meses.

Esta denuncia está pendiente de ser admitida a trámite por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.